El presidente del Congreso de Guatemala, Luis Contreras, impulsará sesionar martes y miércoles para liberar los jueves de interpelaciones, en un intento por destrabar una agenda legislativa que, además de sufrir suspensiones por falta de quórum, mantiene a 12 ministros del gobierno de Bernardo Arévalo bajo arraigo y sin poder salir del país al menos hasta octubre.
La dimensión del bloqueo aparece en el calendario ya aprobado por el Legislativo: desde el 27 de agosto están programadas interpelaciones para 12 de los 14 integrantes del gabinete, con una agenda que se extiende por lo menos hasta el 22 de octubre. Durante ese trámite, los ministros no pueden abandonar el territorio nacional.
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Contreras planteó el cambio después de otra sesión suspendida por falta de quórum. En declaraciones a los medios de comunicación y compartidas en canales oficiales, el presidente legislativo sostuvo que la solución podría pasar por sumar una jornada ordinaria y reservar el jueves para el control político que la Constitución reconoce a los diputados.
“Que eliminemos o que sesionemos una vez más, tal vez martes y miércoles podría ser, y dejar el jueves para esto, porque la interpelación es un derecho constitucional de los diputados”, dijo al medio. Sobre la parálisis que provoca el esquema actual, añadió: “Es una pérdida de tiempo”.
La interpelación al ministro Abelardo Pinto lleva nueve meses sin concluir
El caso que mejor resume el atasco es el del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. Su interpelación comenzó formalmente el 13 de noviembre de 2025, aunque la solicitud había sido presentada desde el 28 de enero de ese mismo año por la diputada Lourdes Teresita de León Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza.
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El inicio se demoró por la acumulación de otras solicitudes pendientes hasta la sesión ordinaria número 45. En esa primera comparecencia, Pinto respondió 15 de las 20 preguntas básicas, pero la sesión volvió a interrumpirse por falta de quórum y dejó cinco respuestas pendientes.
El proceso se reanudó el 22 de enero de 2026 con la fase de preguntas adicionales. Nueve meses después del arranque formal, esa etapa sigue abierta y todavía hay cinco diputados pendientes de intervenir, un dato que exhibe hasta qué punto el mecanismo puede extenderse sin una resolución inmediata.
Contreras describió así la suspensión de la sesión de este jueves 20 de agosto: “Dimos casi cuarenta minutos para suspender la sesión. No teníamos el quórum. Se suspendió como manda la ley”. La frase sintetiza una rutina parlamentaria en la que el jueves queda consumido por trámites inconclusos y sin avances en otros asuntos.
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El mecanismo constitucional impide a los ministros salir de Guatemala durante el proceso
La interpelación está prevista en el artículo 166 de la Constitución Política de Guatemala como herramienta de control sobre el Ejecutivo. El procedimiento obliga a los ministros a comparecer ante el pleno y responder los cuestionamientos formulados por los diputados.
Si al final del proceso el Congreso aprueba un voto de falta de confianza por mayoría absoluta, el funcionario debe presentar su renuncia o puede ser removido. Mientras el trámite permanece abierto, queda sujeto a arraigo y no puede salir del país.
Ese efecto práctico es el que vuelve más delicada la agenda prevista para el gabinete de Arévalo. Como las interpelaciones pueden prolongarse por tiempo indefinido, el cronograma aprobado no garantiza que concluyan el 22 de octubre, aun cuando esa sea la última fecha fijada hasta ahora.
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Al ser consultada por Infobae, la diputada Lucrecia Marroquín, de la bancada Unionista, cuestionó ese uso del mecanismo en declaraciones citadas por la publicación. “La interpelación es un derecho que tiene todo diputado, pero no puede ser. Yo en la legislatura pasada le puse el mote del jueves de mentiritas”, afirmó.
Marroquín sostuvo que una interpelación no debería extenderse más de una o dos sesiones. A su juicio, la prolongación responde a intereses particulares antes que a un ejercicio efectivo de control político. “Se ha tratado, pero realmente esto es un derecho del diputado y es el diputado el que también la debe retirar”, señaló.
La definición sobre si el Congreso añadirá un día de sesiones ordinarias quedará en manos de la instancia de jefes de bloque. Por ahora, la propuesta de Contreras busca abrir espacio para la actividad legislativa sin tocar el derecho constitucional de interpelar, en un Parlamento atrapado por los jueves y con buena parte del gabinete condicionado por procesos que no tienen un plazo cierto de cierre.
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