Luego de finalizar las fiestas y los actos solemnes de Independencia, el Congreso de Guatemala retomará labores con el análisis de las objeciones planteadas en contra de la Ley de Estabilización de Precios de los Combustibles, un decreto que busca fijar precios tope para los combustibles.
La medida contempla una asignación de Q2.500 millones (USD 325 millones) para sostener el precio del galón de diésel y gasolina regular en Q39 (USD 5,06). La gasolina superior tendría un valor de referencia de Q41 (USD 5,32).
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El decreto fue aprobado de urgencia nacional el martes 8 de septiembre con el respaldo de 130 de los 160 diputados. Su aplicación se activa cuando los combustibles superan los precios establecidos para el consumidor y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo que los recursos se agoten o disminuyan los valores internacionales.
Las observaciones fueron presentadas el jueves por el diputado Allan Rodríguez, del bloque opositor Vamos, antes de que la norma fuera trasladada al Ejecutivo para su sanción o veto. El legislador utilizó el mecanismo previsto en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, lo que obliga a que el pleno conozca y discuta sus reparos antes de que el trámite continúe.
Luis Contreras, presidente del Congreso guatemalteco confirmó durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la Junta Directiva abordará el asunto y definirá los pasos siguientes. El presidente del Legislativo anticipó que otros diputados podrían plantear nuevos cuestionamientos durante la sesión.
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Contreras no descarta buscar otro mecanismo
La normativa fija un precio tope para los combustibles mediante recursos públicos, pero su aprobación no alcanzó la aceptación esperada entre la población. Contreras admitió que el Congreso consideró inicialmente que la iniciativa podía ofrecer una respuesta al encarecimiento.
El titular del Legislativo sostuvo que la medida debe ser revisada si no logra respaldo social. “Creímos que esa iniciativa era una buena, pero las leyes, si no llegan a la población con agrado, no funcionan, y nosotros lo entendemos”, afirmó.
Es por ello que, según Contreras, se analizarán otras alternativas, como un beneficio directo. Guatemala tiene aproximadamente cinco millones de vehículos y una población cercana a los 15 millones de habitantes, por lo que el subsidio no alcanzaría de manera inmediata a todos los ciudadanos.
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No obstante, el presidente del Congreso recordó que el diésel concentra una parte de las preocupaciones por su uso en actividades productivas y de transporte. Contreras lo definió como “el motor que mueve la economía de este país” y mencionó al transporte de carga, el servicio extraurbano y otros sectores dependientes de ese combustible.
Las objeciones jurídicas y el posible retraso del decreto
Allan Rodríguez, diputado opositor presentó las objeciones a la ley que serán conocidas este miércoles. Señaló cuatro aspectos que, a juicio de su bancada, requieren revisión jurídica. Entre ellos mencionó una posible vulneraciones a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo e incongruencias entre los artículos del decreto aprobado.
La Junta Directiva podría incorporar el asunto a la sesión prevista para el 22 de septiembre, debido a que el asueto del 15 de septiembre dificultó convocar una reunión ordinaria esta semana. Rodríguez pidió que se reúna a los jefes de bloque para acelerar el procedimiento y planteó la posibilidad de sesionar durante el fin de semana, el lunes o el día festivo.
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El jefe del bloque CREO, Cristian Álvarez, estimó que el recurso aplazará entre dos y tres semanas la ayuda prevista para los consumidores. También advirtió que, si el pleno aprueba las objeciones, el decreto deberá volver a discutirse desde el inicio.
“Van a ser dos semanas o tres más para que se haga viable lo que el presidente Bernardo Arévalo pidió para tratar de solucionar la crisis”, dijo Álvarez.
La diputada oficialista Victoria Palala coincidió en que el trámite retrasará entre una y dos semanas el apoyo y cuestionó que Rodríguez presentara las observaciones después de haber participado en discusiones previas.
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Las manifestaciones por el alza de los combustibles han generado complicaciones de movilidad en distintos puntos del territorio guatemalteco. Algunos sectores reclaman la eliminación de impuestos, mientras el Congreso mantiene suspendido el avance del decreto hasta que el pleno resuelva las objeciones.
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