La consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, reclamó el inicio de un juicio político contra los responsables de lo que consideró una agresión a la democracia en las recientes elecciones de 2025 en Honduras. En sus plataformas digitales, la funcionaria expresó frustración por la demora judicial tras sus denuncias: “105 días sin justicia, 105 días bloqueando que los tribunales den respuesta a mi clamor por justicia, en mi nombre y el de mi niña… Con una mano estrechando mi mano… y con la otra mecen la cuna”.
López sostuvo que eventuales negociaciones con los señalados solo fortalecerían su condición de “enemigos no tan ocultos de la democracia”, además de advertir que la impunidad beneficiaría a quienes, según sus palabras, usaron la justicia para fines políticos. Entre sus advertencias, destacó: “Sus tibiezas y sus cálculos nos hicieron daño, pero serán cómplices de los que se fueron, y autores directos de la prolongación y recrudecimiento de la crisis democrática que nace de las elecciones del 2025”.
El llamado de la consejera surge en un contexto político marcado por exigencias de transparencia y rendición de cuentas de parte de ciudadanos y figuras públicas tras los comicios, mientras insiste: “Yo no me olvido… más de 105 días bloqueando que los tribunales den respuesta a mi clamor por justicia, en mi nombre y el de mi niña… Con una mano estrechando mi mano… y con la otra mecen la cuna”.
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De su lado, Ana Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, denunció que durante las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras ocurrió un “intento deliberado de quebrantar el orden democrático”, acompañado de amenazas directas dirigidas a ella, a la consejera Cossette López y a sus familias. “Fuimos acosadas. Nosotras, las dos Consejeras del CNE, y también nuestras hijas. Se intentó secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras”, manifestó Hall en un mensaje publicado en su cuenta de X.
La autoridad electoral subrayó que las agresiones no respondieron a hechos aislados, sino a una estrategia planificada por el “sistema oficialista del pasado” para socavar la voluntad popular y “arrebatarle al pueblo nuestra democracia”. Hall señaló que el grupo oficialista actuó de manera coordinada para impedir la declaratoria oficial de los comicios.
Más temprano, Cossette López solicitó juicio político contra los responsables de las acciones dirigidas a desestabilizar el sistema democrático durante las elecciones. Hall expresó su apoyo a López e insistió en la gravedad de los ataques: “Como Consejeras del CNE no solamente organizamos y defendimos las Elecciones; enfrentamos bajo constantes ataques el poder del oficialismo, decidido a impedir la declaratoria de Elecciones”, expuso, indicando que resistieron “presiones, campañas de odio y violencia sin límite”.
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La consejera presidenta advirtió que la democracia no es “un libro al que se le pasa la página cuando incomoda” y recalcó la importancia de establecer precedentes claros para evitar que estos hechos se repitan. “¿Qué impediría que estos hechos se repitan?”, cuestionó.
A las voces de un juicio político se sumo, la designada presidencial María Antonieta Mejía, acción dirigida contra el fiscal general Johel Antonio Zelaya por su presunta participación en la instrumentalización de la justicia que habría afectado a consejeras.
Mejía argumentó que la falta de consecuencias agrava la situación, señalando que “la impunidad crece cuando no hay castigo”. La funcionaria enfatizó además que su pedido responde a la necesidad de justicia y no obedece a motivos personales.
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Según la funcionaria, durante la gestión de Zelaya se presenció tanto el uso de la tecnología como de la justicia como herramientas de presión, afirmando que “estuvo a punto de socavar la democracia en este país”.
La designada recordó que ya había planteado la misma postura siendo diputada e insistió en la urgencia de aplicar “un juicio político” para establecer un precedente.