El inicio de 2026 en Honduras ha estado caracterizado por una ola de violencia persistente que desafía los anuncios oficiales sobre una reducción de los delitos.
En los primeros 21 días de enero, al menos 55 personas perecieron de forma violenta, una cifra que incluye la primera masacre del año, así como víctimas de distintas edades y géneros, de acuerdo con fuentes de seguridad citadas por las autoridades y organismos de monitoreo. siendo de riesgo constante.
En las jornadas más recientes de enero, la atención pública se concentró sobre dos crímenes que suscitaron indignación en Comayagua. Uno de ellos fue el caso de Salvador Maradiaga, abogado penalista de 32 años, asesinado dentro de su bufete en el barrio San Sebastián. Según el reporte policial preliminar, hombres armados irrumpieron en el local y abrieron fuego repetidas veces, causándole la muerte de manera inmediata. El hecho ocurrió a plena luz del día, generando alarma entre comerciantes, vecinos y transeúntes, mientras la Policía Nacional prosigue las investigaciones para intentar esclarecer el móvil y dar con los responsables.
En ese mismo departamento, el asesinato de Yexelia Anahí Ramos Corea, una adolescente de 15 años, estremeció a la comunidad. Su cuerpo fue hallado dentro de una cuartería en el barrio Toronto, presentando señales de violencia extrema y, según las primeras pesquisas, indicios de agresión sexual y otras lesiones graves. Hasta el momento, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) no ha ofrecido mayores detalles, aunque el caso ya provocó reacciones de repudio tanto en redes sociales como en colectivos locales.
La violencia que afecta especialmente a mujeres y niñas vuelve a estar en primer plano en Honduras. Según datos reportados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), al finalizar 2025 se contabilizaron al menos 200 asesinatos de mujeres. Solo en los días iniciales de 2026, organizaciones especializadas ya documentaron más de 15 muertes femeninas -la mayoría tipificadas como feminicidios- lo que lleva a colectivos feministas y organismos de derechos humanos a exigir al Estado medidas inmediatas de protección, mejora en las respuestas institucionales y acciones para asegurar justicia a las víctimas.
Expertos en seguridad consultados explican que las cifras actuales revelan la persistencia de un fenómeno estructural, agravado por debilidades institucionales y baja confianza en el sistema de seguridad nacional. Un analista, que ha solicitado anonimato, describió así la situación: “El problema no es solo la cifra absoluta, sino la frecuencia, la brutalidad de los hechos y los perfiles de las víctimas. Cuando en menos de un mes se reportan decenas de muertes violentas, incluyendo niñas, adolescentes y mujeres, es evidente que la violencia sigue siendo un fenómeno estructural”.
Uno de los aspectos más cuestionados es la metodología de recolección de datos oficiales sobre criminalidad. La mayoría de cifras procede del Observatorio de la Violencia, que se basa en información proporcionada por la Policía Nacional. Organizaciones independientes alertan sobre posibles subregistros, inconsistencias y demoras en la actualización de los registros delictivos, lo que dificulta el dimensionamiento real de la crisis y el diseño de políticas eficaces.
Uno de los ejes más alarmantes es la implicación de menores de edad, tanto como víctimas directas como colaterales en los ataques. Múltiples episodios recientes involucraron a jóvenes entre 12, 15 y 18 años, lo que analistas en seguridad entienden como una consecuencia de graves fallas en las políticas de prevención social y en las oportunidades educativas y laborales.
Frente a este escenario, mientras las autoridades insisten en que las estrategias para frenar la criminalidad siguen activas, el sentimiento dominante entre la población es de incertidumbre y temor, aun en actividades cotidianas. Así lo resumió un representante de la sociedad civil: “La percepción ciudadana es clave. Si la gente sigue sintiéndose insegura en sus barrios, en sus trabajos o incluso en espacios públicos durante el día, es porque la violencia sigue presente”.