El Ministerio Público (MP) de Guatemala alertó sobre una modalidad de estafa en redes sociales que utiliza perfiles falsos para ofrecer armas traumáticas, solicitar transferencias anticipadas y bloquear a los compradores después de recibir el dinero. Los responsables simulan ser comercios establecidos, prometen resolver requisitos legales y desaparecen sin entregar el producto.
El engaño apunta a personas interesadas en estos dispositivos como alternativa de seguridad personal. Las armas traumáticas disparan proyectiles de goma u otros materiales no letales, diseñados para incapacitar de manera temporal a una persona sin causar daños mortales.
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La comercialización legal de esos artefactos está bajo control de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), una dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional. La entidad autoriza la tenencia, el registro y la portación de armas de fuego en el país.
Trámites legales fuera de las redes sociales
La regulación aplicable incluye el Decreto 15-2009, Ley de Armas y Municiones, y su reglamento, establecido mediante el Acuerdo Gubernativo 85-2011. El MP remarcó que ningún trámite de este tipo se gestiona por redes sociales ni se completa con transferencias previas a cuentas personales.
Para obtener una licencia de portación, la Digecam exige un formulario de solicitud, documento personal de identificación vigente, certificaciones de carencia de antecedentes penales y policiales, declaración jurada ante notario público y la aprobación de evaluaciones teórica, práctica y psicológica.
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El proceso cuesta 400 quetzales por la evaluación, mientras que la licencia tiene un valor anual de 190 quetzales. Su vigencia puede extenderse entre uno y tres años.
Los comercios habilitados para vender armas y municiones deben presentar, además, una certificación contable de ingresos, escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil, patente de comercio con un objeto social específico para la venta de armas e inscripción como contribuyentes ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Las licencias comerciales duran cinco años.
Los estafadores construyen la apariencia de negocios legítimos mediante catálogos completos de armas traumáticas, conversaciones con potenciales compradores y supuestas recomendaciones o testimonios de usuarios. Esos recursos buscan instalar la idea de que otras personas ya concretaron adquisiciones sin inconvenientes.
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Una vez que logran generar confianza, solicitan un pago anticipado y entregan datos de cuentas bancarias. Justifican el depósito con el argumento de que el monto cubre el dispositivo y los trámites legales necesarios para su adquisición.
El Ministerio Público advirtió: “Una oferta fuera de lo común puede ser una señal de alarma”. Después de recibir la transferencia, los responsables dejan de responder, bloquean a la víctima en la plataforma y eliminan los canales de contacto, una maniobra que complica su identificación.
Verificación de vendedores y cuentas bancarias
La institución recomendó desconfiar de precios que se alejen de forma notoria del valor habitual de mercado. También pidió verificar qué establece la ley antes de comprar, poseer o portar un arma.
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Los usuarios deben revisar la antigüedad de los perfiles, la información de contacto y la procedencia de las páginas que ofrecen esos productos. El MP aconsejó ingresar directamente a los sitios oficiales, sin utilizar anuncios, enlaces patrocinados o vínculos enviados por personas desconocidas.
La alerta también incluye no compartir datos personales innecesarios con vendedores cuya identidad no haya sido comprobada. Antes de una operación, los compradores deben confirmar la legitimidad del supuesto establecimiento mediante otros canales de contacto.
“No transferir dinero a terceros” fue una de las recomendaciones centrales de la institución. La cuenta bancaria utilizada debe corresponder efectivamente al vendedor o al comercio que ofrece el producto.
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La advertencia fue difundida mientras el MP mantiene abiertas varias líneas de investigación por tráfico de armamento. Días antes, la institución realizó 10 allanamientos en distintos departamentos, junto con la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC), para reunir pruebas sobre la presunta sustracción y venta ilegal de municiones asignadas a esa fuerza de seguridad.
Las pesquisas buscan determinar cómo esas municiones habrían terminado en manos de estructuras criminales. Durante los operativos fueron incautadas drogas, armas de fuego, municiones de uso exclusivo del Ejército de Guatemala y dispositivos electrónicos, además de ser detenidas personas con órdenes judiciales vigentes.
Durante el primer semestre del año, las autoridades decomisaron 1.812 armas de fuego en todo el territorio guatemalteco, la cifra más alta para ese período desde 2020, según datos citados por medios locales. El MP recordó que toda compra, posesión o portación de armas debe cumplir los requisitos legales y contar con la documentación emitida por la Digecam.
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