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En un ataque armado hieren a dos militares en el límite entre Ixchiguán y Tajumulco en Guatemala

El Ministerio de la Defensa Nacional reportó que los uniformados, alcanzados durante tareas de vigilancia el viernes 30 de octubre, fueron evacuados y permanecen estables, fuera de peligro tras recibir disparos

Dos miembros del Ejército de Guatemala resultaron heridos tras un ataque armado en la zona limítrofe de San Marcos. (Redes Sociales )

Un oficial y un elemento de tropa del Ejército de Guatemala resultaron heridos el viernes 30 de octubre durante un ataque con armas de fuego en el límite entre Ixchiguán y Tajumulco, en San Marcos, una zona atravesada por una disputa territorial que se remonta a 1933 y por la actividad de grupos armados ilegales. El Ministerio de la Defensa Nacional informó que ambos militares fueron evacuados y permanecen estables, fuera de peligro.

El ataque ocurrió cerca de las 18:00 en un puesto de observación situado en la elevación conocida como 3100, a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Los uniformados cumplían tareas de vigilancia cuando fueron alcanzados por disparos.

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La cartera castrense ubicó el hecho “en el contexto de la conflictividad que mantienen grupos armados organizados ilegalmente por disputas territoriales en dicha región”. Las autoridades no informaron si identificaron a los atacantes ni si hubo capturas posteriores.

Dos miembros del Ejército de Guatemala resultaron heridos tras un ataque armado en la zona limítrofe de San Marcos. (Redes Sociales)

Un conflicto por tierras y nacimientos de agua desde 1933

La disputa entre Ixchiguán y Tajumulco comenzó cuando las autoridades elevaron a Ixchiguán a la categoría de municipio en 1933 sin establecer con precisión sus límites con la localidad vecina. El desacuerdo abarca tierras fértiles y el acceso a nacimientos de agua.

La falta de una delimitación oficial derivó durante décadas en desplazamientos de familias, enfrentamientos esporádicos y la aplicación de estados de sitio. La cercanía con la frontera de México convirtió al área en un corredor utilizado para el trasiego de drogas.

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La fertilidad del territorio favoreció el cultivo de amapola y marihuana, lo que atrajo a estructuras del crimen organizado. Informes de inteligencia militar, citados por el Ministerio de la Defensa Nacional, vinculan a esas redes con organizaciones asociadas al Cartel de Sinaloa.

El 8 de octubre, el soldado Isaías Valentín Ramírez Salvador murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras resguardaba una posición militar en la elevación conocida como “tres mil”, en El Tumbador, también en San Marcos. El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, atribuyó ese ataque a un francotirador que disparó desde una posición distante.

Cinco días después, un enfrentamiento entre pobladores de la aldea Villa Real, en Tajumulco, y la aldea Tuichán, en Ixchiguán, obligó a suspender las clases presenciales en escuelas del cantón Las Brisas y el caserío Villa Linda. Videos difundidos en redes sociales mostraron a alumnos protegidos bajo sus pupitres mientras se escuchaban detonaciones.

La Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad indicó que aquellos choques comenzaron cuando habitantes de Tajumulco intentaban destruir búnkeres instalados por pobladores de Ixchiguán.

El despliegue de 700 militares y policías en la zona

El Ejército y la Policía Nacional Civil desplegaron 700 efectivos en Tajumulco e Ixchiguán desde el 15 de octubre. El operativo incluyó patrullajes, puestos de control y tareas de investigación criminal.

El subdirector general de Operaciones de la Policía Nacional Civil, Esvin Jacinto Quiché, explicó que ingresaron más de 400 militares y cerca de 300 agentes para instalar controles y realizar recorridos a pie y en vehículos. La presencia de fuerzas de seguridad se mantiene en el sector tras el ataque contra los dos militares.

Sáenz sostuvo que las organizaciones criminales buscan retirar un búnker construido junto con el Ministerio de Gobernación en un punto limítrofe con México. El funcionario afirmó: “Reconfiguración no ha habido, lo que ha habido es diferentes niveles de permanencia u operación en el territorio”.

La Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad consideró agotadas las instancias de diálogo directo entre las comunidades y propuso trasladar el caso al Consejo Nacional de Seguridad. La medida contempla una eventual intervención del Organismo Judicial para gestionar allanamientos y evaluar la declaración de un estado de sitio en la región.

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