La detención de Yesenia Alejandra Mayén Ruano y Luis Rolando López Velásquez, trabajadores del Registro Nacional de las Personas (RENAP) de Guatemala, marca un punto crítico en la investigación por la emisión de un Documento Personal de Identificación (DPI) falso, presuntamente utilizado por el mexicano Fernando Farías Laguna, quien fue capturado en Argentina mientras portaba esa documentación. La rápida intervención se produjo luego de que el RENAP detectara la presunta identificación irregular el pasado 24 de abril y activara inmediatamente sus protocolos institucionales, según informó la entidad en un comunicado oficial.
Como parte del proceso, la Inspectoría General del RENAP presentó ese mismo día una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP), cumpliendo con el artículo 298 del Código Procesal Penal. Fernando Farías Laguna, contralmirante mexicano señalado en su país de origen por liderar una red de tráfico ilegal de combustibles, permanecía prófugo desde agosto de 2025. Su detención en territorio argentino ocurrió portando un DPI guatemalteco, emitido bajo el nombre de Luis Lemus Ramos.
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El Ministerio Público inició una serie de diligencias que condujeron a la captura, el 30 de abril, de los dos empleados involucrados de la oficina 213 del RENAP en San José del Golfo, Guatemala. El RENAP imputó a Yesenia Alejandra Mayén Ruano los delitos de supresión y alteración continuada del estado civil. A Luis Rolando López Velásquez se le atribuyó incumplimiento de deberes y participación en los mismos cargos vinculados a la manipulación de registros oficiales.
El RENAP tomó medidas administrativas inmediatas, incluyendo el despido de ambos empleados, y no descarta “acciones adicionales conforme avance la investigación”, de acuerdo con la comunicación oficial de la institución. Según la entidad: “Estos hechos responden a conductas individuales de los señalados trabajadores de la oficina doscientos trece del municipio de San José del Golfo, quienes habrían participado de forma directa en el hecho delictivo, actuando de manera dolosa al margen de los procedimientos establecidos en contravención de la normativa vigente y en perjuicio del RENAP”.
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Trabajadores despedidos y denuncia ante el Ministerio Público tras el hallazgo en Argentina
Desde la detección del uso fraudulento del DPI en Argentina, el RENAP activó mecanismos de control y verificación para proteger la integridad jurídica del sistema registral y aseguró que la situación investigada no representa el modo de operar habitual de la institución. La entidad remarcó: “El RENAP opera bajo estrictos mecanismos de control y verificación que garantizan la seguridad jurídica del sistema registral”.
Los procesos administrativos contra los dos trabajadores comenzaron de inmediato y su despido ya fue formalizado, aunque la investigación penal sigue en curso y podría derivar en nuevas sanciones a medida que avance el caso. Ambas partes confirmaron la colaboración con el Ministerio Público, y nuevos datos oficiales serán comunicados exclusivamente por los canales institucionales del RENAP.
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La acusación sostiene que Yesenia Alejandra Mayén Ruano y Luis Rolando López Velásquez participaron directamente en la alteración y supresión de datos civiles, lo que facilitó la expedición irregular del documento utilizado por un fugitivo internacional de alto perfil. Este caso evidencia las vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por estructuras ilícitas, incluso a nivel transnacional.
Por mandato del artículo 298 del Código Procesal Penal, toda investigación sobre presuntos delitos en procesos registrales exige la intervención del Ministerio Público y acciones inmediatas por parte de las instituciones afectadas. El RENAP reiteró que el organismo mantiene un régimen estricto de control, y que este incidente es una excepción asociada a una conducta dolosa puntual.
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La detención de Fernando Farías Laguna en el extranjero, portando documentación guatemalteca adulterada, involucró la cooperación de entidades judiciales y administrativas de Guatemala y Argentina. Desde la denuncia hasta las capturas y las acciones administrativas, la respuesta oficial se desarrolló en menos de una semana, reflejando la prioridad asignada por el RENAP a la preservación de la seguridad y legalidad del sistema de identificación nacional.