El Congreso de Guatemala aprobó este martes 17 de noviembre una nueva reforma al Código Procesal Penal para regular la prisión preventiva, después de aceptar con 144 votos el veto del presidente Bernardo Arévalo al Decreto 23-2026, que había sido aprobado el 29 de septiembre.
La nueva norma, identificada como Decreto 30-2026, obtuvo 143 votos a favor. La decisión se tomó durante la misma sesión en la que el pleno dejó sin efecto el decreto anterior.
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Los legisladores conocieron y aprobaron de urgencia nacional la nueva iniciativa, una propuesta de 17 artículos que retoma los cambios sobre prisión preventiva e incorpora ajustes solicitados por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La iniciativa había sido presentada el lunes 16 de noviembre, un día antes de su aprobación. Varios diputados expresaron reparos porque aseguraron que no conocían el contenido completo de la propuesta antes de que fuera sometida al pleno para su aprobación en único debate.
El nuevo decreto modifica 17 artículos del Decreto 51-92, Código Procesal Penal. Su objetivo es que la prisión preventiva se aplique de forma excepcional, con plazos definidos y controles judiciales, para evitar que personas sindicadas permanezcan detenidas durante períodos prolongados sin avances en sus expedientes.
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La audiencia inicial deberá realizarse en un máximo de 24 horas
Uno de los cambios establece que la audiencia de primera declaración deberá efectuarse dentro de las 24 horas posteriores a la aprehensión. Además, ninguna persona podrá ser trasladada a un centro de privación de libertad sin comparecer antes ante un juez.
La normativa dispone que la prisión preventiva solo podrá ordenarse después de que se emita el auto de procesamiento. Para aplicarla, el juez deberá contar con elementos que acrediten riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación.
El Ministerio Público (MP) tendrá que presentar medios de convicción que sustenten la necesidad de esa medida. La defensa, por su parte, podrá presentar argumentos y pruebas para oponerse a la solicitud.
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La propuesta también limita el uso del récord migratorio como argumento en contra de una persona sindicada cuando sus salidas del país hayan respondido a motivos laborales o recreativos.
La ley fija plazos y amplía las medidas sustitutivas
El texto aprobado contempla consecuencias cuando no se cumplan los plazos procesales. Si transcurren tres meses desde el auto de procesamiento sin que el MP solicite la conclusión de la investigación, el juez deberá requerirlo. Si la omisión continúa, procederá la clausura provisional.
También prevé la sustitución de la prisión preventiva si la audiencia intermedia no concluye dentro de dos meses o si el juicio no comienza en un plazo de tres meses después de esa etapa.
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Entre las medidas sustitutivas figuran la presentación periódica ante autoridades, arresto domiciliario, prohibición de salir del país, restricciones de comunicación, caución económica y control telemático. El Estado podrá cubrir el costo del dispositivo electrónico si el sindicado demuestra que no tiene recursos para pagarlo.
La norma prioriza estas medidas para personas mayores de 65 años, con discapacidad o enfermedades graves, mujeres embarazadas o en los nueve meses posteriores al parto, y quienes estén a cargo de dependientes.
No podrán acceder a estos beneficios reincidentes, delincuentes habituales ni procesados por delitos como homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación, plagio o secuestro, extorsión, robo agravado y hechos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad.
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La CSJ tendrá un año para implementar las reformas
El Decreto 30-2026 crea la Unidad de Control de Medidas de Coerción, adscrita a la CSJ. La dependencia centralizará información sobre las personas sujetas a medidas distintas de la prisión preventiva y vigilará los plazos de privación de libertad.
La reforma entrará en vigencia 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial. El Ejecutivo podrá readecuar el presupuesto para asignar Q50 millones (unos USD 6,5 millones) al Organismo Judicial, destinados a crear juzgados, adecuar infraestructura, desarrollar herramientas tecnológicas y poner en marcha la nueva unidad.
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