Gobierno de Honduras remite al congreso nacional iniciativa para declarar emergencia vial

El Gobierno envió al Congreso Nacional una iniciativa de ley para declarar emergencia vial en todo el país y acelerar la reparación de carreteras en mal estado, con el objetivo de mejorar la seguridad y la movilidad durante la Semana Santa

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Una propuesta extraordinaria busca remediar rápidamente caminos dañados y mejorar la seguridad para quienes viajan durante esta temporada de alto movimiento. (Redes sociales)

El Gobierno de Honduras envió al Congreso Nacional una propuesta de ley para declarar emergencia en la red vial, una iniciativa que busca responder de inmediato al deterioro de la infraestructura y preparar el país para la intensa movilidad prevista en Semana Santa, cuando el flujo de viajeros por las carreteras multiplica el riesgo sobre vías en mal estado.

De aprobarse, el plan dotaría al Ejecutivo y a los gobiernos municipales de facultades excepcionales para intervenir con bacheo, limpieza y reparaciones en rutas de todo el territorio, en un plazo cercano a 60 días, según informó el secretario parlamentario, Carlos Ledezma.

Desde el Poder Ejecutivo, la iniciativa fue formalmente remitida a la cámara legislativa bajo el nombre de “Ley Especial de Emergencia Vial para una Semana Santa Segura y el fortalecimiento de los gobiernos municipales para el mantenimiento de la red vial terciaria y caminos productivos”, y se respalda en el artículo 205 de la Constitución, el cual faculta al Congreso a legislar en la materia.

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Autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) ya han explicado que la meta prioritaria es reducir accidentes y optimizar la conectividad durante una de las épocas de mayor movilidad interna.

Entre los detalles suministrados, Ledezma destacó que el anteproyecto abarca un “programa especial de maquinaria y equipo municipal”, lo que facilitaría a las alcaldías el refuerzo del mantenimiento sobre caminos urbanos, rurales y productivos, esenciales para el tránsito de comunidades agrícolas y escolares, así como para el transporte de productos básicos y abastecimiento local.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte prioriza reducir riesgos de accidentes y garantizar conectividad durante la alta movilidad de Semana Santa. (Redes sociales)

El plan prevé la atención urgente de más de 2.700 kilómetros de carreteras en condiciones críticas, lo que implica bacheo, destape de alcantarillas y reparación física de tramos que presentan altos riesgos de accidentes. El período de intervención estará marcado por la fecha de Semana Santa, programada este año entre el 29 de marzo y el 4 de abril, lo que otorga aproximadamente dos meses de margen para ejecutar las obras.

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El marco legal excepciona procedimientos habituales y permite contrataciones simplificadas, evitando retrasos burocráticos en la adquisición de insumos y servicios. Aunque el texto íntegro de la ley aún no es público, se espera la coordinación entre la SIT, gobiernos municipales y empresas privadas en las tareas previstas.

La crisis de la infraestructura vial hondureña ha escalado como resultado de años de inversión insuficiente, falta de mantenimiento y efectos de fenómenos climáticos reiterados, desde tormentas hasta inundaciones y deslaves. A ello se agrega que, según datos oficiales, vastos sectores rurales y secundarios permanecen muy deteriorados, dificultando el transporte cotidiano y el flujo comercial.

El anteproyecto legal permite contrataciones simplificadas para evitar demoras mediante procedimientos burocráticos en la adquisición de insumos viales. (Créditos: cortesía)

El contexto de emergencia vial se suma a una agenda de desafíos estructurales. En 2023, el Estado emprendió un plan de mejora de corredores estratégicos que movilizó más de USD 600 millones de financiamiento internacional, destinado a construcciones y renovaciones de largo plazo, con horizonte de finalización en 2026. Sin embargo, mientras esos proyectos avanzan, los problemas en extensas redes secundarias y terciarias requieren medidas inmediatas para evitar mayores impactos sociales y económicos.

El debate parlamentario sobre la propuesta vial ocurre en una coyuntura marcada por discusiones similares sobre emergencias en sectores como la salud, donde sectores de oposición han señalado preocupaciones respecto a posibles excesos en el uso de mecanismos extraordinarios, discrecionalidad en contrataciones y debilidades en los controles de transparencia y rendición de cuentas.

Transportistas, empresas y ciudadanos observan en la proyectada emergencia vial un posible alivio temporal a las limitaciones de movilidad y los altos costos de traslado, especialmente en zonas rurales con baja conectividad, donde el mal estado de las rutas impacta en la economía local.

La reducción de tiempos de viaje, mayor seguridad y menor gasto en reparaciones vehiculares destacan entre los beneficios estimados por el Ejecutivo.

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