Con el aval de 130 diputados, el Congreso de Guatemala aprobó de urgencia nacional el Decreto 21-2026, con el que se establece un tope al precio de las gasolinas y el diésel, mediante un nuevo subsidio.
La nueva Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos establece un “mecanismo de compensación económica para el precio de referencia de venta al consumidor final para los combustibles” dejando los precios de la siguiente manera:
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- Diésel Q39 (USD 5.06)
- Gasolina Regular Q39 (USD 5.06)
- Gasolina Super Q41 (USD 5.32)
“Dichos montos constituyen el precio de referencia de venta al consumidor final y operará como precio máximo de venta al consumidor final”, señala el documento.
Para lograr un precio fijo, el gobierno hará una readecuación presupuestaria para construir un fondo de Q2.500 millones (USD 325 millones). Estos recursos compensarán a los importadores cuando los precios rebasen el umbral establecido.
Los precios topes se aplicarán de manera obligatoria en todo el territorio nacional y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, a partir de la publicación del Reglamento que deberá elaborar el Ejecutivo.
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Puede terminar antes
No obstante, la Ley establece que el subsidio podrá terminar antes de lo establecido por las siguientes razones:
- Cuando se agote la disponibilidad presupuestaria autorizada por la ley.
- Cuando los precios internacionales del diésel se reduzcan por debajo de los USD 3 por galón, la gasolina super a USD 2.90 y la regular a USD 2.80. Esto, durante 15 días consecutivos.
- Tampoco se reconocerá el apoyo social temporal que sean distribuidos para su consumo fuera del territorio nacional.
Menos recursos para Seguridad
La Ley contempla una readecuación presupuestaria de varias partidas que incluyen reducciones a varios ministerios, incluido el de Gobernación que se encarga de la seguridad ciudadana.
De acuerdo con el documento aprobado por los diputados con el aval del Ejecutivo, las instituciones con reducciones a su presupuesto serán los siguientes:
- Ministerio de Gobernación: Q353.596,000 (USD 45.9 millones)
- Ministerio de Economía: Q432,054 (USD 56.1 mil)
- Superintendencia de Telecomunicaciones: Q10.950,700 (USD 1.4 millones)
- Acuerdo de pago por Reducción de Emisiones: Q129.000,000 (USD 16.7 millones)
- Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif): Q13.661,872 (USD 1.8 millones)
En tanto, la propuesta también establece un incremento al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de Q1.787.640,626 (USD 232.2 millones), al tiempo que establece al Ministerio de Energía y Minas (MEM) como rector de la iniciativa.
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Con el Congreso rodeado y a puertas cerradas
La nueva Ley fue creada después de casi dos semanas de protestas en donde diversos sectores bloquearon calles importantes del país.
Incluso, la iniciativa no estaba hecha. Aunque el presidente Bernardo Arévalo anunció desde ayer lunes 7 de septiembre un precio tope, no había nada por escrito, razón que atrasó hasta las 18 horas el inicio de la sesión plenaria convocada a las 2 de la tarde.
El, ahora decreto, se hizo a puertas cerradas y la mayoría de los diputados no conocía qué iban a aprobar, aún así se contó con 130 votos a favor, luego de lograr los consensos con las bancadas.
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Además, durante las primeras horas de la mañana, autoridades de 48 Cantones de Totonicapán y representantes de la Alcaldías Indígenas de Sololá realizaron una caminata dentro de la Ciudad de Guatemala y se reunieron con el presidente Bernardo Arévalo para exigir una solución inmediata, bajo la advertencia de incrementar las medidas de hecho, como la toma del Aeropuerto Internacional La Aurora.
La sesión plenaria se desarrolló bajo la mirada de los líderes indígenas. Mientras que otras organizaciones civiles como la Asociación de Comerciantes de Mercados Unidos rodearon el Palacio Legislativo y bloquearon las salidas para evitar que los diputados se retiraran previo a aprobar una solución.
Al finalizar la sesión, los líderes de los pueblos originarios manifestaron que no estaban de acuerdo con lo aprobado porque no cumplía con sus exigencias, pero afirmaron que beneficiará a la población guatemalteca ante el constante incremento de los combustibles y dieron por finalizada la protesta.
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“No es lo que nosotros queríamos. No estamos de acuerdo con la aprobación que se hizo, pero es un avance. Los diputados no le habían dado importancia y los pusimos a trabajar… este es el principio de lo que queremos exigir”, afirmó uno de los líderes indigenas de Sololá.
Además, afirmaron que volverán a reunirse con la población para que se establezcan cuáles serán las líneas a seguir en los próximos días, luego de que se aprobó la ley, debido a que aún quedaron pendientes varias de sus peticiones.
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