El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala aprobó el Acuerdo Ministerial 527-2026 para establecer nuevas reglas sobre los fideicomisos que administran recursos estatales, exigir mayores registros contables y financieros, y obligar a las entidades del Organismo Ejecutivo a adecuar sus procedimientos antes del segundo cuatrimestre de 2027, según el Minfin.
La disposición fue emitida el 24 de septiembre y publicada el 5 de octubre de 2026. El manual fue presentado el 18 de noviembre y reemplazó al Acuerdo Ministerial 25-2010-A, que reguló estos mecanismos durante 16 años.
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Las nuevas exigencias alcanzan a la Presidencia, los ministerios, las secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo que utilicen fideicomisos para ejecutar fondos públicos. También deberán cumplirlas los bancos fiduciarios y las unidades ejecutoras responsables de administrar los recursos.
Tres modalidades y un requisito de ejecución previa
El Manual para la Administración de Fondos Públicos en Fideicomiso diferencia los contratos según el destino de los recursos y las condiciones para recuperarlos: fideicomisos no reembolsables, reembolsables y de garantía. Cada categoría tendrá disposiciones propias sobre registros contables, controles y responsabilidades institucionales.
Los fideicomisos reembolsables deberán incorporar obligaciones específicas para registrar y recuperar cartera. La normativa anterior no contemplaba algunas condiciones de la operación actual de estas figuras financieras, por lo que el nuevo instrumento ordena los procedimientos desde el traslado de recursos hasta el cierre de cada contrato.
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Las entidades deberán demostrar una ejecución mínima del 75% de los fondos recibidos antes de solicitar nuevos anticipos. El requisito vincula la entrega de recursos adicionales con el avance de la ejecución presupuestaria.
Las unidades ejecutoras asumirán tareas de actualización de registros sobre ingresos y operaciones. También deberán cumplir los procedimientos que defina la Dirección de Fideicomisos del Minfin y mantener información actualizada sobre el dinero administrado bajo esta modalidad.
Los intereses generados por esos recursos deberán incorporarse a los sistemas institucionales. El registro permitirá seguir el movimiento financiero de cada contrato, incluidos los saldos disponibles y las obligaciones pendientes.
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Información centralizada y reglas para el cierre de contratos
Los fideicomisos que reciban transferencias del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado tendrán un tratamiento particular. Aunque estarán parcialmente exceptuados de ciertas disposiciones, deberán enviar información periódica a la Dirección de Fideicomisos mediante herramientas informáticas.
La concentración de esos datos en la dependencia financiera permitirá al ministerio revisar la ejecución de los fondos que operan fuera del esquema presupuestario ordinario. Las entidades tendrán que identificar además a los funcionarios y unidades encargados de cumplir las obligaciones administrativas, financieras y contables.
Los fideicomisos constituidos después de la entrada en vigencia del acuerdo deberán incluir cláusulas que obliguen al cumplimiento del manual. La regulación incorpora también procedimientos para su liquidación y extinción, con reglas para definir el destino de los saldos, concluir obligaciones pendientes y registrar la finalización de los contratos ante las autoridades competentes.
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El director de Fideicomisos, Miguel García, afirmó que la actualización permitirá regularizar los registros contables y ampliar los controles sobre la ejecución de recursos. El funcionario sostuvo que las disposiciones apuntan a fortalecer la rendición de cuentas de las entidades responsables.
El viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal, Wilberto Rojas, señaló que el manual constituye una primera etapa de una revisión más amplia sobre los fideicomisos públicos. El Minfin prevé desarrollar reglas para todo el ciclo de estos contratos, desde su constitución hasta su liquidación.
La cartera financiera inició capacitaciones y prevé brindar acompañamiento técnico a las instituciones obligadas. Durante el período de adecuación, las entidades deberán revisar los fideicomisos vigentes, actualizar sus sistemas de información y definir las responsabilidades de los funcionarios que intervienen en cada operación.
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