Durante la jornada, un grupo de jóvenes, varios con el rostro cubierto, se concentró desde horas tempranas en los bajos del Congreso para exigir que no se recortaran los fondos asignados a la UNAH.
La manifestación escaló en violencia cuando algunos participantes lanzaron piedras contra los agentes policiales que resguardaban el perímetro, e intentaron retirar las barricadas instaladas por la Policía. Los agentes respondieron utilizando gas lacrimógeno para dispersar a la multitud y evitar que avanzaran hacia el edificio.
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El enfrentamiento, que duró varios minutos, obligó a peatones y conductores a alejarse de la zona. Medios locales difundieron imágenes en las que se observa a los manifestantes portando piedras y otros objetos, lo que contribuyó a la rápida escalada de los disturbios.
Mientras se producían los incidentes, el rector de la UNAH, Odir Fernández, y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostenían una reunión para discutir el tema presupuestario. Tras el encuentro, Fernández confirmó que el presupuesto de la UNAH no será reducido y que se alcanzó un acuerdo para mantener los fondos asignados, e incluso trabajar en su fortalecimiento.
Esta noticia representa un alivio para la comunidad universitaria, que depende del financiamiento estatal para el pago de docentes, mantenimiento de instalaciones, programas de investigación y becas para miles de estudiantes.
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La UNAH concentra a decenas de miles de estudiantes, muchos de ellos provenientes de sectores con limitaciones económicas, por lo que cualquier ajuste en su presupuesto genera reacciones inmediatas entre el alumnado y las autoridades académicas. El financiamiento de la universidad ha sido motivo de debate recurrente, especialmente ante el crecimiento de la matrícula y las crecientes necesidades institucionales.
Impacto y contexto de la protesta
A pesar de la confirmación de que no habrá recorte presupuestario, los disturbios evidencian el nivel de tensión y la preocupación social que rodea el tema. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni heridas graves, pero mantienen presencia en la zona para prevenir nuevos incidentes.
Se espera que, tras la confirmación del mantenimiento del presupuesto, el ambiente recupere la calma y se privilegie el diálogo como vía para resolver conflictos relacionados con el financiamiento de la educación pública.
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Derecho a la protesta y la violencia
Al mismo tiempo, lo sucedido reabre el debate nacional sobre los límites de la protesta y la responsabilidad social en escenarios de conflicto. Si bien el derecho a la manifestación está protegido por la Constitución, los hechos violentos afectan el desenvolvimiento cotidiano de la ciudad y ponen en riesgo la seguridad de terceros.
El reto para las instituciones y la sociedad reside en encontrar mecanismos efectivos para canalizar el descontento mediante vías pacíficas y constructivas, asegurando que la defensa de los derechos no derive en situaciones que agraven la polarización o dañen el tejido social hondureño.
Mientras algunos sectores defienden el derecho a la manifestación pacífica, otros cuestionan los actos de violencia que afectan a terceros, como conductores, comerciantes y ciudadanos que transitaban por el área. Los supuestos estudiante fueron dispersados con tanquetas de la Policía Nacional.
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