El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles 28 de octubre que vecinos de Camanchaj, Chichicastenango, en el departamento de Quiché, Guatemala, retienen a fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que participaban en un operativo contra el contrabando.
Según reportes preliminares no oficiales, los comunitarios exigen la liberación de dos personas capturadas y la devolución de la mercadería incautada durante las diligencias.
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De acuerdo con información recabada por medios locales, la diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, en coordinación con personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Un reporte de la página Chichicastenango La Verdad señaló que varias tiendas y depósitos de la zona fueron allanados y que las diligencias estarían vinculadas a presuntos casos de evasión de impuestos.
Los reportes preliminares, aún sin confirmación oficial completa, indican que entre el personal retenido se encuentran tres fiscales del MP, tres trabajadores del Ministerio de Salud Pública, seis integrantes de la SAT y hasta 80 agentes de la PNC.
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El MP únicamente confirmó la retención de personal fiscal y policial, sin precisar el número exacto de afectados ni la presencia de los otros grupos mencionados.
Un fiscal pidió ayuda en un audio difundido
En un audio revelado por Prensa Libre, uno de los fiscales retenidos pidió auxilio para lograr su liberación. “Jóvenes, por favor, respondan, respondan. Denos solución a la devolución de la mercancía”, se escucha decir en la grabación.
El funcionario advirtió además sobre posibles acciones de los comunitarios contra el personal retenido si no se atendía el reclamo, entre ellas desvestirlos y azotarlos.
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Según los mismos reportes, los pobladores estarían dispuestos a dialogar y liberar al personal fiscal a cambio de la devolución de la mercadería decomisada y la excarcelación de las dos personas detenidas durante el operativo.
Un bus policial quedó destruido y se reportan bloqueos
De acuerdo con La Voz de Xela, los disturbios se expandieron hacia otros sectores, por lo que reportan vehículos dañados y bloqueos en la ruta que comunica Camanchaj, Chicúa y Los Encuentros, Sololá; lugares donde habría habido enfrentamientos con agentes antimotines de la PNC que intentaban liberar el paso.
Un bus de apoyo policial quedó destrozado tras ser atacado con piedras. El paso vehicular permanece bloqueado en los sectores de Chicua I y Camanchaj, lo que afecta la circulación en esa ruta.
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El MP informó que realiza las diligencias correspondientes “para garantizar el bienestar” de su personal y de los agentes policiales involucrados, y que se busca un acuerdo con los pobladores para lograr su liberación.
La institución añadió que ampliará la información cuando concluyan las gestiones. La PNC, por su parte, no ha difundido detalles sobre los incidentes ni sobre las acciones en curso para resolver la situación.
El sector privado condenó los hechos
Organizaciones empresariales se pronunciaron sobre el caso horas después de conocerse la retención. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) exigió la liberación inmediata del personal retenido y advirtió que “ningún reclamo justifica la violencia ni la coacción”.
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La Cámara del Agro de Guatemala emitió un comunicado en el mismo sentido y remarcó que el contrabando y la defraudación aduanera “perjudican a los productores nacionales, la competencia leal y los ingresos del Estado”.
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) también condenó la retención y las amenazas contra los funcionarios, a los que calificó como una vulneración al Estado de derecho.
Las tres organizaciones forman parte del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon) y reiteraron su respaldo a las autoridades en las acciones orientadas a combatir el contrabando dentro del marco legal.
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Hasta el cierre de esta nota, el MP, ni ninguna otra institución de Gobierno, no había confirmado la liberación del personal retenido ni el desenlace de las negociaciones con los pobladores de Camanchaj.
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