El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala había ejecutado solo el 46.43% de su presupuesto vigente, equivalente a Q 971,65 millones equivalentes a unos USD 125.7 millones, al 21 de septiembre, mientras 3.2 millones de personas enfrentaban riesgo de inseguridad alimentaria por la sequía.
La Coordinación de ONG y Cooperativas y el Instituto por la Democracia difundieron el dato el 23 de septiembre y reclamaron una respuesta más rápida ante los efectos del fenómeno de El Niño.
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La crisis climática ya provocó pérdidas de cosechas en más de 300 municipios, de los cuales 15 fueron catalogados como prioritarios. Entre ellos figura Chiquimula, uno de los departamentos con mayor afectación, de acuerdo con la Vicepresidencia.
Míriam Suyuc, analista de presupuesto del Instituto por la Democracia, señaló que las sequías en unas regiones y las inundaciones en otras profundizaron una vulnerabilidad alimentaria que el país arrastra desde hace años.
El Gobierno impulsa el Plan de Acción de Respuesta a la Emergencia por Sequía 2026, que contempla distribución de alimentos, vigilancia satelital de la sequía agrícola y entrega de semillas tolerantes al estrés hídrico.
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El riego y los huertos familiares como prioridad agrícola
La producción de alimentos para el consumo familiar debería concentrar los recursos del MAGA, sostuvo Suyuc. La analista propuso fortalecer los sistemas de patio y traspatio, donde las familias cultivan frutas y verduras y crían aves y cerdos, además del modelo Milpa-Patio destinado a la siembra de maíz y frijol.
Los sistemas de riego y miniriego registraban una ejecución de apenas 7%: de Q 36.11 millones asignados, se habían devengado Q 2,68 millones al 21 de septiembre. Suyuc consideró que esa partida debe recibir atención inmediata para asegurar el acceso al agua durante las próximas cosechas.
El seguro agrícola ya había utilizado el 100% de su presupuesto vigente y el 70% de sus beneficiarios son mujeres. La especialista también solicitó ampliar el extensionismo rural para que los campesinos reciban asistencia técnica en sus comunidades, sin tener que trasladarse a las sedes ministeriales.
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Alejandro Aguirre, director ejecutivo de Congcoop, cuestionó lo que definió como una subejecución persistente durante la actual administración. Propuso instalar alertas tempranas para el sector agrícola y revisar si el seguro vigente debe complementarse o sustituirse por un seguro climático y un fondo de reserva permanente en el presupuesto nacional.
“La crisis climática, el calentamiento global, no es algo de ahora, sino de hace tiempo, y cada vez se agudiza más”, afirmó Aguirre. El director pidió que el fenómeno sea un eje de la planificación estatal y que el MAGA aplique una respuesta integral basada en la política nacional de desarrollo rural, con inversión en riego, miniriego, huertos familiares y asistencia técnica continua.
La desnutrición aguda y las muertes infantiles
El Programa 14 de Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social contaba con Q 1.112,56 millones vigentes, de los cuales había ejecutado el 57.30% al 21 de septiembre. Nuria Mejía, analista de presupuesto del Instituto por la Democracia, advirtió que faltaban tres meses y medio para el cierre del año fiscal.
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Durante la semana epidemiológica 35, entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, se diagnosticaron 15.038 casos de desnutrición aguda moderada y grave en niños menores de cinco años, según cifras del Ministerio de Salud. En ese período murieron 32 niños por esa causa.
Alta Verapaz registró nueve fallecimientos, seguida por Huehuetenango, con siete, y San Marcos, con seis. Escuintla reportó tres muertes; Quiché, Santa Rosa, Retalhuleu, Jalapa, Chiquimula y las regiones suroriental y suroccidental de Petén notificaron un deceso cada una.
“Si no se garantiza una ingesta necesaria para la vida, más niñez y personas adultas van a padecer hambre”, advirtió Mejía. La analista sostuvo que la desnutrición crónica y aguda afecta a todo el país, con mayor intensidad en los territorios golpeados por la emergencia climática.
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyectó que El Niño sumará 4.8 millones de personas a la pobreza regional y reducirá 2% el crecimiento económico de América Latina y el Caribe.
Aguirre también cuestionó los recortes aplicados durante el año al presupuesto del MAGA y recordó que organizaciones campesinas sostienen que el impacto de la sequía habría podido mitigarse si el acuerdo agrario estuviera en pleno cumplimiento.
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