Un nuevo avance legislativo podría transformar el panorama de las artes visuales en Guatemala, con la inminente aprobación de una Ley de Cine que promete fortalecer la producción nacional y profesionalizar el sector.
El debate actual se centra en el mecanismo de financiamiento, ya que la propuesta plantea que los recursos iniciales provendrían de un cobro a los viajeros que ingresan al país por vía aérea, una medida que ha generado resistencia en la industria turística y aérea.
La iniciativa ha superado ya dos de los tres debates requeridos en el Congreso guatemalteco, un hecho sin precedentes para el sector audiovisual del país.
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De acuerdo con Joaquín Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía, el proyecto resulta de “un esfuerzo sostenido por diversas generaciones de cineastas desde 2007” que, tras varios intentos fallidos, finalmente logró avanzar en el proceso legislativo.
El texto legal contempla la creación de un Instituto de Cine que centralizaría la gestión de la industria y daría pie a nuevas unidades y direcciones, abarcando desde la producción hasta la conservación del patrimonio fílmico.
Además, se prevé la fundación de una cinemateca nacional, tanto en formato físico como digital, con el objetivo de resguardar la memoria audiovisual de Guatemala.
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La propuesta también impulsa la creación de un Fondo de Fomento al Cine, que permitiría financiar proyectos en todas sus etapas, desde la escritura de guion hasta la postproducción. El propósito es que el cine guatemalteco deje de depender exclusivamente del esfuerzo individual y cuente con una política de Estado que lo reconozca como industria generadora de desarrollo.
La Ley de Cine, al establecer incentivos para atraer producciones extranjeras, busca que Guatemala compita en condiciones similares a las de Costa Rica o República Dominicana, países que ya cuentan con marcos legales robustos y han logrado una mayor proyección internacional.
Controversia por el esquema de financiamiento
El punto más debatido de la normativa es la forma de financiar el nuevo instituto. El esquema inicial contempla destinar tres USD de cada turista que llegue al país por vía aérea al desarrollo del cine nacional. Esta propuesta motivó el rechazo de sectores como la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas y la Cámara de Turismo.
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Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, manifestó que, si bien apoyan el desarrollo del cine, consideran que “el transporte aéreo no es el canal correcto” para recaudar fondos.
Rodas señaló que la Organización de Aviación Civil Internacional recomienda limitar los cargos en los boletos aéreos a servicios estrictamente relacionados con la operación aeroportuaria o el transporte.
Las organizaciones del sector turístico y aéreo han advertido que la medida podría afectar la competitividad del destino Guatemala y contravenir regulaciones internacionales. Ante esto, Ruano mencionó la posibilidad de modificar el modelo de financiamiento, orientándolo hacia esquemas de acreditación o incentivos fiscales, como sucede en otros países de la región.
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Incentivos y apuestas por la profesionalización local
Para los impulsores de la ley, su alcance excede la protección del cineasta. Pamela Guinea, socia fundadora de la Academia de Cine de Guatemala, considera que la legislación puede convertirse en una herramienta para la generación de empleo y la reactivación económica. Guinea indicó que han mantenido diálogo con diversas entidades para ajustar la normativa y asegurar que beneficie tanto a los creadores como a la economía nacional.
El régimen de incentivos previsto podría atraer producciones internacionales y, con ello, una mayor entrada de divisas y la profesionalización de técnicos y artistas guatemaltecos. El fondo de fomento permitiría que proyectos de distintos géneros y etapas encuentren respaldo institucional, generando nuevas oportunidades para cineastas emergentes.
Expectativas y desafíos frente a la aprobación final
Si la Ley de Cine recibe la aprobación definitiva en el Congreso, Guatemala podría sumarse al grupo de naciones centroamericanas con políticas audiovisuales integrales. El país, que ha visto surgir figuras como Jayro Bustamante o César Díaz, busca consolidar una industria capaz de competir en el mercado internacional y preservar su memoria cultural a través del cine.
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La expectativa de los cineastas y promotores de la ley es que el diálogo y las enmiendas permitan salvar los obstáculos del financiamiento.