El Proyecto de Presupuesto de Guatemala para 2027 elevaría la deuda pública al 29.4% del producto interno bruto, por encima de la meta de 26.8% fijada por el Movimiento Semilla para el final de su gestión.
La iniciativa, remitida al Congreso de la República el 2 de septiembre, plantea un déficit fiscal de 4.43% del PIB, el segundo más alto en dos décadas.
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El monto previsto asciende a Q 192.045,1 millones (USD 25.137 millones), equivalentes al 17.6% del PIB y a un incremento real de 10.3% frente al presupuesto vigente. El aumento supera el promedio histórico de 6.5% del período analizado, aunque queda por debajo de las subas registradas en cuatro ejercicios fiscales anteriores.
La propuesta también habilitaría al Organismo Ejecutivo a ampliar el techo presupuestario hasta Q 193.925,1 millones (USD 25.383 millones) , el 17,8% del PIB. Esa facultad permitiría incorporar hasta Q 1.900 millones (USD 248,7 millones)sin atravesar el trámite legislativo ordinario.
Déficit de 4,43% y deuda por encima de la meta oficial
El déficit proyectado solo quedaría por debajo del 4,91% registrado en 2020, durante la pandemia de covid-19. El endeudamiento público neto solicitado alcanzaría 3,64% del PIB, también el segundo nivel más alto de las últimas dos décadas, después del 5,44% de aquel año.
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El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) expuso estas proyecciones en su análisis técnico Alerta Presupuesto. El saldo de la deuda pública había cerrado 2023 en 27,2% del PIB, tras una tendencia ascendente desde 2004, cuando representaba 20,9%.
La economista del CIEN, Lourdes Lavarreda, detalló durante la presentación que: “De los Q192.045,1 millones propuestos, el 41,1% (Q78.992,9 millones) son transferencias corrientes y transferencias de capital, y el 28,9% de este monto (Q22.799,7 millones) se financiaría con deuda pública”.
Las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que comprenden traslados hacia otros niveles de gobierno y entidades descentralizadas, concentrarían junto con el servicio de la deuda el 51,4% del presupuesto. La distribución responde a normas constitucionales y leyes específicas que asignan por adelantado una parte elevada de los recursos públicos.
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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda recibiría su menor participación dentro del presupuesto desde 2004. El proyecto concentra recursos en educación y en el pago de la deuda pública, una tendencia que se mantuvo durante el período 2012-2025.
Más gastos de funcionamiento y menos espacio para infraestructura
Los gastos de funcionamiento continuarían ganando peso frente a los destinados a inversión, según el CIEN. Esa composición reduce los recursos disponibles para obra pública y desarrollo de infraestructura.
Los servicios de la deuda representarían 12,81% de los egresos totales en 2027, por debajo del 13,16% registrado en 2025 y del promedio de 14,36% observado entre 2020 y 2023. Sin embargo, el proyecto incrementa la participación de las amortizaciones mediante la incorporación de Q 2.600 millones para cubrir deficiencias netas del Banco de Guatemala.
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La carga tributaria prevista sería de 12,07% del PIB, un nivel que el centro de investigación consideró alcanzable porque su cálculo central se ubica en 12,11%. Los ingresos tributarios podrían situarse entre Q 126.106,9 millones y Q 138.106,9 millones, un rango que abarca las proyecciones de la Superintendencia de Administración Tributaria.
La previsión, sin embargo, queda por debajo del 13,0% del PIB establecido por el Plan de Gobierno 2024-2028 del Movimiento Semilla para 2027. El presupuesto incorpora además un bolsón de otros impuestos directos e indirectos por Q 7.326 millones, equivalente al 5,6% de la recaudación tributaria total.
Esa proporción supera el 2,1% contemplado en el proyecto presupuestario de 2024 y el 2,2% incluido en el de 2025. El CIEN también cuestionó un bolsón adicional de Q 4.467,6 millones como previsión presupuestaria por considerarlo una asignación con escasa transparencia.
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Metas educativas con avances limitados hasta 2029
La educación primaria reuniría el 49,7% de los recursos asignados a resultados estratégicos. Pese a esa concentración, la meta plantea que los estudiantes de sexto grado mejoren solo 0,8 puntos porcentuales en matemática y 2,1 puntos porcentuales en lectura a lo largo de siete años.
Si se cumplieran esos objetivos, en 2029 el 51,5% de los alumnos de sexto grado tendría un dominio satisfactorio o excelente en matemática, mientras que el 49,5% lo alcanzaría en lectura. Las proyecciones contrastan con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, conocido como PISA.
Guatemala registró entre 2022 y 2025 caídas de 10,0 puntos porcentuales en matemática, 37,0 puntos porcentuales en lectura y 22,0 puntos porcentuales en ciencia. El deterioro fue utilizado por el CIEN para contrastar las metas incluidas en el proyecto para el sistema educativo.
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El articulado también incorporaría disposiciones que entrarían en conflicto con normas vigentes. Los artículos 28 y 142 contravendrían el artículo 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que ordena reintegrar a la Tesorería Nacional los saldos de caja no ejecutados al cierre de cada ejercicio fiscal.
Los artículos 18, 23 y 122 chocarían con el artículo 33 Bis de esa ley. A su vez, los artículos 17, 102, 103, 111 a 114, 137, 142 y 143 limitarían la competencia en los procesos de adquisición pública, de acuerdo con el análisis del CIEN.
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