La muerte de Diana Lorena Hernández Moradel, una joven de 27 años internada en el Hospital Público de Satuye, en Roatán, reavivó el debate sobre las graves consecuencias de la falta de financiamiento inmediato para traslados aéreos de emergencia en Islas de la Bahía.
Fuentes del hospital informaron que Diana Lorena padecía una malformación congénita cerebral que requería atención especializada, disponible únicamente en otro centro asistencial. La paciente debía ser trasladada el domingo 15 de febrero en una ambulancia aérea de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), pero la operación se pospuso indefinidamente porque la familia no logró recaudar el dinero exigido para el combustible. El monto, que inicialmente era de 17.300 lempiras, se elevó a 25.578 lempiras, una suma inalcanzable para sus allegados.
Se evaluó como alternativa un vuelo privado, cuyo costo ascendía a USD 4.000 (casi 106.000 lempiras), cifra fuera del alcance familiar. Mientras intentaban conseguir los fondos, el equipo médico fortaleció los cuidados, pero Diana Lorena falleció tras un paro respiratorio el domingo 16 de febrero, sin que se concretara el traslado que podría haberle salvado la vida.
El caso desató preguntas entre los habitantes de Roatán sobre la ausencia de mecanismos para garantizar traslados médicos de emergencia, sin que el factor económico condicione el acceso a la atención requerida. Las críticas se intensificaron después de las declaraciones de la diputada Erika Urtecho, quien expresó sus condolencias y advirtió que tragedias como la de Diana Lorena exponen la precariedad en Islas de la Bahía y Gracias a Dios.
Urtecho remarcó que el año anterior el Congreso Nacional aprobó la Ley para el Traslado de Emergencias de Pacientes, asignando siete millones de lempiras a la Fuerza Aérea Hondureña para operar vuelos urgentes con garantía de recursos disponibles. No obstante, relató que durante el trámite parlamentario, esa partida fue transferida a un renglón presupuestario de la Secretaría de Salud, quedando sujeta a revisiones administrativas. La modificación, según la legisladora, quedó registrada oficialmente en el diario La Gaceta el 20 de agosto de 2025.
Urtecho subrayó que la falta de disponibilidad inmediata de esos fondos ha llevado a que, en repetidas ocasiones, alcaldes y diputados deban financiar personalmente el combustible necesario para traslados sanitarios. Además, cuestionó el destino final de los siete millones de lempiras originalmente aprobados y afirmó que ya planteó este reclamo ante el presidente de la República y autoridades castrenses, con el objetivo de evitar nuevas muertes por obstáculos económicos en emergencias médicas.
El episodio causó consternación social en Roatán, donde ciudadanos y colectivos durante la búsqueda de recursos por parte de la familia, el equipo médico mantuvo monitoreo constante sobre la paciente. El traslado, considerado vital, nunca se concretó. Diana falleció tras un paro respiratorio el 16 de febrero, un día después de la fecha inicialmente prevista para el vuelo de emergencia.
La insistencia recae en la implementación real y efectiva de leyes y en la claridad del uso de fondos públicos destinados a la atención médica de emergencia en zonas insulares y rurales, históricamente postergadas en materia sanitaria.
Expertos en salud pública advirtieron que la probabilidad de supervivencia para pacientes críticos depende directamente de la rapidez del traslado a centros especializados, especialmente en casos de malformaciones congénitas o accidentes graves.