Hace diez años, en la madrugada del 2 de marzo de 2016, el silencio de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, fue roto por disparos que no solo terminaron con la vida de una mujer, sino que intentaron decapitar uno de los movimientos sociales más potentes de América Latina.
Tras cumplirse una década del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, el caso se erige como un monumento a la persistencia de la justicia popular frente a las estructuras de poder corporativo y militar.
Berta no era una víctima al azar. Como cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y ganadora del prestigioso Premio Goldman en 2015, su voz era el principal obstáculo para el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.
La represa, impulsada por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el río Gualcarque, representaba para el pueblo Lenca una profanación de su territorio sagrado y una amenaza a su subsistencia.
La trama del chat “Seguridad PHAZ”
Lo que en un principio las autoridades hondureñas intentaron calificar como un “crimen pasional” o un robo común, pronto se reveló como una operación de inteligencia militar meticulosamente planificada. La pieza clave que desmoronó la narrativa oficial fue la evidencia digital.
Investigaciones posteriores sacaron a la luz el grupo de WhatsApp denominado “Seguridad PHAZ”. En este espacio virtual, directivos de DESA, exmilitares y especialistas en seguridad privada intercambiaban información de inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de Berta.
El “plan de ataque” no fue un impulso; fue una estrategia de desgaste que incluyó amenazas de muerte, hostigamiento judicial y, finalmente, el contrato de sicarios.
El rompecabezas de la justicia: Condenas y eslabones
En 2019, la justicia hondureña dictó las primeras sentencias contra siete autores materiales, incluyendo a exmilitares como el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente Douglas Bustillo. Sus condenas de entre 30 y 50 años enviaron un mensaje inusual en un país con niveles de impunidad superiores al 90%.
Sin embargo, el verdadero hito ocurrió en 2022 con la condena de Roberto David Castillo, presidente de DESA y exoficial de inteligencia militar. Castillo fue identificado como el “eslabón clave”, el hombre que utilizaba sus habilidades de inteligencia para coordinar la vigilancia y financiar la logística del asesinato.
Su sentencia de 22 años y 6 meses, ratificada recientemente, marcó la primera vez que la autoría intelectual de un crimen de esta índole llegaba a las altas esferas corporativas.
2026: La justicia a medias y la sombra de los Atala
A pesar de los avances, al llegar a este décimo aniversario, el clamor por “justicia completa” sigue vigente. El foco de la atención pública y de la comunidad internacional se centra ahora en la estructura financiera y la cúpula de toma de decisiones.
A inicios de este 2026, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha aportado nuevos hallazgos que vinculan a miembros de la influyente familia Atala Zablah con la planificación del crimen.
Daniel Atala Midence, exgerente financiero de la empresa, continúa prófugo de la justicia con una orden de captura internacional. Para las hijas de Berta y el COPINH, la condena de los sicarios y del enlace militar es solo la superficie; la impunidad persiste mientras quienes financiaron el operativo no se sienten en el banquillo de los acusados.
El río Gualcarque fluye hoy sin la represa que Berta combatió. El juicio continúa, la búsqueda de los autores intelectuales remanentes sigue activa y la memoria de “La Guardiana de los Ríos” se ha multiplicado en miles de jóvenes que hoy, 21 de marzo de 2026, marchan por las calles de Tegucigalpa exigiendo que la justicia no sea un privilegio de pocos, sino un derecho de los pueblos.