El Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala lanzó en conferencia de prensa la campaña “Déjame vivir, no me mates” para frenar la cacería y el tráfico ilegal de fauna silvestre, una práctica que, según la institución, amenaza el equilibrio de los ecosistemas y compromete recursos clave para la sociedad como el agua, los bosques, la seguridad alimentaria y la productividad del país.
La campaña busca informar y sensibilizar sobre la función de la vida silvestre en el mantenimiento de los ecosistemas naturales y en la provisión de bienes y servicios para la vida y la productividad de la sociedad guatemalteca, según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
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El organismo plantea que proteger la fauna también implica proteger el futuro de las próximas generaciones.
Guatemala es descrita como uno de los países megadiversos del mundo por su riqueza de especies, ecosistemas y recursos naturales. Esa biodiversidad es presentada como patrimonio natural del país y como base del desarrollo sostenible, el bienestar humano y la identidad nacional.
El marco sancionatorio guatemalteco ya prevé penas de prisión de cinco a 10 años y multas de Q10,000 a Q20,000, de acuerdo con la Ley de Áreas Protegidas 4-89 citada en el texto. Esas sanciones alcanzan el incumplimiento de las prohibiciones sobre caza y comercialización de fauna silvestre.
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La cacería altera procesos ecológicos y alimenta el comercio ilegal
Según el Conap, toda forma de cacería pone en riesgo a especies que cumplen un papel vital en la naturaleza, ya sea por consumo ilegal, trofeo, tráfico o comercio ilícito. Añade que la desaparición de animales rompe el equilibrio que sostiene los ecosistemas y el futuro de la población.
Esa presión, sumada al deterioro de los ecosistemas naturales, figura como una de las principales amenazas para la biodiversidad en Guatemala. El impacto no solo recae sobre las poblaciones de fauna silvestre: también altera procesos ecológicos esenciales como la dispersión de semillas, las dinámicas tróficas y la regeneración natural de los hábitats.
El Conap sostiene que la cacería persiste pese al marco normativo y mantiene una relación directa con el tráfico ilegal de vida silvestre. Muchos ejemplares cazados terminan en circuitos de comercialización ilegal como carne, mascotas, trofeos o derivados, una dinámica que introduce incentivos económicos y prolonga la actividad.
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La respuesta oficial se apoya también en la Estrategia Nacional contra el Tráfico Ilegal de Vida Silvestre 2020–2029, presentada como un instrumento de política pública para prevenir, controlar y reducir las actividades ilícitas que afectan a la fauna y la flora silvestres del país. Esa estrategia identifica al tráfico ilegal como un fenómeno complejo vinculado con la cacería furtiva, la tenencia ilegal y la comercialización no autorizada de especies y sus derivados.
La ley permite solo el aprovechamiento sostenible y prohíbe cazar en áreas protegidas
En Guatemala, la cacería está regulada por la Ley General de Caza, Decreto 36-04, que permite únicamente un aprovechamiento sostenible en función del estado de salud de las poblaciones silvestres, según el texto. La normativa prohíbe la caza de especies protegidas o en veda.
También prohíbe cazar en áreas protegidas y usar trampas, venenos o medios no autorizados. A eso se suma la prohibición de comercializar fauna silvestre en mercados, restaurantes, tiendas y otros establecimientos.
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La acción penal en estos casos es pública y que la protección de la fauna silvestre es una responsabilidad colectiva. Por eso, la campaña incorpora un llamado a la denuncia responsable y a la participación ciudadana.
Según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el enfoque oficial combina regulación, control, educación ambiental y participación comunitaria. El involucramiento de las comunidades locales, la participación del resto de la sociedad guatemalteca y la reducción de la demanda son factores necesarios para disminuir la cacería ilegal y conservar la biodiversidad.
La campaña nacional contra la cacería furtiva se alinea con los objetivos de la Estrategia Nacional contra el Tráfico Ilegal de Vida Silvestre al priorizar la sensibilización, la educación ambiental y la reducción del apoyo social a estas prácticas. El propósito, es desincentivar la compra, el consumo y la comercialización de fauna silvestre para debilitar los primeros eslabones de la cadena del tráfico ilegal.
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