Nadie contestó cuando los paramédicos preguntaron la edad del niño tendido en el baño. Esa ausencia de respuesta marcó el inicio de una investigación que expondría uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente de Texas. El cuerpo de Davontae Williams fue hallado el 26 de julio de 2004 en Arlington, Texas, en el departamento que compartía con su madre, Marcella Williams, y la pareja de esta, Lisa Ann Coleman. La escena no dejó espacio para la confusión: el niño, de apenas nueve años, pesaba 16 kilos, tenía los labios partidos, las muñecas y tobillos marcados por ligaduras, y más de 250 cicatrices visibles en la piel. Vestía solo un pañal y vendas improvisadas.
El informe del forense fue lapidario. La causa de muerte fue malnutrición severa, con una neumonía como factor contribuyente. El niño había sido privado de alimentos de manera sistemática, sometido a encierros prolongados y ataduras. El personal de emergencias que acudió a la vivienda declaró que nunca habían visto un caso de abuso infantil con semejante nivel de deterioro físico. Las pruebas recogidas en la autopsia mostraron lesiones antiguas y recientes, marcas producidas por cuerdas, cables eléctricos y ropa usada como amarre, junto a signos de golpes y cortes.
Aislamiento, hambre y encierros
La investigación policial reconstruyó la vida de Davontae en sus últimos meses. Los registros judiciales establecen que el niño vivía en una rutina de aislamiento. La puerta del dormitorio, según testigos, estaba cerrada con llave desde afuera y la ventana, sellada con clavos. Los vecinos declararon que raramente veían al menor, y que en ocasiones escuchaban llantos apagados provenientes del interior del departamento. No asistía a la escuela desde hacía meses.
Su hermana, quien fue testigo clave en el juicio, describió cómo tanto la madre como Coleman lo restringían físicamente, lo mantenían alejado de cualquier contacto social y le negaban sistemáticamente comida y atención médica.
En las audiencias, la fiscalía presentó pruebas de que Davontae había sido atado durante horas, incluso días, con cables eléctricos y ropa, como una forma de castigo o supuesta “disciplina”. La policía encontró en el departamento restos de sogas, prendas rotas y objetos usados como restricción. El testimonio de la hermana fue contundente. La chica detalló episodios en los que el niño era encerrado solo, atado de pies y manos, y privado de alimentos como represalia por conductas consideradas “desobedientes”.
Los registros médicos anteriores mostraron que, en el pasado, Davontae había sido atendido por lesiones diversas, pero nunca se estableció un seguimiento oficial por parte de los servicios sociales.
La historia familiar de Davontae ya estaba marcada por la intervención del Estado. Los Servicios de Protección Infantil (CPS) de Texas habían abierto al menos seis investigaciones previas sobre Marcella Williams y sus hijos. En 1999, Davontae y su hermana fueron llevados a un hogar de acogida tras descubrirse que habían sido azotados con un cable. Coleman negó haber participado en las palizas, pero reconoció el uso de ataduras como método de disciplina.
Davontae, nacido prematuro, presentaba retraso en el desarrollo según el diagnóstico de un psicólogo clínico. Finalmente, los niños regresaron a la custodia de su madre bajo la promesa de que se mantendría alejada de Coleman, una condición que la madre incumplió.
El proceso judicial: cargos, defensa y estrategia del Estado
El caso pasó rápidamente a la fiscalía de Tarrant County. El Estado optó por acusar a Lisa Ann Coleman de homicidio capital bajo el estatuto de secuestro agravado. La clave legal radicó en interpretar la privación de libertad y el aislamiento extremo como un secuestro en el contexto de abuso doméstico. La legislación de Texas permite la pena de muerte cuando el asesinato se comete en el marco de un secuestro. Esta interpretación fue central para la acusación y el posterior fallo.
Durante el juicio, la defensa de Coleman intentó desmontar esa estrategia. Alegaron que lo ocurrido fue el resultado de una disciplina excesiva, carente de intención homicida, y que el “secuestro” alegado por la fiscalía no era más que una traducción judicial de prácticas de castigo erróneas y abusivas, pero no delitos de privación ilegal de la libertad.
Coleman, en su declaración, reconoció haber atado a Davontae “en dos ocasiones para que no se hiciera daño”, y negó haber planeado o deseado su muerte.
El fiscal respondió que el patrón de abuso, el encierro sistemático y la privación deliberada de alimentos y atención médica excedían cualquier forma de disciplina y constituían un secuestro agravado con resultado de muerte. La fiscalía presentó además evidencias fotográficas de las lesiones y los objetos usados para inmovilizar al menor, así como testimonios de vecinos y personal escolar que confirmaron la ausencia prolongada de Davontae y la progresiva retirada del niño de la vida pública.
La condena: cadena perpetua y pena de muerte
El veredicto fue rápido. En 2006, un jurado declaró a Lisa Ann Coleman culpable de homicidio capital. La sentencia fue la muerte por inyección letal. La madre de Davontae, Marcella Williams, aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena máxima. Fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de pedir libertad condicional en 2044.
Durante los años siguientes, Coleman recurrió a todas las instancias posibles. Sus abogados presentaron apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas y la Corte Suprema de Estados Unidos. Argumentaron, entre otros puntos, que la acusación de secuestro era jurídicamente forzada y que la sentencia capital fue desproporcionada. Alegaron también discriminación por orientación sexual y raza, sugiriendo que el Estado la había perseguido con mayor severidad por ser una mujer negra y lesbiana. Ningún tribunal aceptó sus argumentos.
Coleman se aferró a la posibilidad de una revisión federal. En la apelación ante el Quinto Circuito, su defensa aportó declaraciones de personas que decían haber visto a Davontae fuera del departamento, desmintiendo la figura de secuestro. El tribunal reconoció que el “secuestro” era el eslabón más débil de la acusación, pero ratificó la sentencia. El gobernador Rick Perry no concedió la clemencia.
La ejecución: ritual estatal y últimas palabras
La fecha de ejecución se fijó para el 17 de septiembre de 2014 en la Unidad Walls de Huntsville, Texas. Lisa Ann Coleman fue la quinceava persona ejecutada ese año en el estado y la sexta mujer desde la reinstauración de la pena de muerte en 1982. El procedimiento siguió el protocolo habitual. La reclusa fue trasladada a la cámara de ejecuciones, se le permitió una última comida y se le ofreció la oportunidad de pronunciar unas palabras finales.
Frente a los testigos autorizados, Coleman sonrió y dirigió sus palabras a los presentes: “Estoy bien. Diles que terminé fuerte. Dios es bueno.” No hubo familiares de la víctima en la sala. Un portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas confirmó que la ejecución se realizó sin incidentes y que la reclusa fue declarada muerta a las 18:24 (hora local).
Coleman fue la persona 517 ejecutada en Texas desde 1982. A nivel nacional, fue la mujer número quince ejecutada desde 1976, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos permitió la reanudación de la pena de muerte.
Huellas del expediente: lo que quedó fuera del juicio
Durante el proceso judicial no se admitieron pruebas sobre el entorno familiar y social en el que crecieron tanto Coleman como Marcella Williams. Ambas mujeres habían sido víctimas de abuso en su infancia y adolescencia, y presentaban antecedentes de pobreza extrema. La defensa intentó introducir estos factores como atenuantes, pero el tribunal solo admitió aquellos directamente relacionados con el crimen.
La historia personal de Lisa Ann Coleman, reconstruida en parte durante la fase de mitigación del juicio, es la de una vida marcada por el abandono y la violencia. Nacida de un embarazo producto de una violación, sufrió abusos físicos y sexuales por parte de familiares desde la infancia. Fue criada en hogares temporales y, desde la adolescencia, enfrentó problemas de adicción y salud mental.
A los dieciséis años fue madre, y años después le diagnosticaron trastorno bipolar. Su entorno de precariedad y marginalidad fue presentado por la defensa como factor atenuante tras la condena, pero el jurado no consideró suficiente este argumento para evitar la pena de muerte.
Últimos recursos y ejecución
En los días previos a la ejecución, los abogados de Lisa Coleman presentaron recursos de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, alegando errores en la interpretación de la ley y en la valoración de los atenuantes. Solicitaron una suspensión de la ejecución hasta revisar la constitucionalidad del proceso. La Corte rechazó la petición horas antes de la inyección letal.
A las 18:12 del 17 de septiembre de 2014, los funcionarios del Departamento de Justicia Criminal de Texas iniciaron la administración de pentobarbital. Doce minutos después, Lisa Ann Coleman fue declarada muerta.