La Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) hizo un llamado a garantizar el respeto a los derechos humanos y promover mecanismos de diálogo tras el operativo de desalojo realizado en la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida.
La institución señaló que cualquier intervención de las autoridades debe realizarse bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, respetando los estándares internacionales asumidos por Honduras.
El pronunciamiento surge después de que la Policía Nacional ejecutara una orden judicial de desocupación en un terreno ubicado en la comunidad garífuna, donde se reportaron momentos de tensión entre pobladores y agentes policiales.
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Durante el operativo fueron detenidas cinco personas, entre ellas el presidente del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad.
Según los reportes, las autoridades otorgaron un tiempo determinado para que las personas abandonaran el terreno señalado en la orden judicial.
Sin embargo, posteriormente más habitantes de la comunidad llegaron al sector y se produjo resistencia al cumplimiento de la medida.
Ante esta situación, los agentes policiales utilizaron medios de control no letales, entre ellos gas lacrimógeno, para dispersar a los presentes y continuar con la ejecución del procedimiento.
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El hecho generó cuestionamientos de diferentes sectores y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, denunció presuntos actos de represión durante el desarrollo del operativo.
La representante de la organización aseguró que varios integrantes de la comunidad fueron detenidos durante la intervención policial.
La situación volvió a poner en discusión los conflictos relacionados con territorios garífunas y los mecanismos utilizados para resolver disputas sobre la tierra.
La Secretaría de Derechos Humanos señaló que el caso de la comunidad garífuna de San Juan ocurre dentro de un contexto especial debido a resoluciones internacionales relacionadas con los derechos colectivos y territoriales del pueblo garífuna.
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La institución recordó que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que establece obligaciones para el Estado hondureño en materia de protección de estas comunidades.
“Toda actuación de las autoridades públicas, independientemente de su naturaleza o fundamento legal, debe desarrollarse con estricto apego a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos”, indicó la SEDH.
Además, señaló que las acciones orientadas a preservar el orden público deben ser compatibles con la protección de los derechos fundamentales.
La SEDH afirmó que continuará brindando acompañamiento técnico a las instituciones del Estado para incorporar un enfoque de derechos humanos en sus actuaciones.
Asimismo, exhortó a las autoridades involucradas a priorizar soluciones que reduzcan riesgos para la población y permitan resolver los conflictos mediante el diálogo.
“La SEDH reafirma su compromiso de promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos”, manifestó la institución.
Las disputas relacionadas con territorios garífunas han sido un tema de atención nacional e internacional durante los últimos años.
Organizaciones comunitarias han solicitado mayor protección de sus derechos territoriales, mientras las autoridades mantienen que los procedimientos deben desarrollarse conforme al marco legal vigente.
La Secretaría de Derechos Humanos reiteró que continuará dando seguimiento a este tipo de situaciones para promover soluciones compatibles con el Estado de Derecho y los compromisos internacionales de Honduras.
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