La determinación del presidente Nasry Juan Asfura de encabezar personalmente la Secretaría de Salud (Sesal) ha encendido un debate sobre la capacidad del Poder Ejecutivo para resolver la profunda crisis sanitaria de Honduras y el impacto que esta medida puede tener en la institucionalidad y la gestión técnica del sector.
El país, agobiado desde hace años por un sistema de salud debilitado, enfrenta ahora el desafío de encontrar soluciones duraderas mientras distintas voces advierten que el futuro de la rectoría sanitaria está en juego.
Destacados analistas y representantes de la sociedad civil han insistido en que esta decisión podría marcar el tono de la administración entrante y definirá la relación entre el poder político y los organismos técnicos.
La comunidad médica y los observadores políticos ven en esta concentración de funciones una posible amenaza al principio de gobernanza y cuestionan si una sola persona —el propio presidente— tiene el tiempo y la preparación necesaria para gestionar simultáneamente la cartera sanitaria y la conducción del Estado.
Entre las opiniones más críticas figura la del Colegio Médico de Honduras (CMH). Esta entidad expresó su “profunda preocupación” por el movimiento presidencial y lo catalogó como una violación tanto de la Constitución de la República como de la Ley General de la Administración Pública.
El CMH advirtió que el principio de separación de funciones resulta vulnerado y recomendó que el mandatario designe a un secretario de Estado con capacitación y experiencia comprobada en salud pública. Para el colegio profesional, únicamente una dirección técnica, transparente y sostenida puede garantizar mejoras reales en la atención de la población.
En consonancia, el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Aguilar, aportó una visión matizada al señalar que, si bien la intervención directa del presidente podría facilitar la reducción de la mora quirúrgica y dar mayor agilidad administrativa, la personalización de la gestión entraña elevados riesgos.
Aguilar brindó un diagnóstico detallado de los desafíos del sector: “La Secretaría de Salud es una institución altamente técnica, con una enorme carga administrativa y una coordinación territorial permanente. Tenemos 27 hospitales, 20 regiones sanitarias y 29 gremios, cada uno con intereses distintos, lo que requiere un liderazgo técnico continuo”, explicó al analizar la complejidad inherente a la Sesal.
Aguilar remarcó además los peligros de la fragmentación en la conducción sanitaria ante la intervención de actores como viceministros y designados presidenciales, advirtiendo que esto puede debilitar la rectoría técnica del sistema.
Insistió en que “para dirigir Salud se necesita una enorme capacidad técnica y respaldo político al más alto nivel, pero sin sustituir los procesos institucionales”, planteando el dilema entre centralización política y administración basada en criterios científicos.
Desde Casa Presidencial, el Ejecutivo defendió la medida como una respuesta excepcional ante la gravedad de problemas estructurales: mora quirúrgica, desabastecimiento de medicamentos, precariedad hospitalaria y la urgencia social por soluciones visibles.
Voceros del gobierno han recalcado el carácter temporal de la intervención y han asegurado que el mandatario contará con la colaboración de viceministros y equipos técnicos. Además, descartaron que se busque privatizar el sistema de salud o violar la normativa vigente.
La dimensión del desafío institucional queda de manifiesto en el estado actual de la salud pública hondureña. Con 27 hospitales, 20 regiones sanitarias y el involucramiento de 29 gremios de profesionales de la salud, el sector se halla sometido a una presión constante por falta de recursos, infraestructuras deterioradas, déficit de personal y demandas crecientes de la sociedad, según destacó Aguilar.
Especialistas y organizaciones advierten que el remedio no puede limitarse a intervenciones de corto plazo. El consenso apunta a la necesidad de reformas estructurales profundas, fortalecimiento de la institucionalidad y una gestión técnica constante para superar los déficits heredados.
La manera en que el presidente Asfura logre implementar su decisión, y los resultados que pueda obtener a corto y mediano plazo, serán observados con atención tanto por los gremios como por la ciudadanía, en un contexto donde la confianza en la capacidad estatal para garantizar el derecho a la salud se pone a prueba.