Las autoridades ejecutaron cuatro allanamientos, recuperando archivos clave que abarcan procedimientos administrativos desde 2014 hasta 2025, con el objetivo de determinar cómo y por qué esta información terminó fuera de las instalaciones municipales en medio de reclamos laborales que representan casi tres años de presupuesto.
Durante los operativos realizados este sábado, agentes de la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público, localizaron documentos como cheques, facturas y registros de contratación de personal. Estos fueron hallados en propiedades vinculadas al exalcalde Luis Andrés Rueda Bellino y a la excontadora municipal Dania Mariley Alvarenga Escobar. Ambos deben comparecer ante la Fiscalía Regional de Choluteca para explicar el manejo y la retención de estos archivos fuera de la sede municipal.
El hallazgo. Según Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, parte de la documentación estaba guardada en residencias y no figuraba en ningún registro de custodia institucional. “Los fiscales buscan establecer por qué estos expedientes estaban en una residencia particular, quién autorizó su traslado y con qué propósito fueron retirados de la alcaldía”, declaró Mora. No se han dado cifras exactas sobre la cantidad de documentos recuperados ni se ha precisado si estos guardan una relación directa con las demandas laborales que dieron origen al embargo.
Las autoridades municipales actuales indicaron que el embargo, superior a 65 millones de lempiras, se origina en demandas laborales relacionadas con la gestión anterior. Estos reclamos incluyen indemnizaciones, salarios atrasados, aguinaldos y otros derechos impagos, incluidos casos de pagos solicitados en nombre de menores de edad presuntamente empleados en 2014. La alcaldesa Katherine Guillén advirtió que “la magnitud del embargo compromete la capacidad operativa de la municipalidad para ejecutar proyectos y cubrir gastos básicos de funcionamiento”.
Extraer documentos. Guillén denunció que algunos expedientes administrativos fueron retirados sin autorización, una situación que limitó la defensa legal de la administración frente a los litigios laborales. En respuesta, la Fiscalía Regional de Choluteca abrió la investigación que llevó a los allanamientos, buscando esclarecer si la extracción de documentos afectó el proceso.
<b>La fase de investigación </b>
El requerimiento del exalcalde y la excontadora no constituye hasta ahora una imputación penal formal. Según el Ministerio Público, la investigación se mantiene activa y las declaraciones de exintegrantes de corporaciones municipales, junto al análisis técnico de los documentos, serán determinantes para establecer posibles responsabilidades.
Los materiales incautados están siendo revisados por peritos y fiscales especializados en delitos contra la administración pública. Todavía no se sabe si el examen de estos archivos revelará nuevas irregularidades o conexiones directas con la tramitación de las demandas laborales.
Este caso no es aislado. Las autoridades del Ministerio Público señalaron que procesos similares existen en otras alcaldías hondureñas afectadas por embargos millonarios vinculados a litigios laborales y otras obligaciones financieras. El objetivo es detectar posibles patrones en el manejo documental, la suscripción de acuerdos y la defensa judicial en estas administraciones.
No se descartan investigaciones adicionales en distintas municipalidades ni nuevas diligencias según los resultados del análisis documental. Los exfuncionarios requeridos deberán continuar compareciendo para esclarecer su rol en la administración del municipio durante los años investigados.
La alcaldía de El Corpus sigue bajo el peso del embargo mientras peritos y fiscales buscan esclarecer si la documentación fuera de las instalaciones está relacionada con el debilitamiento financiero que enfrenta la administración local