El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, dijo en el XXIII Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo que espera la aprobación final de la iniciativa 6593 el martes 2 de junio, una ley que el sistema financiero considera necesaria para que Guatemala llegue con una norma actualizada a la evaluación de Gafilat prevista para febrero de 2027 y evite volver a la lista gris.
La iniciativa ya fue aprobada en tercer debate y ahora debe pasar por la discusión por artículos y la redacción final, según la información difundida por el Congreso de la República.
La evaluación regional examinará si el país cumple con una norma ajustada a las 40 recomendaciones de GAFI, de acuerdo con la misma fuente.
Contreras sostuvo en el evento que no hay diputados que se opongan públicamente a la ley, pero atribuyó la demora a “inquietudes” de los legisladores que aún deben discutirse.
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También explicó que, tras enmiendas introducidas al final del proceso, convocó a una reunión con la junta directiva, jefes de bloque, personal de la Intendencia de Verificación Especial y la Asociación Bancaria de Guatemala, y que otra cita quedó programada para el 25 de mayo con el objetivo de alcanzar consensos.
La presión por aprobar la ley se centra en remesas, comercio y evaluación internacional
En su intervención, Contreras afirmó que la norma no responde a una agenda de bancada, sino a una necesidad nacional. Lo expresó así: “Hay leyes que son de diputados, de un grupo de legisladores, pero esta ley es de país. El Congreso debe apoyar esta ley, no porque nadie no lo pide, es porque Guatemala lo pide, los diputados nos debemos al clamor por el país”.
El presidente del Congreso agregó que la falta de aprobación tendría efectos concretos sobre la economía. “Si nosotros no apoyamos esta ley vamos a tener problemas serios, las remesas se verán afectadas, el comercio con otros países no va a caminar. La Asociación Bancaria no va a tener las herramientas para combatir este flagelo que todos lo han dicho, no podemos permitir que en nuestro país se lave dinero, no lo podemos hacer”, dijo Contreras durante el congreso organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala.
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La Superintendencia de Bancos también pidió al Congreso aprobar la iniciativa 6593 en un comunicado oficial. Según la SIB, la ley constituye una “prioridad estratégica” porque Guatemala iniciará en 2027 su Quinta Ronda de Evaluación Mutua ante Gafilat y porque su aprobación ayudaría a proteger la economía, generar confianza para la inversión, preservar las relaciones financieras internacionales y reducir riesgos para el país, el sistema financiero y miles de familias.
Ese es el punto central de la discusión: la ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento ilícito del terrorismo busca actualizar el marco legal vigente para que Guatemala cumpla estándares internacionales antes de la revisión de 2027. Según Contreras, la norma además daría más herramientas a los jueces para interpretar la comisión de un delito.
El Congreso admite que el obstáculo pendiente es político, no técnico
Contreras dijo que la parte técnica de la iniciativa ya fue resuelta y que el problema pendiente es político. En el congreso afirmó: “La ley es para estar al nivel de otros países, la parte técnica ya la resolvimos, es la parte política que tenemos que resolver. La Ley de 2001 es muy rígida, y la nueva ley le da más capacidad a los jueces para interpretar un delito que es nefasto para el país”.
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En esa misma declaración, añadió: “Esta ley es jurídicamente mejor, está técnicamente mejor elaborada, vamos a tener una mejor ley, los diputados no debemos tener temores, ya que es una ley que necesita el país y la tenemos que apoyar”. También sostuvo, en declaraciones difundidas por el Congreso, que desde la presidencia del Legislativo respalda el proyecto y que la junta directiva y los jefes de bloque están a favor.
El titular del Congreso señaló además que la negociación requiere mayoría en un hemiciclo fragmentado. Indicó que lleva 24 años como diputado, que conoce la dinámica parlamentaria y que debe construir acuerdos entre 16 bloques legislativos y un diputado independiente para llevar la ley a su aprobación final.
Al encuentro también asistió el diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, la mesa desde la cual se analizó la iniciativa en el Legislativo. El congreso regional reunió además a autoridades del Banco de Guatemala, de la IVE y de la SIB.
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Guatemala ya enfrentó sanciones por debilidades en esta materia
La SIB recordó que el país arrastra más de dos décadas de ajustes en su sistema de prevención y combate al lavado de dinero. Según ese organismo, en 2001 Guatemala fue incluida en la lista negra de GAFI porque no contaba con legislación específica contra el lavado de dinero, ni con un régimen de personas obligadas, ni con una unidad de inteligencia financiera encargada de recibir y analizar reportes de operaciones sospechosas.
De acuerdo con la SIB, la respuesta incluyó la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en 2001, su reglamento en 2002 y la creación de la Intendencia de Verificación Especial como unidad de inteligencia financiera del país. Ese mismo proceso incorporó el régimen de personas obligadas y la aprobación de la Ley de Bancos y Grupos Financieros en 2002 para reforzar la supervisión del sistema financiero.
La superintendencia indicó que esos cambios permitieron que Guatemala saliera de la lista negra de GAFI en 2004. Contreras recordó en el congreso que él apoyó tanto la ley de 2005 como la reforma de 2010 para que el país dejara atrás la lista gris y expresó que espera que Guatemala no vuelva a esa condición.
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El presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, sostuvo durante la inauguración del CLADIT 2026 que este tipo de espacios fortalecen los marcos de prevención y supervisión financiera mediante el intercambio de experiencias y mejores prácticas. Según el banco central, González Ricci remarcó que la estabilidad económica y financiera requiere instituciones sólidas, transparentes y alineadas con los estándares internacionales.
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