La masacre ocurrida en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, Colón, no solo dejó una escena marcada por el horror y la violencia, sino también un profundo golpe para varias organizaciones campesinas del Bajo Aguán que hoy intentan asimilar la pérdida de sus integrantes.
Con el avance de las identificaciones, pobladores confirmaron que al menos nueve de las víctimas pertenecían a tres empresas asociativas campesinas vinculadas al Movimiento Campesino de Rigores: 23 de Mayo, San José y Las Uvas, organizaciones que durante años han desarrollado labores agrícolas en una de las regiones más conflictivas de Honduras.
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La tragedia ha provocado dolor, temor e incertidumbre dentro de las comunidades campesinas que operan en la zona, donde familiares continúan recogiendo cuerpos, buscando respuestas y tratando de comprender cómo ocurrió una de las jornadas más violentas registradas recientemente en el Bajo Aguán.
En las empresas asociativas campesinas el ambiente cambió drásticamente tras la masacre. El silencio, el llanto y la desesperación comenzaron a apoderarse de familias enteras que perdieron a esposos, hijos, hermanos y compañeros de trabajo.
Muchos de los fallecidos se dedicaban diariamente a labores agrícolas para sostener económicamente a sus hogares y eran considerados miembros activos de las organizaciones campesinas de Rigores.
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“Es doloroso, hay impotencia. Estamos cansados de la violencia en esta zona; ya es hora de frenar el accionar de estos grupos”, expresó una pobladora del Aguán al referirse al ataque armado.
El crimen no solo dejó luto en varias viviendas, sino que también debilitó directamente a estructuras campesinas que desde hace años enfrentan conflictos territoriales, violencia y amenazas en la región norte del país.
En medio del dolor, familiares y pobladores comenzaron a solicitar apoyo económico a las autoridades, organizaciones sociales y personas solidarias para poder comprar ataúdes y realizar entierros dignos para las víctimas.
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Según relataron habitantes de Rigores, muchas de las personas asesinadas eran de escasos recursos y no cuentan con dinero suficiente para cubrir gastos funerarios.
“Se necesita apoyo para dar un entierro digno a estos hombres y mujeres que fueron asesinados”, manifestó uno de los pobladores de la comunidad.
Las escenas posteriores a la masacre estuvieron marcadas por familiares retirando cuerpos, pertenencias abandonadas y rastros de violencia en distintos puntos de la zona donde ocurrió el ataque armado.
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La situación también se volvió compleja debido a que varios cuerpos fueron retirados rápidamente por familiares y pobladores poco después de la masacre, en medio de momentos de desesperación y temor.
Esa situación ha dificultado establecer oficialmente el número exacto de fallecidos y confirmar completamente la identidad de todas las víctimas.
Hasta ahora, lo único confirmado por habitantes de la zona es que al menos nueve personas asesinadas pertenecían a las empresas asociativas campesinas 23 de Mayo, San José y Las Uvas.
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Mientras tanto, las investigaciones continúan en medio de un ambiente de tensión e incertidumbre en la comunidad de Rigores.
La región del Bajo Aguán ha sido históricamente escenario de conflictos agrarios, disputas territoriales y presencia de estructuras criminales ligadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.
La nueva masacre vuelve a colocar a Colón en el centro de la crisis de violencia que enfrenta Honduras y revive el temor entre las comunidades campesinas que habitan la zona.
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Entre el dolor, la necesidad de apoyo para sepultar a las víctimas y la incertidumbre sobre lo ocurrido, Rigores intenta levantarse de una tragedia que dejó marcada a toda una comunidad campesina.
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