El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, que incorpora delitos informáticos al Código Penal, crea organismos especializados y establece penas de hasta ocho años de prisión para ataques contra sistemas digitales en Guatemala. La norma fue publicada el martes 17 de noviembre en el Diario de Centro América y entrará en vigencia el 17 de diciembre de 2026, 30 días después de su divulgación oficial.
La aprobación legislativa reunió 121 votos favorables el 3 de noviembre, cuando el Congreso de la República declaró la iniciativa de urgencia nacional. Con la sanción presidencial, el país contará por primera vez con una regulación integral para proteger información digital, perseguir ataques cibernéticos y resguardar la infraestructura tecnológica estatal.
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La normativa también fija un plazo de 18 meses para poner en funcionamiento el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala, que deberá atender y coordinar la respuesta ante vulneraciones de sistemas informáticos.
Arévalo presentó la ley como parte de la estrategia de transformación digital de su Gobierno. El mandatario escribió en su cuenta de X: “La modernización del Estado ha sido siempre nuestro compromiso, y estamos cumpliendo. Hoy he sancionado el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, un pilar clave dentro de nuestra estrategia de Transformación Digital”.
El Presidente sostuvo que la nueva legislación protege la infraestructura crítica, combate delitos informáticos y busca resguardar a la población frente a riesgos digitales. “Estamos construyendo un Estado más seguro, transparente y capaz de responder a los desafíos de hoy y mañana”, afirmó.
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Delitos digitales incorporados al Código Penal
La Ley Marco de Ciberseguridad incorpora figuras delictivas que no contaban con una regulación específica en Guatemala. Entre ellas se encuentran el acceso ilícito a sistemas informáticos, la interceptación ilegal de datos, los ataques contra la integridad de la información y de los sistemas, la falsificación informática, la apropiación de identidad ajena, el fraude digital y el abuso de dispositivos.
El acceso ilícito a sistemas será castigado con penas de cuatro a seis años de prisión. La interceptación ilícita de datos y los ataques contra sistemas informáticos podrán recibir condenas de hasta ocho años de cárcel, mientras que los ataques contra la integridad de los datos tendrán penas de cinco a siete años.
La legislación contempla agravantes cuando los hechos afecten infraestructura crítica o comprometan la seguridad nacional. En esas circunstancias, las sanciones podrán aumentar de acuerdo con las disposiciones aplicables a cada conducta.
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La infraestructura crítica incluye los sistemas tecnológicos necesarios para el funcionamiento de instituciones estatales y servicios esenciales. La ley busca que los ataques contra esos recursos reciban un tratamiento penal diferenciado por sus posibles efectos sobre la seguridad y la actividad pública.
Un consejo nacional y una dirección operativa
El decreto crea el Consejo Nacional de Ciberseguridad, conocido como Conciber, que será presidido por Arévalo e integrado por autoridades de distintas instituciones del Estado. Su función será orientar las decisiones estratégicas del país en materia de seguridad digital.
La norma también establece la Dirección Nacional de Ciberseguridad, Diciber, una dependencia adscrita al Ministerio de Gobernación. Este organismo deberá coordinar políticas, estrategias y protocolos de prevención, así como las acciones de respuesta frente a incidentes informáticos.
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Bajo la estructura de Diciber funcionará el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala, identificado como CRIC-GT. La entidad tendrá a su cargo la implementación de mecanismos para atender amenazas y vulneraciones que afecten sistemas digitales.
El Ministerio Público reforzará la persecución penal mediante una fiscalía especializada en delitos informáticos. La nueva dependencia se enfocará en investigar las conductas tipificadas por la legislación y en sostener los procesos judiciales vinculados con ataques o fraudes digitales.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses contará, además, con una unidad de informática forense para brindar soporte técnico en las investigaciones y en los procedimientos judiciales. Esa área deberá colaborar en el análisis de dispositivos, datos y otros elementos relacionados con los delitos previstos por la ley.
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El Ministerio de Gobernación tendrá seis meses desde la entrada en vigencia de la norma para emitir su reglamento. Las demás instituciones involucradas deberán adaptar sus procedimientos internos y protocolos a las nuevas disposiciones dentro de los plazos establecidos.
La Ley Marco de Ciberseguridad incorpora mecanismos de cooperación internacional y dispone la inclusión de contenidos sobre seguridad digital en el Currículo Nacional Base, con el objetivo de extender esa formación al sistema educativo guatemalteco.
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