El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, participó este 2 de octubre en la 31ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que el organismo aprobó por unanimidad una resolución que exige al Gobierno de Daniel Ortega establecer condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas en Nicaragua. El encuentro, celebrado en la sede de la OEA en Washington D.C., reunió a representantes de los 34 Estados miembros, aunque solo siete países enviaron a sus titulares de Exteriores.
De acuerdo con información de la Cancillería en Guatemala, Martínez Alvarado se sumó así a los cancilleres de Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití, los únicos siete ministros que asistieron de manera personal al Salón de las Américas, mientras el resto de las delegaciones estuvo representado por viceministros, secretarios de Relaciones Exteriores o embajadores ante el organismo. La silla de Venezuela permaneció vacía durante toda la sesión.
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Un mecanismo que no se activaba desde 2019
La reunión convocada para tratar la situación en Nicaragua corresponde a un mecanismo excepcional que la OEA no utilizaba desde 2019, cuando se recurrió a él para abordar la crisis política en Venezuela. La convocatoria había sido aprobada el 23 de septiembre por el Consejo Permanente del organismo, impulsada por Paraguay, Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú, y ratificada el 19 de agosto con el voto a favor de 29 países, el rechazo de Brasil y la abstención de México.
Nicaragua se retiró formalmente de la OEA en 2023 y no reconoce la autoridad del organismo, por lo que la sesión se desarrolló sin participación del Gobierno de Managua. El canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, fue elegido por aclamación como presidente de la reunión.
El texto exige restablecer libertades políticas y civiles
La resolución, titulada “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”, fue impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana. El documento llama a restablecer “las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica” y exige permitir que medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil, universidades y empresas disueltas puedan reanudar sus actividades y recuperar sus bienes.
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El texto también urge a restaurar la nacionalidad y el acceso a los registros civiles de las personas despojadas de ella, además de permitir el regreso “seguro y voluntario” de líderes religiosos, periodistas y defensores de derechos humanos que debieron abandonar el país sin temor a represalias. La resolución dispone además la creación de un grupo ministerial de seguimiento, encargado de entablar un diálogo con las autoridades nicaragüenses y con sectores opositores, con la obligación de presentar un informe con recomendaciones en un plazo no mayor a 90 días.
Pese a la contundencia del texto, la resolución no contempló sanciones concretas contra el Gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Durante la sesión se presentó además un informe de la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá, sobre la situación del país y las acciones que corresponden conforme a la Carta de la OEA.
México se desmarcó del documento final
El respaldo a la resolución no fue unánime en la práctica. México, representado por el embajador Alejandro Encinas, se deslindó formalmente del texto mediante una nota al pie, pese a que el documento fue aprobado sin votos en contra. La delegación mexicana cuestionó en particular las referencias que vinculan la situación política y de derechos humanos en Nicaragua con riesgos para la paz y la seguridad hemisférica.
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A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México precisó que la postura de su delegación se fundamenta en el artículo 89, fracción X, de la Constitución mexicana, que consagra el principio de no intervención como eje de la política exterior del país. El Gobierno mexicano reiteró que la protección de los principios democráticos debe ser compatible con el respeto a la soberanía nacional y remarcó que las decisiones de organismos multilaterales no pueden sobrepasar sus competencias ni contravenir el derecho internacional.
Guatemala firmó un acuerdo bilateral con Perú durante su estadía en Washington
Al margen de la reunión de consulta, la agenda de Martínez Alvarado en Washington incluyó la firma de un memorando de entendimiento con Perú en materia consular y migratoria. El canciller guatemalteco permanece en la capital estadounidense entre el 1 y el 3 de octubre, según la agencia peruana Andina, en el marco de su participación en la Trigésima Primera Reunión de Consulta celebrada en la sede de la Secretaría General de la OEA.
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