El Gobierno de Honduras hizo una de sus admisiones más directas sobre el alcance territorial de las maras y pandillas.
El viceministro de Seguridad para Asuntos Policiales, Rommel Martínez, reconoció que existen zonas donde estas organizaciones mantienen una presencia capaz de superar, en determinados momentos, la capacidad de cobertura de la Policía Nacional.
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“Las maras y pandillas tienen una presencia territorial donde hasta cierto punto le lleva ventaja a las limitantes que tiene la Policía Nacional de omnipresencia”, expresó el funcionario.
La declaración surgió al analizar el desplazamiento de varias familias de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, que abandonaron sus viviendas tras recibir amenazas atribuidas a estructuras criminales.
Cuando el Estado ayuda a salir, pero no evita que la familia huya
El caso de Villa Nueva abrió una discusión incómoda para las autoridades.
Martínez reconoció que agentes policiales acompañaron a las familias mientras retiraban sus pertenencias, pero cuestionó que la respuesta se concentrara en facilitar su salida en lugar de impedir que los delincuentes consiguieran expulsarlas.
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Según el viceministro, esa actuación obligará a una “reconfiguración operativa”.
El problema es más profundo que un protocolo policial.
Cuando una familia abandona una vivienda por amenazas, la estructura criminal no solamente intimida a una persona: termina imponiendo quién puede vivir en determinado territorio.
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Ese es uno de los efectos más graves del desplazamiento forzado interno.
Violencia, miedo y ausencia de denuncias
Martínez admitió que en algunas zonas las pandillas ejercen “violencia sistemática” y cometen delitos con impunidad.
También señaló otra dificultad: llevar a los responsables ante un tribunal cuando las propias víctimas temen testificar.
Ese silencio puede convertirse en una ventaja para las estructuras.
Sin denuncia, testigos o evidencia suficiente, una captura puede resultar más difícil de sostener judicialmente. Y si la familia amenazada ya abandonó el sector, el grupo criminal puede conservar su influencia pese a que aumenten temporalmente los patrullajes.
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El funcionario agregó que Honduras cuenta con una de las fuerzas policiales más reducidas de Centroamérica en proporción a su población, lo que limita la posibilidad de mantener presencia permanente en todas las zonas vulnerables.
Seguridad dice tener identificadas 140 estructuras
El viceministro aseguró que las autoridades tienen identificadas al menos 140 estructuras criminales vinculadas con actividades delictivas y que parte de ellas pertenece a maras y pandillas.
También señaló que la Policía se encuentra preparada para realizar una ofensiva mayor si se completa el procedimiento legal para declarar formalmente como terroristas a estas organizaciones.
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Martínez sostuvo que, si ese paso ocurre antes de diciembre, las autoridades podrían detener y mantener en prisión a al menos 1.000 integrantes.
La afirmación, sin embargo, plantea una pregunta jurídica importante: una declaración política o legal no sustituye la necesidad de probar individualmente la participación de cada detenido en delitos concretos y garantizar el debido proceso.
Más de 423.000 desplazados, según estudio citado por ACNUR
La representante de ACNUR en Honduras, Kathryn Lo, calificó como preocupante lo ocurrido en Villa Nueva y señaló que este tipo de desplazamientos no constituye un fenómeno aislado.
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Según un estudio citado por la funcionaria, más de 423.000 personas han enfrentado desplazamiento en Honduras, de las cuales 55% serían mujeres y 21% menores de 18 años.
La cifra expone una dimensión de la inseguridad que no siempre aparece en las estadísticas de homicidios.
Una comunidad puede registrar menos asesinatos y, aun así, continuar bajo el dominio del miedo, la extorsión o las amenazas.
Por eso, recuperar territorialmente un barrio exige algo más que ingresar con patrullas.
El verdadero reto será demostrar que las familias pueden quedarse, regresar a sus casas y denunciar sin que hacerlo se convierta en una sentencia de muerte.
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