La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de Guatemala inició el análisis del proyecto de Presupuesto para 2027, que eleva el gasto estatal a 192.000 millones de quetzales (USD 25.140 millones) y proyecta un déficit fiscal de 4,4% del producto interno bruto. Diputados de distintas bancadas cuestionaron el aumento del endeudamiento y la ejecución limitada de la inversión pública antes de que el plan llegue al pleno legislativo.
La propuesta equivale al 17,6% del producto interno bruto y representa un aumento de 13,8% frente al presupuesto vigente, con 23.255 millones de quetzales adicionales. El resultado presupuestario previsto asciende a 48.300 millones de quetzales, frente al déficit estimado de 3,8% para el cierre de 2026.
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La ministra de Finanzas Públicas, Débora Eunice Alvarado Franco, no acudió a la primera exposición formal ante la comisión y delegó su participación en el viceministro de Administración Financiera, Walter Orlando Figueroa Chávez. El vicepresidente de la instancia lamentó su ausencia y señaló que el Congreso podría volver a convocarla durante el proceso.
Figueroa atribuyó el incremento del gasto al cumplimiento de mandatos legales. Entre ellos figuran 2.550 millones de quetzales para la Ley de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, 3.517,6 millones para el Fondo de Proyectos Viales Prioritarios, 2.000 millones para financiar las elecciones del próximo año y 2.600 millones para cubrir las deficiencias netas del Banco de Guatemala.
Ingresos tributarios y deuda pública en ascenso
Los ingresos tributarios aportarían 131.635,9 millones de quetzales, una carga de 12,1% del producto interno bruto, por encima del 11,8% estimado para 2026. El viceministro sostuvo que el aumento provendría de medidas administrativas de la Superintendencia de Administración Tributaria, como la tributación internacional y el combate al contrabando, con una recaudación cercana a 4.000 millones de quetzales y sin nuevos impuestos.
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La deuda pública pasaría de 280.700 millones de quetzales en 2026 a 320.000 millones de quetzales en 2027. Su proporción sobre el producto interno bruto subiría de 27,6% a 29,4%, todavía por debajo del umbral de 40% que el Fondo Monetario Internacional considera de riesgo mínimo.
El plan prevé desembolsos de créditos multilaterales por 2.870 millones de quetzales y amortizaciones por 3.284 millones, lo que dejaría un financiamiento externo neto negativo de 415 millones. La principal fuente para cubrir el déficit sería la deuda bonificada, con 40.150 millones de quetzales netos y negociaciones de deuda nueva por 42.750 millones; otros 8.565 millones procederían de ahorros acumulados en caja y bancos.
El diputado Orlando Blanco preguntó por qué el Ejecutivo no utilizaría en mayor medida esos saldos, ante una subejecución cercana al 9% prevista para el cierre del año. Figueroa respondió que una parte importante de esos recursos tiene destinos específicos por tratarse de préstamos o fondos de entidades autónomas y descentralizadas, por lo que no vuelve a la disponibilidad de la administración central.
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La baja inversión pública y los recursos sin ejecutar
La ejecución global del presupuesto vigente alcanzaba 65,7% el día de la audiencia, pero la inversión pública apenas llegaba a 40,9%, según expuso el diputado Álvaro Arzú, de la bancada Unionista. El legislador calificó el proyecto como una “abominación de presupuesto”.
Arzú detalló que el Ministerio de Comunicaciones registraba 38% de ejecución, el Ministerio de Gobernación solo 14% en inversión y el Ejército de Guatemala rondaba 95%, el nivel más alto dentro del Ejecutivo. También cuestionó el aumento de 1.200 millones de quetzales para el Ministerio de Desarrollo Social, cuya inversión tenía una ejecución de 28%, dado que 2027 será un año electoral.
El viceministro explicó que el aumento para esa cartera responde al fortalecimiento del programa Mano a Mano, conforme a los techos presupuestarios notificados. Los consejos departamentales de desarrollo concentraron otra parte de las objeciones por el uso de los recursos asignados desde 2024.
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Blanco indicó que la ejecución acumulada de fondos ordinarios y extraordinarios de esos consejos era de 29,5%, con cerca de 15.000 millones de quetzales pendientes de utilizar. Figueroa estimó que el nivel podría cerrar entre 55% y 60% al final del año, aunque advirtió que los recursos extraordinarios no ejecutados no se trasladan automáticamente al ejercicio siguiente.
Crecimiento de 4% y riesgos climáticos para 2027
El presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, Jonathan Menkos, presentó el escenario macroeconómico que respalda las previsiones de ingresos. La economía guatemalteca creció 3,7% en 2024 y 4,3% en 2025, mientras que para 2026 se mantiene una expectativa de expansión de 4,3%.
Para 2027, el Banco de Guatemala proyecta un crecimiento de 4%, apoyado en una mejora del contexto internacional tras la esperada disipación del choque energético derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El petróleo, que cerraría 2026 en USD 83,6 por barril, bajaría a USD 71,92 al cierre del próximo año, mientras la inflación se mantendría cerca de 4%.
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Menkos advirtió que las primeras señales del superniño, observadas durante el segundo semestre de 2026 mediante aumentos de temperatura y déficit de lluvias, podrían afectar la agricultura de subsistencia y presionar los precios. Las remesas familiares, equivalentes a cerca de 20% del producto interno bruto, crecerían 5% en 2026 y 3% en 2027, hasta USD 27.600 millones.
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