El diputado Mario Villagrán dijo que el Congreso se dispone a acelerar una ley de protección de datos porque, según explicó en un foro sobre interoperabilidad e identidad digital, ese marco es necesario para que el RENAP pueda avanzar hacia la identificación digital de los ciudadanos y sostener con mayor seguridad el intercambio de información entre instituciones del Estado.
La urgencia convive con una expansión acelerada de los servicios del registro. En la exposición del ingeniero Jorge de León del RENAP, la institución pasó de más de 900 mil consultas en 2017 a más de 80 millones de consultas de validación de identidad, apoyadas en convenios con entidades como el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Villagrán, desde su papel en la Comisión de Seguridad Nacional, sostuvo que el dictamen de la ley debe apresurarse porque no solo impacta al RENAP, sino al conjunto de dependencias gubernamentales. También señaló que, a partir de la presentación de la institución, la protección de datos aparece como condición para el siguiente paso de la identidad digital.
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RENAP sostiene que ya tiene la base técnica para una identidad digital estatal
De León explicó que el RENAP opera con dos sistemas principales: uno de registro civil, que resguarda los hechos y actos de las personas naturales, y otro de identificación biométrica, SILAB, que almacena rasgos faciales y huellas dactilares de los guatemaltecos.
Según el funcionario, esa estructura permite validar de forma biométrica que quien se enrola o recibe un documento sea la persona que dice ser y evitar la usurpación de identidad.
El ingeniero detalló que la modernización se desarrolló por fases en los últimos siete años. Según su exposición, el proceso incluyó renovación de infraestructura tecnológica desde 2019, actualización de licencias de bases de datos, expansión de la capacidad del motor biométrico, modernización de estaciones de captura a nivel nacional y descentralización de centros de impresión desde 2022.
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Ese cambio también alteró los tiempos de atención. De León afirmó que la entrega de documentos pasó de 30 días a procesos que, en algunos centros, llegan a 45 minutos, y que en la zona siete de la capital puede completarse en 30 minutos desde el pago en el banco hasta la entrega del DPI.
El nuevo DPI y el plan para menores forman parte de la ruta 2026
De León presentó la nueva versión del Documento Personal de Identificación. Según indicó, el nuevo DPI incorpora una imagen a color y nuevas medidas de seguridad, mientras que la versión anterior en escala de grises seguirá vigente durante un periodo de transición.
El RENAP también trabaja en un DPI para menores. De León explicó que habrá una versión para niños de cero a siete años, en color dorado y sin huellas dactilares, y otra para personas de ocho a 17 años, con captura de huellas porque en esa etapa los rasgos ya están más definidos.
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La institución, además, amplió la impresión local de documentos. Según la exposición, ya imprime en 16 departamentos y mantiene atención en 348 municipios, oficinas adscritas y hospitales, con conectividad total para que cualquier registro realizado en una sede quede actualizado en tiempo real.
La identidad digital sigue atada a cambios normativos y a más inversión
El mensaje central del RENAP fue que la infraestructura actual permite pensar en una identidad digital civil gubernamental, pero todavía faltan condiciones. De León sostuvo que la transformación digital exige acreditar de forma segura la identidad de los ciudadanos en medios físicos y digitales, y que la institución ya cuenta con una base biométrica y biográfica sólida para hacerlo.
Según el funcionario, ese modelo requerirá controles transversales: cifrado de datos en tránsito y en reposo, autenticación multifactor, control de accesos por roles, bitácoras y continuidad operativa. También remarcó que la identidad digital debe ser un servicio seguro, trazable y verificable para todas las instituciones que consulten información del RENAP.
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Villagrán retomó esa idea y dijo que desde el Congreso ya se han realizado reuniones con asesores para revisar infraestructura tecnológica y apoyo a cambios legales. Según expresó, si la normativa de protección de datos no avanza, también se retrasa la implementación de la seguridad y de la identidad digital.
En materia de seguridad informática, el funcionario dijo que el RENAP cuenta con anillos de seguridad físicos y lógicos, servicios para repeler intentos de ataque, personal de monitoreo 24/7 y un centro que vigila alertas de servidores y seguridad informática. Añadió que, pese a noticias recientes sobre la institución, las dos bases principales de datos de los guatemaltecos están resguardadas y que los servicios no han dejado de prestarse en ningún momento.