El ministro de gobernación de Guatemala, Marco Villeda, anunció que el Ejecutivo acudirá de inmediato a los mecanismos legales disponibles tras la suspensión provisional de la construcción de la cárcel El Triunfo, una obra considerada pieza clave en la política de seguridad nacional.
La decisión, tomada por una sala de apelaciones de Izabal después de un amparo presentado contra el proyecto, abre un escenario de litigio en tribunales para determinar si la obra puede continuar, según informaron este lunes periodistas de diversos medios de comunicación.
Villeda subrayó que para el gobierno guatemalteco es prioritario revertir la medida y garantizar que el fondo del amparo sea resuelto por las instancias judiciales competentes, ya que considera que la suspensión afecta directamente la estrategia de seguridad pública acordada a nivel nacional.
La última fase del proceso judicial muestra que el expediente fue remitido desde Izabal hacia Ciudad de Guatemala, pues ambos ministerios involucrados —el de gobernación y el de defensa— tienen su sede en la capital. Villeda declaró ante periodistas que “la sala de apelaciones de Izabal ha otorgado un amparo provisional y lo ha remitido directamente a Guatemala porque es una sala de Guatemala la que tiene la competencia para conocer, habida cuenta la sede de donde funcionan estos ministerios”, según reproduce la cobertura de los medios presentes.
A diferencia de otros recursos, este amparo fue concedido sin audiencia previa a las instituciones señaladas. Villeda precisó que ni el Ministerio de Gobernación ni el Ministerio de la Defensa fueron escuchados antes de la decisión, lo que, a su juicio, vicia el procedimiento y genera dudas sobre la solidez del fundamento legal presentado por los promoventes del recurso.
Sostuvo que esta omisión procesal constituye una de las principales vías de impugnación y motivo del recurso anunciado, pues entiende que se trata de un acto judicial que requiere pleno respeto a las garantías procedimentales.
Villeda destacó su compromiso con el Estado de derecho y enfatizó que el Ejecutivo utilizará “las instancias legales que deben conocer este asunto”, reafirmando que recurrirán todos los canales judiciales disponibles para lograr que la suspensión sea revisada por los tribunales con competencia territorial en la capital, en línea con la normativa que rige la sede de los ministerios implicados.
El ministro también cuestionó la legitimidad de quienes interpusieron el amparo, porque entiende que para presentar este tipo de recurso resulta indispensable demostrar un interés concreto. Según planteó, “el recurso fue presentado basado en hechos supuestos”, por lo cual solicitó que se analice si efectivamente quienes promovieron la acción cumplen con los requisitos legales para ello.
La construcción de la cárcel El Triunfo había comenzado oficialmente el viernes anterior con la colocación de la primera piedra en un acto encabezado por el presidente de Guatemala.
Desde ese momento, el proyecto fue presentado por el Ejecutivo como un refuerzo central para la seguridad nacional. Ahora, la suspensión provisional obliga a dilucidar en tribunales tanto la competencia territorial como la legitimidad de los demandantes, así como la argumentación jurídica en torno al procedimiento adoptado por la sala de Izabal, de acuerdo con lo expuesto por Villeda.
Resolución de la Sala mixta
La Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Izabal ordenó la suspensión inmediata de la construcción del centro de detención de máxima seguridad “El Triunfo” en Guatemala, medida que afecta directamente a la estrategia de seguridad penitenciaria impulsada por el Gobierno de Bernardo Arévalo.
La resolución, dictada por el tribunal como respuesta a un amparo presentado por ciudadanos particulares, detiene el avance del proyecto carcelario sobre un terreno expropiado al narcotráfico, según consta en la decisión judicial. La Sala Mixta de Izabal justificó la medida con el objetivo de prevenir “daños de difícil reparación”, resaltando que la suspensión es inmediata y provisional, de acuerdo a la orden oficial.
El plan de construir esta prisión buscaba albergar a líderes de maras, pandillas y grupos criminales organizados transnacionales y terroristas. La suspensión afecta uno de los proyectos más relevantes del Ejecutivo y obliga a replantear las acciones en materia penitenciaria, según consta en el expediente judicial.