Agregar Infobae enGoogle

Guatemala tendrá nueva fiscalía y dirección de ciberseguridad tras sanción del decreto

La norma, publicada el martes en el Diario de Centro América, incorpora delitos digitales al Código Penal y establece organismos especializados para proteger información e infraestructura tecnológica del Estado guatemalteco

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, firma la promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad en su despacho oficial. (Bernardo Arévalo)

El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, que incorpora delitos informáticos al Código Penal, crea organismos especializados y establece penas de hasta ocho años de prisión para ataques contra sistemas digitales en Guatemala. La norma fue publicada el martes 17 de noviembre en el Diario de Centro América y entrará en vigencia el 17 de diciembre de 2026, 30 días después de su divulgación oficial.

La aprobación legislativa reunió 121 votos favorables el 3 de noviembre, cuando el Congreso de la República declaró la iniciativa de urgencia nacional. Con la sanción presidencial, el país contará por primera vez con una regulación integral para proteger información digital, perseguir ataques cibernéticos y resguardar la infraestructura tecnológica estatal.

PUBLICIDAD

La normativa también fija un plazo de 18 meses para poner en funcionamiento el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala, que deberá atender y coordinar la respuesta ante vulneraciones de sistemas informáticos.

Arévalo presentó la ley como parte de la estrategia de transformación digital de su Gobierno. El mandatario escribió en su cuenta de X: “La modernización del Estado ha sido siempre nuestro compromiso, y estamos cumpliendo. Hoy he sancionado el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, un pilar clave dentro de nuestra estrategia de Transformación Digital”.

El Presidente sostuvo que la nueva legislación protege la infraestructura crítica, combate delitos informáticos y busca resguardar a la población frente a riesgos digitales. “Estamos construyendo un Estado más seguro, transparente y capaz de responder a los desafíos de hoy y mañana”, afirmó.

PUBLICIDAD

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, firma la promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad en su despacho oficial. (Bernardo Arévalo)

Delitos digitales incorporados al Código Penal

La Ley Marco de Ciberseguridad incorpora figuras delictivas que no contaban con una regulación específica en Guatemala. Entre ellas se encuentran el acceso ilícito a sistemas informáticos, la interceptación ilegal de datos, los ataques contra la integridad de la información y de los sistemas, la falsificación informática, la apropiación de identidad ajena, el fraude digital y el abuso de dispositivos.

El acceso ilícito a sistemas será castigado con penas de cuatro a seis años de prisión. La interceptación ilícita de datos y los ataques contra sistemas informáticos podrán recibir condenas de hasta ocho años de cárcel, mientras que los ataques contra la integridad de los datos tendrán penas de cinco a siete años.

La legislación contempla agravantes cuando los hechos afecten infraestructura crítica o comprometan la seguridad nacional. En esas circunstancias, las sanciones podrán aumentar de acuerdo con las disposiciones aplicables a cada conducta.

La infraestructura crítica incluye los sistemas tecnológicos necesarios para el funcionamiento de instituciones estatales y servicios esenciales. La ley busca que los ataques contra esos recursos reciban un tratamiento penal diferenciado por sus posibles efectos sobre la seguridad y la actividad pública.

El Diario de Centro América publica el Decreto 26-2026 del Congreso de Guatemala que establece la Ley Marco de Ciberseguridad y sus disposiciones oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consejo nacional y una dirección operativa

El decreto crea el Consejo Nacional de Ciberseguridad, conocido como Conciber, que será presidido por Arévalo e integrado por autoridades de distintas instituciones del Estado. Su función será orientar las decisiones estratégicas del país en materia de seguridad digital.

La norma también establece la Dirección Nacional de Ciberseguridad, Diciber, una dependencia adscrita al Ministerio de Gobernación. Este organismo deberá coordinar políticas, estrategias y protocolos de prevención, así como las acciones de respuesta frente a incidentes informáticos.

Bajo la estructura de Diciber funcionará el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala, identificado como CRIC-GT. La entidad tendrá a su cargo la implementación de mecanismos para atender amenazas y vulneraciones que afecten sistemas digitales.

El Ministerio Público reforzará la persecución penal mediante una fiscalía especializada en delitos informáticos. La nueva dependencia se enfocará en investigar las conductas tipificadas por la legislación y en sostener los procesos judiciales vinculados con ataques o fraudes digitales.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses contará, además, con una unidad de informática forense para brindar soporte técnico en las investigaciones y en los procedimientos judiciales. Esa área deberá colaborar en el análisis de dispositivos, datos y otros elementos relacionados con los delitos previstos por la ley.

El Ministerio de Gobernación tendrá seis meses desde la entrada en vigencia de la norma para emitir su reglamento. Las demás instituciones involucradas deberán adaptar sus procedimientos internos y protocolos a las nuevas disposiciones dentro de los plazos establecidos.

La Ley Marco de Ciberseguridad incorpora mecanismos de cooperación internacional y dispone la inclusión de contenidos sobre seguridad digital en el Currículo Nacional Base, con el objetivo de extender esa formación al sistema educativo guatemalteco.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Roberto Arzú, puntero en encuestas para la Presidencia de Guatemala, es investigado por lavado de dinero, según vox populi

La pesquisa judicial examina créditos, transferencias y retiros de efectivo otorgados por el Crédito Hipotecario Nacional, mientras la fiscalía busca establecer el origen de los fondos y la solvencia de los señalados

Combate al contrabando en Guatemala: la SAT reporta más de 2,300 decomisos aduaneros de enero a octubre de 2026 por unos USD 22.5 millones

La entidad tributaria reportó 2,349 intervenciones coordinadas y 2,293 incautaciones, mientras los importadores pagaron unos USD 77 millones por correcciones derivadas de inconsistencias detectadas en sus declaraciones durante los primeros diez meses de 2026

El Instituto de Antropología e Historia inspeccionará el estadio Doroteo Guamuch Flores por las remodelaciones y los permisos

La entidad técnica contrastará el estado actual del recinto con los proyectos avalados y definirá si las tareas ejecutadas requieren licencias adicionales o ameritan un proceso administrativo con apoyo jurídico

Una fiscal del Ministerio Público es atacada a balazos en el Anillo Periférico de la capital guatemalteca

La funcionaria, que investigaba ilícitos electorales, fue interceptada por motociclistas cuando iba a trabajar el martes 17 de noviembre en la zona 7 de Ciudad de Guatemala, recibió asistencia hospitalaria y se encuentra estable

El Tribunal Electoral de Guatemala presenta denuncias penales por traslados ficticios de residencia electoral en todo el país

El magistrado Quelvin Jiménez informó que los señalamientos son revisados por cada vocal en su región para impedir que votantes incidan en autoridades locales sin vivir en esos municipios antes de 2027