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Guatemala identificó 1,276 posibles víctimas de trata entre 2025 y abril de 2026

El informe anual de la SVET reportó que los casos detectados afectaron principalmente a personas de 13 a 17 años y que la explotación sexual y la laboral fueron las modalidades con mayor incidencia nacional

Una ilustración conceptual muestra la lucha contra la trata de personas en Guatemala, donde figuras adolescentes vulnerables aparecen con siluetas amenazantes de fondo y cadenas rotas sobre el mapa del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala identificó 1,276 posibles víctimas de trata de personas entre 2025 y el primer cuatrimestre de 2026, y los adolescentes de 13 a 17 años siguieron como el grupo más afectado, con más del 68% de los casos atendidos en albergues especializados, según el informe anual presentado por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

El mismo reporte sitúa a la explotación sexual y a la explotación laboral como las modalidades de mayor incidencia en el país.

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Las acciones de prevención alcanzaron a más de 1,065,000 personas en todo el territorio a través de campañas como “Redes que Protegen” y “Tarjeta Roja a la Trata de Personas”. Las estrategias se dirigieron de forma diferenciada a niñez, adolescencia, mujeres, población indígena, migrantes y personas con discapacidad.

Del total de posibles víctimas identificadas en el periodo, 788 eran mujeres y 451 hombres. En la atención ambulatoria, el 61% de las víctimas fueron mujeres y el 39% hombres.

Según Danissa Ramírez, secretaria ejecutiva de la SVET, “las estructuras criminales continúan enfocando sus estrategias de captación en la niñez y la adolescencia, por lo que la prevención y la denuncia siguen siendo fundamentales”.

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Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, Escuintla y Alta Verapaz concentran la mayor incidencia reportada.

Una infografía detalla que 1.276 posibles víctimas de trata de personas se identificaron en Guatemala entre 2025 y abril de 2026, con predominio de explotación sexual y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las víctimas atendidas en albergues eran adolescentes de 13 a 17 años

El informe de la SVET también describe un patrón de vulnerabilidad asociado al nivel educativo. Entre los casos atendidos de forma ambulatoria, el 57% de las víctimas tenía educación primaria y el 29% nivel básico.

Ese perfil se combina con las modalidades del delito registradas con mayor frecuencia: explotación sexual, explotación laboral, matrimonio forzado, pornografía y reclutamiento de menores para grupos delictivos. El documento vincula esos niveles de escolaridad con una mayor exposición al reclutamiento.

En el frente judicial, la Fiscalía contra la Trata de Personas registró 616 acusaciones y 32 investigaciones en curso durante el periodo reportado. Las autoridades identificaron y desarticularon 24 estructuras criminales y realizaron 21 allanamientos.

Los órganos jurisdiccionales especializados emitieron 36 sentencias. De ese total, 24 fueron condenatorias y 10 absolutorias, con sanciones que incluyeron reparación digna, tratamiento psicológico, becas educativas y disculpas públicas para las víctimas.

En 2024 hubo 1.316 denuncias y la explotación sexual concentró la mayor parte de los casos

La dimensión más reciente del problema se apoya en la base documentada por el Informe de Estado en Materia de Trata de Personas 2024-2025, que consignó para 2024 un total de 1,316 denuncias recibidas por el Ministerio Público: 1,292 por el delito principal y 24 por remuneración asociada. La Fiscalía contra la Trata de Personas procesó 765 casos en investigación e identificó a 373 personas involucradas.

Dentro de esos expedientes, la explotación sexual concentró 543 casos, con 204 personas sindicadas. La explotación laboral y el trabajo forzado sumaron 150 casos.

Durante 2024, el 72.86% de las víctimas detectadas e identificadas fueron mujeres y el 24,52% hombres. El grupo de 13 a 17 años representó el 64.29% del total, con 270 adolescentes, y en los albergues especializados esa proporción subió al 65.64%.

La explotación sexual también encabezó los casos en esos centros, con el 50,26%, seguida por la explotación laboral con el 32.82% y el reclutamiento de menores para grupos delictivos con el 8.72%. En ese universo, el 97,95% de las víctimas eran guatemaltecas, el 76,41% mestizas y el 21,54% de etnia maya.

El reporte agrega que el 55,90% de las víctimas en albergues tenía escolaridad primaria y el 20.51% no contaba con ningún grado de educación formal. La Procuraduría General de la Nación atendió 824 denuncias asociadas a posibles casos de trata en 2024, y la ciudad de Guatemala concentró 390.

Los mecanismos de denuncia anónima operados por la Policía Nacional Civil junto con Crime Stoppers, a través del call center 1561, WhatsApp y la plataforma tupista.gt, generaron 267 investigaciones entre enero y diciembre de 2024 y otras 113 entre enero y mayo de 2025. El acumulado llegó así a 380 investigaciones.

De esas denuncias se derivaron rescates de 69 niños, niñas y adolescentes. El 60% de las víctimas rescatadas fueron mujeres y el 40% hombres, mientras que los departamentos con más rescates fueron Petén, Chiquimula y Zacapa, además de la capital, con 26 capturas de tratantes en ese periodo.

En el plano legislativo, el Congreso de la República aprobó el Decreto Número 3-2025, impulsado por la vicepresidenta Karin Herrera, para reformar la Ley del Régimen Penitenciario y el Código Penal con el fin de prevenir el ingreso de menores a centros de detención con fines de explotación.

La Corte Suprema de Justicia inauguró en marzo de 2025 el Juzgado de Primera Instancia Penal y el Tribunal de Sentencia Penal con competencia especializada en trata de personas en el departamento de Izabal, creados mediante el Acuerdo No. 55-2024.

La articulación regional incluyó la participación de Guatemala en la Octava Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas de la Organización de Estados Americanos y en la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. El informe cerró con recomendaciones para profundizar la prevención diferenciada, fortalecer la persecución penal proactiva y consolidar los mecanismos de reparación digna para las víctimas.

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