El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala confirmó la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla, impedimento que, de acuerdo con los artículos 94 y 95 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como el artículo 22 de su reglamento, prohíbe que el nombre, símbolo o emblema del partido cancelado sean utilizados o registrados por cualquier organización política antes de transcurridos diez años desde la oficialización de la medida.
La resolución, publicada el viernes en el Diario Oficial, sella el destino del partido con el que los actuales presidente Bernardo Arévalo y vicepresidenta Karin Herrera alcanzaron la jefatura del Ejecutivo tras imponerse en las elecciones generales de 2023.
El cierre del proceso legal se formalizó después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) desestimó el jueves 26 de marzo las últimas dos acciones interpuestas por Movimiento Semilla.
Según informó el diario Prensa Libre, los cinco magistrados titulares fallaron por unanimidad y ratificaron un fallo previo del juzgado séptimo penal que ordenaba la anulación del partido oficialista, dejando sin efecto el recurso de apelación presentado por la agrupación tras la emisión dela medida cautelar.
El artículo 94 de la Ley Electoral establece que ninguna agrupación puede volver a usar o registrar la identidad gráfica ni denominación de un partido cancelado por el Tribunal Supremo Electoral antes del plazo de diez años, lo que excluye a la organización de cualquier próxima contienda electoral como la de 2027.
El Movimiento Semilla quedó inhabilitado después de una prolongada disputa judicial sin precedentes recientes. Según Diario Prensa Libre, la controversia inició con una denuncia del Ministerio Público (MP), que detectó presuntas irregularidades en el proceso de afiliación durante la fundación del partido, incluso con la inclusión de personas fallecidas en los padrones.
Las investigaciones derivaron en procesos penales que resultaron en sentencias condenatorias mediante aceptación de cargos para algunos integrantes de la agrupación.
El Tribunal Supremo Electoral resolvió el proceso de apelación quince meses después de su presentación, el 29 de noviembre de 2024, una decisión que coincide con el cambio de administración en el organismo y que fue firmada por los cinco magistrados salientes: Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Rafael Rojas, Mynor Franco y Blanca Alfaro —esta última en disidencia—, en una de las últimas resoluciones del pleno anterior. Durante la deliberación, el tribunal señaló que “las autoridades del Registro de Ciudadanos no tuvieron otra opción que cumplir con la cancelación”, dado el mandato judicial del juez Fredy Orellana.
La respuesta de los diputados oficialistas, ahora abocados a la formación de una nueva plataforma política rumbo a 2027, llegó mediante un comunicado de prensa en el que criticaron: “La Corte de Constitucionalidad saliente deja un precedente grave para la democracia. Podrán perseguir partidos, pero no podrán borrar la voluntad del pueblo de transformar Guatemala. De Semilla nace Raíces”, según los publicado en sus redes sociales.
De acuerdo con lo publicado en el edicto oficial, la cancelación del partido Movimiento Semilla se convirtió en un hecho irreversible tras confirmarse que todos los recursos legales posibles han sido agotados, descartando la participación de la agrupación en las siguientes elecciones y sentando un precedente importante para el sistema político guatemalteco.
Resolución judicial dispone la eliminación del partido del presidente Arévalo
Un juez penal de Guatemala ordenó el 28 de noviembre de 2024 la cancelación del Movimiento Semilla, el partido político del presidente Bernardo Arévalo, por presuntas irregularidades en su proceso de inscripción. La decisión se produjo como resultado de una nueva acción de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) durante las investigaciones por un supuesto fraude electoral, según confirmaron a la prensa tanto el jefe de dicha fiscalía, Rafael Curruchiche, como registros de medios locales.
La orden del juez Fredy Orellana se fundamenta en la acusación de que el Movimiento Semilla presentó firmas apócrifas en 2017, invocando una legislación sobre crimen organizado que faculta a los jueces para suspender o cancelar personas jurídicas implicadas en actividades ilícitas. Orellana emitió la resolución antes de que una reforma a esta normativa, aprobada por el Congreso el 25 de noviembre, entre en vigencia; la modificación legislativa permitiría devolver la habilitación al partido, que permanece suspendido desde la elección de Arévalo en agosto de 2023.
Desde la segunda vuelta electoral de junio de 2023, las acciones lideradas por la fiscal general Consuelo Porras, Curruchiche y Orellana han sido parte de un proceso judicial dirigido contra el presidente y sus aliados, en un periodo en el que Arévalo afirmó su compromiso de combatir la corrupción. Como consecuencia de su conducta, los tres funcionarios han sido sancionados por Estados Unidos, cuyas autoridades los describen como “antidemocráticos” y “corruptos”.
Expertos citados por medios locales señalaron que el órgano competente para resolver los litigios sobre partidos políticos sería el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y no los tribunales penales.