La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de Guatemala revisó este miércoles las enmiendas a la iniciativa 6614, una ley contra la usura y las prácticas abusivas de cobro que busca proteger el salario mínimo de embargos, regular a prestamistas informales y tipificar el agiotismo como delito. La propuesta ya superó dos debates y entró en la etapa de redacción final de artículos antes de su discusión en el pleno.
El texto excluiría a los bancos del sistema, las cooperativas de ahorro y crédito, las entidades de microfinanzas sin fines de lucro y otras instituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos. La norma se concentraría en prestamistas informales, proveedores de crédito comercial y gestores de cobro que actúan fuera del sistema financiero regulado.
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La reunión híbrida fue presidida por el diputado Jorge Ayala y contó con la participación de la diputada Nadia de León, ponente de la iniciativa. Las modificaciones fueron trabajadas junto con el exdiputado Mariano Rayo, la Asociación Bancaria de Guatemala y la Superintendencia de Bancos.
De León pidió el respaldo formal de la comisión para llevar los cambios al pleno y sostuvo: “Vemos muy necesario que los guatemaltecos estén protegidos con una ley contra la usura y el proceso de cobro de deudas”.
Exclusiones para entidades ya supervisadas
Las enmiendas buscan precisar que las entidades financieras reguladas no estarán alcanzadas por la futura ley. Ayala explicó que el objetivo es dejar expresamente delimitadas las exclusiones dentro de la normativa.
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La ponente indicó que las microfinancieras que operan bajo el marco legal vigente mantendrán ese tratamiento, mientras que aquellas sin regulación formal quedarían sujetas a la nueva legislación. De León afirmó: “El sistema bancario nunca estuvo incluido en esta ley. Aquí lo que hicimos fue dejarlo más claro. Tampoco están las cooperativas ni las microfinancieras, porque ellas ya tienen su propia ley”.
La iniciativa establecería la nulidad de cláusulas abusivas, como la capitalización de intereses y las penalidades desproporcionadas. También fijaría un límite para las tasas de interés ordinarias y moratorias, que no podrían superar el doble de la tasa activa promedio publicada por el Banco de Guatemala.
El salario mínimo quedaría protegido frente a embargos judiciales. Las retenciones solo podrían aplicarse sobre la parte del ingreso que exceda ese umbral y no sobre la totalidad de la remuneración.
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De León señaló que existen personas a quienes se les embarga todo el salario y que terminan percibiendo entre 30 y 90 quetzales. La legisladora sostuvo que esa situación justifica la protección prevista en la reforma.
Conciliación obligatoria y límites a los cobros
La propuesta prevé que el deudor pueda solicitar una conciliación voluntaria antes de enfrentar un proceso judicial. De León afirmó que el 98% de los guatemaltecos quiere cumplir con sus obligaciones, “pero de una forma justa y de una forma digna”.
Además, toda demanda por cobro de deuda debería pasar antes por una conciliación ante los Centros de Mediación del Organismo Judicial. El texto también prohibiría las llamadas fuera de horarios hábiles, más de dos contactos telefónicos diarios, las exigencias de pago a terceros y la exposición de la deuda en el ámbito laboral del deudor.
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Los ciudadanos podrían denunciar cobros abusivos o actos de hostigamiento ante el Ministerio Público, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor y la Superintendencia de Bancos. La información sobre esos mecanismos fue incluida en una infografía difundida por el Congreso de la República.
El agiotismo y las penas por usura
El agiotismo sería incorporado como delito por primera vez en las enmiendas a la iniciativa 6614. De León vinculó esa figura con los préstamos conocidos como “gota a gota”, operados en algunos casos por redes identificadas como “los colombianos”, que ejercen presión y acoso sobre los deudores.
La usura ya está contemplada en el artículo 276 del Código Penal. La disposición sanciona a quien exige intereses superiores al máximo permitido o desproporcionados respecto del crédito entregado, incluso si esos cobros se encubren bajo otras denominaciones.
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El Decreto 11-2025 elevó las condenas por ese delito desde un rango de seis meses a dos años de prisión hasta penas de cuatro a 10 años, además de multas de entre Q200.000 y Q500.000. Los extranjeros condenados deben ser deportados una vez cumplida la pena.
La diputada indicó que el sector bancario respalda la aprobación de la ley y sostuvo que 76 países cuentan con normas similares contra la usura. También señaló que trabajó con el diputado Raúl Barrera, quien presentó ante la comisión una propuesta adicional vinculada con la regulación de estos créditos.
Con las enmiendas consensuadas entre la ponente, la banca y el ente supervisor, la Comisión de Economía y Comercio Exterior buscará llevar el dictamen al pleno del Congreso para continuar la redacción final de los artículos.
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