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Congreso de Guatemala envía al Ejecutivo exoneración de impuestos a los combustibles y el presidente Arévalo debe decidir sobre la eliminación

El Congreso remitió el Decreto 22-2026 al Ejecutivo sin impugnaciones, tras concluir el plazo el viernes, y la vigencia de la norma dependerá de su publicación en el Diario Oficial

El presidente Bernardo Arévalo resolverá la sanción o devolución del Decreto 22-2026 tras el cierre del plazo de objeciones.(Gobierno de Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo deberá resolver el destino del Decreto 22-2026, enviado por el Congreso de Guatemala al Organismo Ejecutivo tras vencer el plazo de objeciones, una norma que elimina temporalmente dos impuestos sobre los combustibles para reducir su precio de venta en medio de la suba internacional del petróleo. De acuerdo con una publicación del Diario Soy502.

La medida tendría un costo fiscal estimado de Q3.318,4 millones, equivalentes a unos USD 430,9 millones. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá hacer ajustes presupuestarios para compensar la reducción de ingresos si la ley es promulgada.

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El plazo para que los diputados objetaran el decreto concluyó el viernes a las 16:30 y no se presentó ninguna impugnación, de acuerdo con datos del Legislativo. Arévalo puede sancionar y promulgar la ley o devolverla con observaciones; su vigencia dependerá de la publicación en el Diario Oficial.

La expectativa preliminar era que la normativa pudiera recibir sanción y ser publicada antes de que finalice septiembre. El Congreso la aprobó el martes 22 de septiembre bajo el mecanismo de urgencia nacional.

Un documento oficial del Congreso de la República establece la exención temporal de impuestos a la distribución de gasolina y diésel. (Redes Sociales)

La suspensión de IVA e IDP hasta diciembre de 2026

La iniciativa 6852 recibió 148 votos de legisladores oficialistas y opositores, en una única lectura. La norma suspende el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, conocido como IDP, para la gasolina superior, la gasolina regular, el diésel y el gas oil.

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La exoneración regirá hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde el 1 de enero de 2027, los productos alcanzados volverán a tributar conforme a las tarifas ordinarias.

El Ministerio de Energía y Minas deberá elaborar el reglamento durante los cinco días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la ley. El decreto también obliga a trasladar la totalidad del beneficio fiscal al consumidor final mediante una rebaja equivalente en el precio de venta.

Las estaciones de servicio mantendrán la obligación de emitir facturas y deberán detallar el monto de la exención aplicada por cada galón. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía, y la Superintendencia de Administración Tributaria supervisarán el cumplimiento de la norma.

La aprobación se produjo tras versiones no confirmadas oficialmente sobre reuniones entre Arévalo y jefes de bloques legislativos para alcanzar acuerdos frente a protestas y críticas de partidos políticos. Los diputados no conocieron previamente el contenido de la iniciativa antes de su tratamiento de urgencia.

Precios sin tope ante la volatilidad internacional

La eliminación de los tributos reduce un componente fijo del precio, pero no establece un valor máximo para los combustibles. Por eso, los valores de venta seguirán expuestos a las fluctuaciones de los costos internacionales del petróleo.

Con las estimaciones vigentes, el galón de gasolina superior quedaría en Q34,59, equivalentes a USD 4,49; la gasolina regular, en Q32,90 o USD 4,27; y el diésel y el gas oil, en Q40,66, unos USD 5,28. La rebaja tributaria prevista sería de Q9,41 por galón para la gasolina superior, Q9,10 para la regular y Q6,34 para el diésel y el gas oil.

El ejemplo incluido en la normativa plantea que un galón de gasolina regular vendido a Q44, unos USD 5,71, quedaría en Q34,59 tras una reducción impositiva de Q9,41. Si antes de la promulgación el mismo galón subiera a Q50, equivalentes a USD 6,49, el descuento lo llevaría a Q40,59, unos USD 5,27.

El Decreto 22-2026 avanza en paralelo con el Decreto 21-2026, que fija precios máximos de referencia mediante un mecanismo de subsidio. El Congreso rechazó las objeciones contra esa segunda norma y la remitió al Ejecutivo el jueves 24 de septiembre.

Del costo fiscal proyectado, Q1.332,2 millones, unos USD 173 millones, corresponden al IDP, mientras que Q1.986,2 millones, equivalentes a USD 257,9 millones, proceden del IVA. El decreto garantiza recursos destinados a las municipalidades del país y a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, encargada del mantenimiento y la construcción de carreteras.

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