Una mujer de 27 años fue capturada en Comayagua, acusada de haber planificado y fingido su propio secuestro para obtener USD 10 mil , unos 260 mil lempiras, al tipo de cambio actual, de sus familiares y pagar deudas personales. La orden de captura fue emitida el 16 de junio de 2026, tras una investigación de la Policía.
El operativo se desarrolló en el barrio Suyapa, en el departamento de Comayagua, donde los investigadores localizaron a la sospechosa en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Comayagua.
La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), luego de varios meses de diligencias para reconstruir lo ocurrido y reunir las pruebas del caso.
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Cómo comenzó la investigación
La investigación se remonta a noviembre de 2025, cuando la desaparición de la joven generó preocupación entre sus familiares y activó los protocolos de búsqueda de las autoridades especializadas en delitos contra la libertad personal.
Según la denuncia presentada en ese momento, la mujer salió de una discoteca y luego se dirigía hacia su vivienda cuando, presuntamente, fue interceptada por varias personas que la privaron de su libertad.
Horas después, familiares comenzaron a recibir información relacionada con el supuesto secuestro, en la que se exigía el pago de USD 10 mil y garantizar la liberación de la víctima.
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A medida que avanzaban las diligencias, los investigadores encontraron contradicciones entre la versión presentada inicialmente y la prueba obtenida mediante técnicas especializadas de inteligencia e investigación criminal.
El análisis de comunicaciones, la reconstrucción de movimientos y otros elementos recopilados durante la investigación llevaron a los agentes a una conclusión distinta a la planteada en la denuncia inicial.
Expedientes investigativo
De acuerdo con el expediente elaborado por la Unidad Nacional Antisecuestros, la mujer habría organizado cuidadosamente la desaparición para hacer creer a sus familiares que estaba retenida contra su voluntad y así presionarlos para entregar el dinero solicitado.
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Las pesquisas indican que el objetivo principal no era financiar actividades ilícitas de terceros, sino obtener recursos económicos para resolver compromisos financieros personales.
Uno de los aspectos que advirtieron los investigadores fue que, durante el supuesto secuestro, la mujer fue localizada sana y salva por agentes policiales.
Las autoridades también confirmaron que nunca llegó a concretarse el pago del rescate exigido, debido a que el dinero solicitado no fue entregado por la familia.
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Pese a ello, la investigación continuó durante varios meses para esclarecer completamente los hechos y determinar si realmente existía una estructura criminal detrás de la denuncia o si todo había sido producto de una simulación.
Las diligencias permitieron fortalecer el expediente con evidencia suficiente para que el caso fuera remitido al Ministerio Público y luego presentado ante el órgano jurisdiccional competente.
Proceso judicial
Una vez concluidas las investigaciones, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Comayagua emitió, el pasado 16 de junio de 2026, una orden de captura contra la sospechosa.
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La mujer es señalada por el delito de simulación de infracción inexistente, figura penal que sanciona a quienes denuncian hechos falsos o generan actuaciones judiciales y policiales mediante información que no corresponde a la realidad.
Tras la emisión del mandato judicial, equipos especializados de la DPI realizaron labores de ubicación hasta lograr su captura en la ciudad donde reside.
Luego de su detención, la sospechosa fue puesta a disposición de las autoridades judiciales para continuar el proceso legal correspondiente.
Cada una de estas acciones requiere tiempo, recursos económicos y personal que, durante la investigación, deja de atender otros casos igualmente prioritarios.
Especialistas en seguridad señalan que las denuncias falsas pueden afectar la capacidad de respuesta institucional y generar incertidumbre entre la población, especialmente cuando involucran delitos de alto impacto como el secuestro.
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En este caso, las autoridades sostienen que la investigación permitió demostrar que el supuesto secuestro nunca ocurrió y que todo habría sido parte de un plan diseñado para obtener dinero de familiares mediante el engaño.
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