Organizaciones civiles y el Conadeh cuestionaron este lunes en Honduras la reestructuración policial que reemplaza a la extinta DIPAMPCO por la nueva DAET. Advirtieron que el cambio no tendrá efecto sin depuración interna, investigaciones por presuntos abusos y sanciones a los responsables dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.
Las reacciones surgieron durante la transición hacia la Dirección Antiextorsión y Terrorismo (DAET), creada como parte de una reestructuración de las unidades policiales encargadas de combatir estructuras criminales.
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José Ramón Ávila, director ejecutivo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (ASONOG), sostuvo que las reformas policiales no tendrán impacto real sin una revisión profunda de las instituciones de seguridad.
“No es el asunto de desaparecer una entidad o de cambiar de nombre, es un asunto de hacer una revisión profunda de todas las estructuras que permitan tener órganos policiales de investigación con legitimidad y confianza ciudadana”, manifestó Ávila.
Piden investigar abusos
El representante de ASONOG agregó que uno de los principales desafíos en seguridad es la presunta infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado. Según dijo, eso debilita la confianza de la población en las fuerzas del orden y limita la efectividad de las estrategias contra la criminalidad.
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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señaló que la desaparición de la DIPAMPCO debe estar acompañada de investigaciones individualizadas y sanciones a agentes estatales señalados por presuntas violaciones a derechos humanos durante el estado de excepción.
Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, afirmó que la disolución de una unidad policial no implica el fin de las responsabilidades individuales por posibles abusos cometidos.
“Si bien la Dirección desapareció o va a desaparecer, no es menos cierto que las violaciones a los derechos humanos tampoco desaparecen. En este caso debe hacerse investigación a cada dependencia de la DIPAMPCO a nivel nacional para investigar y sancionar a los presuntos responsables”, señaló.
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Denuncias registradas
Cáceres indicó que entre diciembre de 2022 y enero de 2026, período que abarca la vigencia del estado de excepción, el Conadeh registró más de 1.000 quejas contra agentes estatales, en su mayoría vinculadas a actuaciones policiales.
De ese total, alrededor de 295 denuncias fueron presentadas contra miembros de la DIPAMPCO, mientras que aproximadamente 225 quejas se dirigieron contra agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Las denuncias recopiladas por el ente de derechos humanos incluyen señalamientos por pérdida de pertenencias durante allanamientos, daños a la propiedad privada, ingresos a viviendas sin orden judicial, uso desproporcionado de la fuerza en operativos y presuntos abusos durante detenciones y traslados a centros penitenciarios.
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Reforma policial
Las declaraciones de ASONOG y del Conadeh reavivaron el debate sobre la reforma de las instituciones de seguridad en Honduras, en especial sobre los mecanismos de control interno, la supervisión de operaciones policiales y la garantía del respeto a los derechos fundamentales durante los operativos.
Las organizaciones consultadas coincidieron en que la confianza ciudadana en la Policía depende no solo de la efectividad en el combate al crimen, sino también del respeto estricto a la legalidad y a los derechos humanos en cada intervención.
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