Las comisiones legislativas avanzan en el análisis de la iniciativa de ley 6347, que propone penas de hasta nueve años de prisión para delitos cibernéticos en Guatemala.
La propuesta busca establecer un marco jurídico para enfrentar los retos de la ciberseguridad, fortalecer la respuesta institucional y proteger tanto los datos personales como las infraestructuras digitales del país.
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El proyecto de ley introduce reformas al Código Penal, incorporando nuevos artículos para sancionar conductas delictivas en entornos digitales.
Entre ellos, el artículo 275 Bis penaliza el acceso ilícito a sistemas o bases de datos informáticos con sanciones de tres a seis años de prisión para quienes ingresen sin autorización a información protegida.
También se busca regular el delito de ataque a la integridad de los datos, castigando con tres a seis años de cárcel a quienes destruyan, alteren o hagan inaccesibles registros informáticos, siempre que se cause un perjuicio directo.
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Uno de los puntos más destacados es la inclusión del delito de ataque a la integridad de sistemas, cuya pena se eleva a seis a nueve años de prisión. Esta figura legal está dirigida a las acciones que afectan el funcionamiento de plataformas y servicios digitales esenciales.
Delitos contemplados y sanciones específicas
La iniciativa también prevé sanciones para el fraude informático, con penas de cuatro a seis años de prisión. Además, establece castigos de tres a cinco años para el uso indebido de dispositivos tecnológicos, como la producción, adquisición o distribución de herramientas destinadas a facilitar la comisión de delitos informáticos.
En la revisión de los artículos propuestos, los congresistas examinaron reformas al Código Procesal Penal y otras disposiciones que buscan mejorar la capacidad de investigación y persecución de estos delitos por parte de las autoridades competentes.
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Los delitos como la interceptación ilícita de comunicaciones, la falsificación digital, el robo de identidad y los ataques contra bases de datos también figuran entre las conductas penadas en la propuesta, que pretende dotar al país de un marco legal actualizado y eficiente.
Estado actual de la iniciativa en el Congreso
La discusión parlamentaria de la iniciativa de ley 6347 sigue abierta. El proyecto fue presentado en febrero de 2024 y obtuvo dictamen favorable con modificaciones en agosto de 2025. Después de superar dos debates en septiembre del mismo año, el pleno del Congreso decidió en abril de 2026 devolverlo a comisión para corregir deficiencias técnicas y revisar su contenido jurídico.
Actualmente, las comisiones de Economía y Comercio Exterior y de Asuntos de Seguridad Nacional trabajan en la unificación de criterios y la elaboración de un dictamen conjunto. El objetivo es definir cuestiones clave como la entidad responsable de la política nacional de ciberseguridad, la coordinación entre instituciones y la diferenciación entre ciberseguridad y ciberdefensa.
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En las reuniones recientes, los diputados han enfatizado que la proporcionalidad de las penas y multas debe ajustarse a estándares internacionales. La intención es evitar sanciones desproporcionadas o insuficientes, armonizando la normativa local con buenas prácticas globales en materia de delitos informáticos.
Por ahora, los diputados continuarán con el análisis, para que la propuesta regrese al pleno donde se determinará si se aprueba o no.
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