El presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, advirtió que si no se logra un acuerdo inmediato con la presencia del presidente Nasry Asfura y la Secretaría de Salud, el conflicto podría derivar en una afectación directa a la atención hospitalaria y un agravamiento de la crisis ya instalada. La falta de cumplimiento de los compromisos asumidos expone la gobernabilidad del sector sanitario y la continuidad de los servicios médicos, según informó el propio Santos.
El CMH denunció, a través de un comunicado formal emitido este lunes, que los acuerdos firmados el 1 de abril de 2026 para proteger los derechos laborales del personal médico han sido desatendidos sistemáticamente.
Entre los puntos críticos, destaca que 422 médicos fueron despedidos en las semanas recientes, aunque una negociación logró su reincorporación al considerarse injustificados esos ceses.
La organización asegura que los despidos se han producido a través de medios verbales, la exclusión deliberada de médicos del reloj marcador y prácticas de hostigamiento dentro de hospitales clave como el Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, donde numerosos trabajadores médicos no han podido registrar su asistencia al ser considerados, por superiores, carentes de toda relación contractual formal con la Secretaría de Salud.
La directiva presidida por Samuel Santos atribuye esta crisis al peso de la injerencia política directa en la administración de hospitales y la gestión de plazas, señalando a “dos o tres diputados” como interesados en forzar cambios en la cúpula del Ministerio de Salud para su beneficio personal.
El gremio sostiene que esta pugna entre grupos políticos ha convertido la salud en un botín político, desvirtuando el proceso de gobernabilidad del sistema y causando una persecución laboral que vulnera derechos fundamentales.
En respuesta a la pregunta central, el conflicto se desarrolla a partir de despidos no justificados y retrasos salariales que, según Santos, afectan la moral y la estabilidad de miles de médicos del sector público. La situación se ha deteriorado por el incumplimiento de acuerdos previos y la presión de intereses políticos externos, lo que ha llevado al gremio a exigir la intervención directa del gobierno para evitar una crisis mayor en la atención hospitalaria y asegurar el respeto a los derechos laborales.
Estas condiciones podrían traducirse en retrasos graves en los procedimientos y una merma en la calidad de la atención a la población, agrandando la vulnerabilidad del sistema ante crisis sanitarias.
El documento del CMH no solo responsabiliza a directores y jefes de personal de hospitales por acatar directrices políticas externas, sino que acusa abiertamente a la clase política de instrumentalizar la gestión médica y emplear mecanismos como despidos verbales y manipulación de registros laborales para justificar remociones.
Santos mencionó que: “Quienes nos están llevando a esta confrontación con la Secretaría de Salud son actores políticos que no deberían ser parte de la gobernabilidad en el sistema público. Aquí hay un pugilato entre partes políticas; dos o tres diputados buscan ser ministros de Salud y se verán beneficiados si destituyen a viceministros, generando caos en esta cartera ministerial”.
El dirigente, denunció que algunos diputados intentan cooptar el sistema de salud pública favoreciendo a médicos afines a sus fuerzas políticas, considerando inaceptable que se catalogue a los galenos. “Existen diputados con mente pequeña que dicen que ellos tienen médicos nacionalistas, como si los galenos tuvieran partidos políticos. Eso es inaceptable”, expresó Santos.
Según Santos, la prioridad es que “se respete la legalidad, se cumpla la Constitución y se protejan los derechos de miles de médicos que, a pesar de su vocación de servicio, enfrentan dificultades para recibir su salario y cumplir con sus obligaciones”.
Para el CMH, el plazo de dos días representa la última oportunidad para garantizar la estabilidad y funcionamiento del sistema de salud pública. El gremio ha dejado claro que la responsabilidad de evitar un mayor daño tanto a profesionales como a usuarios recae íntegramente en el Ejecutivo y la Secretaría de Salud.