Autoridades hondureñas han destapado una red de plazas “fantasma” en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), tras un operativo de inspección realizado esta semana en Tegucigalpa. Los funcionarios identificaron a trabajadores de origen venezolano y cubano que figuraban en las planillas, aunque no ejercían tareas reales ni residían en Honduras.
La aparición de esta red refleja una problemática histórica relacionada con la gestión y fiscalización de recursos públicos en el país.
La SIT es responsable del mantenimiento y ampliación de la red vial hondureña, que abarca 2,700 kilómetros divididos en seis regiones nacionales.
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Durante años, la administración de la institución ha recurrido a la tercerización de servicios y contratos con empresas privadas, lo que ha dificultado el control efectivo sobre la nómina interna. En ese contexto, la débil supervisión permitió el ingreso y permanencia de trabajadores ficticios cuyo salario se destinaba a personas que no cumplían funciones dentro de la dependencia.
Revelación del fraude y acciones inmediatas
El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, indicó que la investigación comenzó con un exhaustivo censo de empleados. Según su declaración a medios locales, durante este proceso se verificó que muchas de las personas registradas en la nómina no ejercían funciones ni residían en el país.
Ehrler afirmó: “Detectamos personas que no llegan a trabajar e incluso viven fuera de Honduras. Una vez reunida la información, decidimos cerrar la institución por unas horas para cotejar los datos y reunir pruebas suficientes para sancionar conforme a la ley, reestructurar la institución, recuperar su eficiencia y efectividad”.
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Entre los primeros hallazgos oficiales figuran plazas asignadas a ciudadanos cubanos y venezolanos. En algunos casos, esos empleados solo se presentaban a la institución para firmar su ingreso, sin cumplir horario ni función alguna. En otras situaciones calificadas de más graves, autoridades confirmaron la existencia de “trabajadores fantasma” que residen fuera del país y continúan cobrando salarios estatales.
Para evitar la reincidencia de este tipo de prácticas, el ministro anunció la adopción de un nuevo protocolo de control: el registro de ingreso diario y obligatorio de cada empleado a partir de las 9:00 de la mañana. Aquellos que no estén presentes a esa hora no podrán desempeñar funciones durante ese día. Esta política pretende fortalecer la transparencia y supervisión interna, en línea con los estándares que busca implementar la actual administración.
Ehrler remarcó la necesidad de contar con una plantilla ajustada: “Lo que la SIT requiere son empleados eficientes, técnicos y comprometidos con la ciudad, no un exceso de personal sin funciones reales”. Entre las prioridades, figuran la reestructuración institucional y la reducción de la nómina, para garantizar que la labor de mantenimiento vial con el mínimo de recurso humano indispensable.
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Una vez concluido el diagnóstico, el informe será remitido al Ministerio Público para iniciar las acciones legales y sancionar a los responsables identificados en el operativo.
Hacia una nueva etapa de vigilancia interna
El escándalo ha acelerado la implementación de nuevos controles diarios y la actualización de la base de empleados. Según Ehrler, diariamente se registrará la hora de entrada de cada trabajador, generando un cambio sustancial en la vigilancia y promoviendo la rendición de cuentas dentro de la SIT.
La institución ejecuta sus proyectos en plazos de seis a doce meses calendario según la distribución regional de trabajo, una dinámica que requiere, a juicio de las autoridades, el máximo nivel de compromiso por parte del personal activo.
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