El Congreso de la República de Guatemala retomará el lunes 6 de abril la discusión sobre el subsidio a los combustibles, una medida que se ha convertido en eje de tensión política tras el incremento de precios registrado durante las últimas semanas. La urgencia de este debate radica en la presión social y económica que implica el mantenimiento de los costos actuales, así como en la persistencia de desacuerdos internos que han paralizado la aprobación del proyecto en sesiones anteriores, según reporta Prensa Libre.
Durante la última sesión ordinaria, realizada el 25 de marzo, la iniciativa enviada por el Organismo Ejecutivo para subsidiar el precio de los combustibles estuvo a punto de ser aprobada de urgencia nacional. Sin embargo, los acuerdos políticos se quebraron después de que el bloque oficialista condicionara su voto a la aprobación simultánea de una ampliación presupuestaria por Q1.500 millones ($196,516,500.00), lo que llevó a la ruptura del quórum, informó Prensa Libre.
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La reanudación de las actividades legislativas está acompañada por la expectativa de concretar el subsidio al combustible, avanzar en la ley de lavado en segundo debate, y aprobar en tercera lectura la ley de puertos. Así lo declaró Luis Contreras, presidente del Congreso y líder del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), al medio Prensa Libre.
“Queremos aprobar el subsidio al combustible, queremos aprobar la ley de lavado en segundo debate y queremos aprobar la ley de puertos en tercer debate y redacción final, esa es la agenda país”, dijo.
Contreras anunció además que ha invitado a los representantes de los transportistas a reunirse con la instancia de jefes de bloque, con el objetivo de escuchar sus demandas y buscar una solución urgente para el precio del diésel. Subrayó la importancia de mantener la negociación continua, señalando: “Estoy invitando a los transportistas con los cuales ya tuve un diálogo para que vengan y nos digan, y estamos en constante negociación, para poder aprobar el subsidio al diésel que es tan necesitado en este momento”.
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El bloqueo político y el deterioro de la productividad legislativa
La décima legislatura, bajo la dirección de Contreras, ha sido criticada por expertos como Pablo Alejandro Solórzano, analista del Observatorio Legislativo, quien indicó a Prensa Libre que el trabajo parlamentario ha estado marcado por el cálculo político y las necesidades partidarias, lo que ha conducido a una baja productividad.
Solórzano enfatizó que “las decisiones que han tenido que tomar se basan precisamente en intereses que tienen que ver de cara a sus futuras decisiones políticas, sus futuras participaciones y en un año preelectoral estamos viendo cómo el Congreso de la República se está ordenando políticamente, lo cual lo ha hecho improductivo”.
La agenda legislativa enfrenta riesgos adicionales debido a la coyuntura preelectoral, que según estimaciones de analistas puede reducir tanto la cantidad como la calidad de los decretos promulgados este año.
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La causa central de la reciente alza en los combustibles, según el diputado Orlando Blanco, cuarto secretario de la Junta Directiva, no es únicamente externa: “Lamentable esta situación, pero todo esto tiene un punto de origen y es la debilidad, el contubernio de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas por no sancionar a toda esta gente que se ha encargado de especular. Llevamos ya más de un mes de una política de especulación”, declaró Blanco a Prensa Libre. Exigió, además, la comparecencia del ministro de Energía y Minas en el Congreso y pidió al presidente Bernardo Arévalo su destitución, ante lo que calificó de colusión con empresarios del sector.
La gravedad de la crisis se extiende al impacto en la canasta básica, un factor que el diputado Juan Carlos Rivera, primer secretario de la Junta Directiva, destacó como un problema que requiere la evaluación de múltiples propuestas legislativas para enfrentar la escasez de soluciones frente a la escalada de los precios, especialmente porque “la guerra continúa – en el medio oriente – y el alza en los precios también y el tema de la canasta básica se complica para los guatemaltecos”.
Los desafíos en la calidad normativa y la representación social
El trabajo legislativo reciente ha sido objeto de críticas no solo por la parálisis en torno al subsidio, sino también por decretos que han fallado en precisión técnica. Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), evaluó para Prensa Libre que las reformas al Código Municipal y la derogatoria de la Ley de Herencias, Legados y Donaciones carecieron de una redacción adecuada: “Probablemente había ideas buenas, lamentablemente no se materializó en una redacción precisa, entonces es un contrasentido”.
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En los procesos de elección de magistrados demandados por la Constitución, el Congreso ha cumplido formalmente sus funciones, aunque Quezada condenó el modo en que “pisotearon la dignidad de una altísima investidura como es una magistratura de la CC y eso pues sí dejó realmente una nota muy negativa por parte del Congreso y de los que se prestaron a este tipo de temas”.
El estancamiento en la aprobación del subsidio a los combustibles ha ampliado la percepción de distancia entre el Legislativo y las necesidades sociales y económicas de la población.
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