Panamá y Guatemala encabezan las proyecciones de crecimiento para Centroamérica en 2026, con tasas de entre 4% y 4.5%, según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026 que la CEPAL presentó el jueves en Santiago de Chile.
La subregión crece por encima del promedio latinoamericano, pero la CEPAL advierte que ese dinamismo descansa sobre dos pilares frágiles: las remesas desde Estados Unidos y una informalidad laboral que ronda el 50% de la fuerza ocupada.
El informe, titulado Crecimiento y productividad en un contexto de alta informalidad, fue presentado por el secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar-Xirinachs.
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Su argumento central es que la informalidad no es solo un problema laboral: es el mecanismo que perpetúa la trampa de bajo crecimiento, porque las empresas informales no pueden incorporar tecnología, acceder a crédito ni acumular capacidades productivas.
El mapa centroamericano
Nicaragua lidera la subregión con una proyección de 4.5% para 2026, seguida de cerca por Panamá (4.4%) y Guatemala (4%). El Salvador proyecta 3.9%, Costa Rica 3.7% y Honduras 3.5%. República Dominicana, incluida en el análisis subregional, también alcanza el 4%.
Esas cifras contrastan con los dos casos que arrastran el promedio hacia abajo. Cuba registraría una contracción de 10.3% en 2026, la más pronunciada de toda América Latina y el Caribe, mientras que Haití caería 1.9%, afectado por una crisis sociopolítica que ningún indicador macroeconómico logra contener.
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Si se excluye a ambos países, Centroamérica crece a un ritmo de entre 3.5% y 4.5%, muy por encima del conjunto regional.
Remesas y vulnerabilidad
En Honduras, los flujos de remesas desde Estados Unidos equivalen a entre el 20% y el 22% del PIB y crecieron 25% en 2026. En El Salvador y Guatemala, ese crecimiento fue de 19% en el mismo período.
El dinero enviado por la diáspora sostiene la demanda interna, estabiliza la balanza de pagos y financia el consumo de millones de familias que de otro modo quedarían fuera del sistema económico formal.
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Esa dependencia convierte a las economías centroamericanas en receptoras pasivas de shocks externos.
Una desaceleración del mercado laboral estadounidense, un endurecimiento de las políticas migratorias o una recesión en los sectores donde trabaja la diáspora se traducen directamente en menos ingresos para los hogares más vulnerables de la subregión.
Costa Rica y la formalización
Dentro de Centroamérica, Costa Rica es el caso que más se aleja del patrón regional en materia de informalidad. Entre 2019 y 2025, redujo su tasa de trabajadores informales en un 19.5%, la mayor baja registrada en la subregión durante ese período.
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El informe atribuye parte de ese resultado a reformas legales que simplificaron el régimen fiscal para microempresas y facilitaron su inscripción formal.
La CEPAL también proyecta para Costa Rica un crecimiento de 3.9% en 2027, superior al 3.7% de este año, lo que la ubica en una trayectoria ascendente dentro de la subregión.
El Banco Central de Costa Rica estima un crecimiento algo menor, de 3.4%, lo que refleja la diferencia de metodologías entre ambos organismos.
El peso de la informalidad
Cerca del 50% de los ocupados en Centroamérica trabaja en condiciones informales, con predominancia de micronegocios sin acceso a seguridad social ni crédito formal.
En Nicaragua y Honduras, esa proporción es especialmente alta. El crecimiento económico de los últimos años no se ha traducido en una formalización sostenida ni en aumentos de productividad, porque las ganancias se concentran en el sector formal, que emplea a menos de la mitad de la fuerza laboral.
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Los gobiernos de la subregión han respondido con medidas parciales: subsidios temporales a combustibles y electricidad en Honduras y Guatemala, digitalización de trámites en República Dominicana y ventanillas ágiles de registro empresarial en varios países.
La CEPAL reconoce esos avances, pero subraya que son insuficientes sin políticas articuladas de desarrollo productivo, acceso al financiamiento y capacitación.
El cuadro regional
El panorama centroamericano se inserta en un cuadro regional de bajo crecimiento persistente. La CEPAL proyecta una expansión del 2.2% para el conjunto de América Latina y el Caribe en 2026, tras el 2.4% de 2025, con una recuperación parcial al 2.5% en 2027.
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De confirmarse esas cifras, la región completará cinco años consecutivos con un promedio cercano al 2.3% anual.
Ese ritmo es insuficiente para elevar el ingreso por habitante de forma sostenida, cerrar brechas de desarrollo o ampliar el margen de maniobra de las políticas públicas. La tasa de desocupación bajó al 5.3% y la informalidad regional descendió levemente, del 47.7% al 47.2% entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026.
Quién crece más y quién menos
Guyana es el caso excepcional del continente: proyecta un crecimiento de 16.2% impulsado por su producción petrolera. Sin ese país, el promedio del Caribe cae al 11%. Venezuela proyecta 6.5% y Paraguay, 4.3%, ambos por encima del promedio regional.
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En América del Sur, Perú crecería 3.2% y Colombia, 2.6%. Brasil, la mayor economía de la región, avanzaría 2.2%, al igual que Ecuador. En el extremo inferior, México proyecta 1.3%, cifra que la CEPAL revisó a la baja respecto de la estimación de abril pasado, cuando era de 1.5%, Uruguay 1.5% y Bolivia 0.5%.
La propuesta de la CEPAL
La CEPAL plantea que reducir la informalidad no es una meta social separada del crecimiento: es una condición para que el crecimiento sea sostenible. El informe identifica cuatro ejes de acción.
En el plano laboral, propone fortalecer programas de capacitación vinculados a sectores dinámicos y reducir brechas de género.
En el fiscal, apunta a sistemas de protección social que no penalicen la formalización y a trayectorias progresivas de incorporación al sistema formal.
En el financiero, pide rediseñar la banca de desarrollo y ampliar sistemas de garantías para los segmentos productivos excluidos del crédito.
El cuarto eje es el desarrollo productivo: apoyo a pequeñas y medianas empresas con énfasis en extensionismo tecnológico, intervenciones territorializadas y sistemas de monitoreo que permitan evaluar resultados.
La deuda pública promedio de la región ronda el 52% del PIB y supera el 70% en el Caribe, lo que limita el espacio fiscal disponible para implementar esas políticas.
El organismo concluye que la coordinación entre el Estado, las empresas, los trabajadores y las instituciones financieras es la única vía para generar un círculo virtuoso de mayor productividad, formalización y crecimiento.
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