Autoridades hondureñas han destapado una red de plazas “fantasma” en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), tras un operativo de inspección realizado esta semana en Tegucigalpa. Los funcionarios identificaron a trabajadores de origen venezolano y cubano que figuraban en las planillas, aunque no ejercían tareas reales ni residían en Honduras.
La aparición de esta red refleja una problemática histórica relacionada con la gestión y fiscalización de recursos públicos en el país.
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La SIT es responsable del mantenimiento y ampliación de la red vial hondureña, que abarca 2,700 kilómetros divididos en seis regiones nacionales.
Durante años, la administración de la institución ha recurrido a la tercerización de servicios y contratos con empresas privadas, lo que ha dificultado el control efectivo sobre la nómina interna. En ese contexto, la débil supervisión permitió el ingreso y permanencia de trabajadores ficticios cuyo salario se destinaba a personas que no cumplían funciones dentro de la dependencia.
Revelación del fraude y acciones inmediatas
El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, indicó que la investigación comenzó con un exhaustivo censo de empleados. Según su declaración a medios locales, durante este proceso se verificó que muchas de las personas registradas en la nómina no ejercían funciones ni residían en el país.
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Ehrler afirmó: “Detectamos personas que no llegan a trabajar e incluso viven fuera de Honduras. Una vez reunida la información, decidimos cerrar la institución por unas horas para cotejar los datos y reunir pruebas suficientes para sancionar conforme a la ley, reestructurar la institución, recuperar su eficiencia y efectividad”.
Entre los primeros hallazgos oficiales figuran plazas asignadas a ciudadanos cubanos y venezolanos. En algunos casos, esos empleados solo se presentaban a la institución para firmar su ingreso, sin cumplir horario ni función alguna. En otras situaciones calificadas de más graves, autoridades confirmaron la existencia de “trabajadores fantasma” que residen fuera del país y continúan cobrando salarios estatales.
Para evitar la reincidencia de este tipo de prácticas, el ministro anunció la adopción de un nuevo protocolo de control: el registro de ingreso diario y obligatorio de cada empleado a partir de las 9:00 de la mañana. Aquellos que no estén presentes a esa hora no podrán desempeñar funciones durante ese día. Esta política pretende fortalecer la transparencia y supervisión interna, en línea con los estándares que busca implementar la actual administración.
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Ehrler remarcó la necesidad de contar con una plantilla ajustada: “Lo que la SIT requiere son empleados eficientes, técnicos y comprometidos con la ciudad, no un exceso de personal sin funciones reales”. Entre las prioridades, figuran la reestructuración institucional y la reducción de la nómina, para garantizar que la labor de mantenimiento vial con el mínimo de recurso humano indispensable.
Una vez concluido el diagnóstico, el informe será remitido al Ministerio Público para iniciar las acciones legales y sancionar a los responsables identificados en el operativo.
Hacia una nueva etapa de vigilancia interna
El escándalo ha acelerado la implementación de nuevos controles diarios y la actualización de la base de empleados. Según Ehrler, diariamente se registrará la hora de entrada de cada trabajador, generando un cambio sustancial en la vigilancia y promoviendo la rendición de cuentas dentro de la SIT.
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La institución ejecuta sus proyectos en plazos de seis a doce meses calendario según la distribución regional de trabajo, una dinámica que requiere, a juicio de las autoridades, el máximo nivel de compromiso por parte del personal activo.
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