El tope a los combustibles en Guatemala, la petición de Bernardo Arévalo y el pulso institucional que retrasa su aplicación

El presidente BernardoArévalo pidió acelerar la entrada en vigor del Decreto21-2026 para fijar precios máximos a los combustibles en Guatemala, tras una escalada que llevó el galón de diésel cerca de los Q50 (USD 6.49) y la amenaza con trasladarse al costo de los alimentos y la economía de los hogares.

La norma, aprobada por el Congreso de la República el 8 de septiembre con carácter de urgencia nacional, permanece sin ser trasladada al Ejecutivo por cuatro objeciones presentadas por el diputado opositor de Vamos Allan Rodríguez. La discusión deberá volver al pleno el 22 de septiembre.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, realizada el miércoles 16 de septiembre en el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo sostuvo que el Ejecutivo debe actuar frente a circunstancias internacionales que afectan al país. Identificó dos riesgos inmediatos: el encarecimiento de los hidrocarburos y la reducción de las lluvias.

El Decreto 21-2026 establece un tope de Q39(USD 5.06) por galón para el diésel y la gasolina regular, y de Q41(USD 5.32) para la gasolina superior, hasta el 31 de diciembre. El mandatario afirmó que esta alternativa permitiría contener de inmediato el impacto sobre los consumidores, aunque no resolvería de manera permanente la crisis de precios.

“Son casi Q50 (USD 6.49) el galón, lo que afecta a todos y tiene efecto en la economía. No tenemos por qué seguir en ese marco”, expresó Arévalo. También indicó que, una vez que el Congreso envíe la normativa, podrá sancionarla y activar el nuevo esquema de precios.

El mandatario guatemalteco explicó que el mecanismo mantendría el precio tope aun si las cotizaciones internacionales siguieran en ascenso durante los próximos días o semanas. Si el valor de mercado cayera por debajo del tope, el consumidor pagaría automáticamente el precio menor.

“Ahorita lo importante es mitigar el impacto de estos precios. Podemos seguir trabajando y nosotros tenemos el compromiso para seguir buscando otras medidas para darle respuesta a esta situación”, afirmó el Presidente. El Gobierno mantiene abierta la posibilidad de acuerdos con el Congreso y otros sectores para desarrollar soluciones complementarias.

El Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor deberán verificar que las estaciones de servicio apliquen los precios fijados y evitar cobros abusivos. La medida aprobada también contempla un fondo de compensación, aunque su aplicación continúa detenida por las objeciones legislativas.

Precios tope detenidos por objeciones y sin avance en el Congreso

La iniciativa de precios tope no ha avanzado en el Congreso. Si bien se aprobó con el voto favorable de 130 de 160 diputados, las objeciones presentadas por el congresista opositor, Allan Rodríguez, han impedido que el Decreto continúe su proceso.

Al respecto, Juan Carlos Rivera, primer Secretario del Legislativo, aseguró que este miércoles 16 de septiembre la Junta Directiva conoció las objeciones y se percataron que hubo un error al momento de citar el número del Decreto, por lo que, a criterio del legislador, debieran de ser rechazadas.

No obstante, aseguró que los abogados del Congreso analizan cuáles serán los pasos a seguir, aunque adelantó que si la mayoría de los integrantes de Junta Directiva deciden rechazar las objeciones por el error, entonces se enviará de inmediato la Ley aprobada al Ejecutivo para su veto o sanción.

De aceptarse las objeciones, se tendrán que conocer en el pleno hasta la próxima semana, pero también planteó la posibilidad de que se conozcan mañana jueves 17 de septiembre, sólo si dentro del hemiciclo hay 107 diputados o más, para alterar el orden del día y suspender la interpelación al ministro de Agricultura, Abelardo Pinto.

La iniciativa 6809 y un aporte estatal de hasta Q2 mil millones

Mientras tanto, en el Congreso continúan buscando otras soluciones a parte de la que ya fue aprobada. En este caso, la Comisión de Comunicaciones emitió dictamen favorable para la iniciativa de ley de Apoyo Temporal para el Consumo del Combustible en Guatemala que pretende la eliminación temporal de impuestos.

La propuesta tendría vigencia durante seis meses, entre el 15 de octubre de 2026 y el 15 de abril de 2027. Plantea suspender el 100% del Impuesto a la Distribución del Petróleo para diésel y gasolinas regular y superior, además de eximir el 65% del Impuesto al Valor Agregado en la venta final al consumidor. El apoyo equivaldría a Q12 (USD 1,56) por galón de diésel y Q10 (USD 1,30) por cada galón de gasolina.

Los precios de referencia propuestos serían de Q35 (USD 4,55) para el diésel, Q34,50 (USD 4,48) para la gasolina regular y Q36 (USD 4,58) para la gasolina superior. La diferencia entre las exenciones tributarias y el monto necesario para alcanzar esos límites sería cubierta por un aporte extraordinario del Estado.

Ese aporte tendría un techo de Q2 mil millones (USD 262 millones) y se financiaría con saldos no comprometidos ni devengados de los ministerios durante 2026. El Ministerio de Finanzas Públicas podría realizar readecuaciones presupuestarias sin afectar asignaciones constitucionales, gastos comprometidos ni recurrir a deuda pública.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones, Jeovanni Domínguez, explicó que excluir esos recursos buscó evitar que las municipalidades pierdan ingresos esenciales para su funcionamiento. “No podemos dejar a las municipalidades sin recursos para su funcionamiento, tomando en cuenta que hay municipalidades pequeñas que en su momento solo tienen recaudación de Q4 millones (USD 524 millones) al año”, sostuvo.

La Superintendencia de Administración Tributaria fiscalizaría las medidas tributarias, mientras que el Ministerio de Energía y Minas controlaría los precios y su exhibición en los expendios. Los comercios deberían mostrar el precio tope junto con el valor de referencia anterior, bajo sanciones previstas en el Código Tributario y la Ley de Protección al Consumidor y Usuario.

El diputado Gerson Barragán, integrante de la comisión por el bloque Viva, afirmó que el mecanismo fue diseñado sin préstamos. Rudy Pereira, también miembro de esa instancia, señaló que se consideraron planteamientos de transportistas y consumidores para definir qué parte de los impuestos podía eliminarse y cuál debía cubrirse con un subsidio.