“No hay hambruna, nadie está pasando hambre”. La frase del ministro de Agricultura y Ganadería de Honduras, Moisés Abraham Molina, provocó controversia este miércoles mientras decenas de municipios enfrentan los efectos de una severa sequía y productores reportan pérdidas de cultivos, falta de agua y escasez de alimento para el ganado.
La afirmación contiene, sin embargo, dos conceptos diferentes. Honduras no está clasificada en una situación de hambruna, pero eso no significa que no existan hogares con graves dificultades para acceder a alimentos.
El más reciente análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) proyecta que alrededor de 1,8 millones de personas, equivalentes al 18% de la población analizada, enfrentarán entre agosto y octubre de 2026 niveles de inseguridad alimentaria aguda en Fase 3 o superior, es decir, Crisis o condiciones más graves. Aproximadamente 60.000 estarían en Fase 4, denominada Emergencia.
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En términos técnicos, una hambruna corresponde al nivel más extremo de la clasificación internacional de inseguridad alimentaria y requiere condiciones extraordinariamente severas.
Pero el IPC distingue cinco niveles y considera que desde la Fase 3 —Crisis— ya se necesita acción urgente para proteger los medios de vida y reducir las brechas en el consumo de alimentos.
Por eso, la ausencia de hambruna no equivale a ausencia de hambre o inseguridad alimentaria.
El mismo informe calcula que entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 unos 1,4 millones de hondureños enfrentaron Crisis o una situación peor. Para abril-julio, la cifra proyectada aumentó hasta 1,8 millones y se mantiene en ese nivel para agosto-octubre.
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Sequía agrava un problema que ya era estructural
Molina reconoció que existe un “riesgo alimentario estructural” que afecta a aproximadamente 1,8 millones de personas, aunque sostuvo que las pérdidas recientes de cosechas todavía no se reflejan plenamente en la disponibilidad de alimentos porque esas producciones debían salir entre septiembre y octubre.
Los análisis del IPC identifican precisamente entre los factores de riesgo los altos precios de los alimentos, la reducción de reservas familiares, las lluvias irregulares y el aumento de los costos de producción agrícola.
La situación se volvió más delicada después de que Copeco colocara 75 municipios en Alerta Roja, 71 en Amarilla y 88 en Verde ante la sequía meteorológica que afecta diferentes regiones del país.
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En el sur, productores y alcaldes han advertido sobre la falta de agua y pasto para mantener al ganado.
El Gobierno prepara asistencia para el ganado
Ante la escasez de alimento animal, Molina indicó que la SAG está levantando un inventario y realizando compras para trasladar suministros a las zonas más afectadas.
El funcionario aclaró que la ayuda pretende evitar la muerte de los animales y no cubrir completamente su alimentación.
“Esto no es responsabilidad del gobierno y sin embargo estamos ayudando y vamos a seguir ayudando”, manifestó.
También rechazó que la SAG esté politizando las ayudas y atribuyó parte de las críticas a que los programas públicos no cuentan con recursos suficientes para atender todas las solicitudes.
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La discusión, por tanto, no consiste únicamente en determinar si Honduras atraviesa o no una hambruna.
Los datos muestran que el país mantiene una población considerable en niveles de inseguridad alimentaria que requieren intervención, mientras la actual sequía amenaza cosechas y medios de vida rurales.
El IPC había previsto cierta mejoría después de las cosechas de fin de año. Si las pérdidas agrícolas provocadas por la sequía alteran esa expectativa, el impacto sobre precios, reservas familiares e ingresos rurales podría convertirse en el siguiente desafío para las autoridades.
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