El Congreso de la República de Guatemala aprobó el 3 de noviembre, con 121 votos, la iniciativa 6347 de urgencia nacional, contenida en el Decreto 26-2026, que crea la Ley Marco de Ciberseguridad para establecer una estructura estatal de prevención, respuesta e investigación ante ataques digitales contra instituciones, empresas e infraestructuras críticas.
La norma fue aprobada después de que el pleno avalara una moción privilegiada con 109 votos a favor y 10 en contra. El proyecto, integrado por 96 artículos, recibió dictamen favorable con modificaciones de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, presidida por el diputado Jorge Mario Villagrán.
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La ley entraría en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Su alcance incluye disposiciones administrativas, penales y procesales, además de medidas de cooperación internacional, prevención, formación e investigación.
Un sistema estatal para prevenir y atender ataques digitales
El Presidente encabezaría el Consejo Nacional de Ciberseguridad, integrado por varios ministros y el secretario de Inteligencia Estratégica. El Ministerio de Gobernación asumiría la coordinación del sector mediante una Dirección Nacional de Ciberseguridad, responsable de diseñar políticas, protocolos y medidas de respuesta.
También se crearía el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT), que debería operar en un plazo máximo de 18 meses. El Ministerio de la Defensa Nacional tendría una unidad de ciberdefensa, separada de las funciones civiles.
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La propuesta incluye una fiscalía especializada en ciberdelitos, una unidad de informática forense, juzgados especializados y una red permanente para cooperar en investigaciones e intercambio de evidencia digital. Además, prevé incorporar contenidos de ciberseguridad en las escuelas, promover capacitación e investigación y crear una mesa técnica con participación estatal, privada, académica y de la sociedad civil.
Penas, registros judiciales y protección de información
Las enmiendas aprobadas precisan los delitos informáticos, las penas y las facultades de investigación. La normativa castigaría el acceso no autorizado a sistemas, la interceptación de información, la manipulación o eliminación de datos y los ataques contra plataformas digitales, con penas de dos a ocho años de prisión.
Las condenas serían mayores si se vulneran datos confidenciales, información de seguridad nacional o infraestructuras críticas. Los funcionarios públicos que ataquen a la institución donde trabajan podrían recibir, además, una inhabilitación de siete años. También se agravarían las sanciones cuando exista lucro ilegal o afectación a servicios de una entidad.
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El proyecto penaliza el uso o distribución de programas, contraseñas y otros recursos destinados a cometer ciberdelitos, aunque excluye las pruebas autorizadas y las acciones de protección informática.
Las órdenes judiciales para intervenir sistemas deberán detallar la información buscada, los equipos afectados y el plazo de la medida. La ley prioriza la copia forense de datos antes que la ocupación o suspensión de sistemas completos y exige resguardar la información ajena a la investigación.
Si una intervención puede afectar pagos o servicios financieros críticos, el juez deberá pedir una opinión técnica al Banco de Guatemala o a la Superintendencia de Bancos, salvo en situaciones de riesgo grave e inmediato. Las interrupciones de servicios esenciales deberán revisarse cada 24 horas.
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Alertas en tres horas y cooperación internacional
La iniciativa establece plazos para reportar incidentes digitales: tres horas cuando afecten infraestructuras críticas, seis horas para otros casos y hasta 72 horas para presentar un informe completo. El Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT) deberá anonimizar los reportes y proteger los datos personales e institucionales.
El intercambio de información entre entidades tendrá límites: no podrá incluir datos protegidos por la Constitución o las leyes financieras sin cumplir los procedimientos legales o contar con una orden judicial. Los datos compartidos deberán ser agregados o anonimizados y tratarse como confidenciales. La información financiera solo podrá enviarse a autoridades extranjeras por las vías previstas en la ley.
El proyecto también plantea mecanismos de cooperación para investigar fraudes y ciberdelitos, incluido el intercambio de alertas y pruebas electrónicas. La propuesta avanzó tras ataques informáticos registrados en Guatemala durante 2026 contra entidades públicas, universidades, la Corte de Constitucionalidad y empresas privadas.
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Guatemala no cuenta con una ley integral de ciberseguridad. Los impulsores de la iniciativa sostienen que la reforma permitiría fortalecer la respuesta estatal y facilitar la adhesión al Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) respaldó la necesidad de modernizar la legislación, aunque pidió incorporar ajustes técnicos. La organización advirtió que, sin esos cambios, la norma podría enfrentar cuestionamientos de constitucionalidad y dificultades para alinearse con normas internacionales y la legislación contra el lavado de dinero.
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