El viceministro de Gobernación Estuardo Solórzano afirmó en el Congreso que cuatro de los 11 pandilleros que siguen prófugos tras la fuga de la cárcel de Fraijanes II en 2025 podrían estar fuera de Guatemala, una hipótesis que amplía la dimensión regional del caso mientras la investigación permanece bajo reserva en el Ministerio Público.
De los 20 reos que escaparon, las autoridades han recapturado a ocho y uno fue hallado muerto, según explicó Solórzano durante una citación con el diputado de la bancada VOS José Chic. Eso deja a 11 fugitivos aún pendientes de captura, de acuerdo con el funcionario.
Solórzano dijo que los cuatro que estarían fuera del país podrían encontrarse en El Salvador, Honduras, México y que “tal vez uno” estaría en Estados Unidos.
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La estimación, según el viceministro, surge del trabajo conjunto con el FBI y con la fuerza Vulcano en el seguimiento de integrantes del Barrio 18.
Ocho recapturados y un muerto redujeron a 11 los prófugos de Fraijanes II
La respuesta central del Ministerio de Gobernación es esta: de los 11 pandilleros que siguen prófugos por la fuga de Fraijanes II, se estima que cuatro habrían salido de Guatemala, mientras los otros continuarían en búsqueda dentro del país o en naciones vecinas, según Solórzano.
El viceministro describió la cooperación con autoridades estadounidenses como un trabajo sostenido y no reciente. “Con el FBI hemos venido trabajando constantemente en este tema”, dijo Solórzano durante la citación, y agregó que ya existe un fiscal en Estados Unidos designado para casos vinculados con grupos catalogados como terroristas que mantiene comunicación con el equipo en Guatemala.
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El mismo funcionario sostuvo que pronto esperan una nueva visita de ese fiscal, similar a la del año pasado. También vinculó ese trabajo a la clasificación de las pandillas como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, según su explicación en el Congreso.
Entre las primeras recapturas, varios de los fugados fueron ubicados en departamentos fronterizos con México. La detención más reciente ocurrió el 13 de marzo en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, cuando fue capturado José Carmelo Sinay Ortiz, alias “Inquieto” o “Style”, quien resultó herido al oponerse a su captura.
Gobernación descartó indicios de apoyo político y atribuyó la movilidad al dinero de las pandillas
Consultado por el diputado José Chic sobre una posible colaboración de estructuras políticas o económicas para facilitar la salida de los fugitivos al extranjero, Solórzano rechazó esa hipótesis. “Grupos políticos detrás de esto no hemos identificado”, respondió el viceministro.
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Su explicación fue otra: las pandillas tendrían capacidad propia de financiamiento para desplazarse dentro y fuera del país.
“Ellos cuentan con los recursos necesarios, sobre todo obtenidos a través de sus dos o tres modalidades principales de delito, que son la extorsión y el narcomenudeo, que les proveen de los recursos suficientes como para poderse movilizar en el extranjero”, dijo Solórzano.
El funcionario añadió que esos recursos también les permiten contratar abogados y sostener su estructura de funcionamiento. En la misma citación, señaló que esas organizaciones operan “como una empresa” por la forma en que se financian.
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Ese punto coincide con una referencia previa hecha por el director general de la Policía Nacional Civil: algunos privados de libertad coordinan con terceros la contratación de servicios aéreos y el alquiler de viviendas para facilitar su movilidad y ocultamiento, según indicó en su momento la PNC.
La investigación de la fuga sigue bajo reserva en el Ministerio Público
Sobre el avance del caso, Solórzano dijo que la investigación penal no está en manos del Ministerio de Gobernación, sino del Ministerio Público. “Es una investigación que está con el Ministerio Público”, afirmó el viceministro.
Añadió que el expediente sigue bajo reserva y que la cartera se ha limitado a entregar la información requerida por la fiscalía. “Estamos en la mejor disposición de seguir colaborando, pero en sí la investigación propia es el Ministerio Público quien la tiene”, sostuvo.
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Durante la citación también se discutió la ausencia de una querella del Ministerio de Gobernación o de la Procuraduría General de la Nación. Solórzano respondió que el ministerio no puede querellarse y que no ha solicitado a la PGN hacerlo; otro funcionario presente añadió que, por mandato legal, la investigación penal corresponde al Ministerio Público y que la Inspectoría solo desarrolla indagaciones administrativas disciplinarias.
En la misma sesión se mencionó que hay 22 personas detenidas bajo investigación por este caso, todas vinculadas al sistema penitenciario, aunque Solórzano aclaró que el detalle de responsabilidades y posibles facilitadores sigue sujeto a lo que determine el Ministerio Público.