El Instituto Guatemalteco de Migración logró un 86 % de avance en las metas establecidas para el año 2025 en la aplicación de la política migratoria nacional, cifra que refleja una mejora sustancial en la atención a migrantes, retornados y refugiados, así como una mayor efectividad en las estrategias para garantizar una migración digna y segura.
De acuerdo con el informe difundido por el Instituto, este progreso se fundamenta en la integración activa de entidades estatales y responde a las obligaciones definidas en el Código de Migración, donde la coordinación ha sido un factor determinante.
La consolidación de la política migratoria vio la participación articulada de 38 de las 41 instituciones estatales clave, lo que permitió ejecutar acciones estratégicas en beneficio de la población migrante. Un dato que diferencia este avance respecto a ciclos anteriores es la apertura de once nuevos centros de impresión de pasaportes, logrando duplicar la infraestructura existente y alcanzar veintidós sedes habilitadas en apenas dos años, según señala el Instituto Guatemalteco de Migración en su último balance oficial.
Durante el periodo evaluado, más de 11.000 ciudadanos guatemaltecos recibieron orientación legal a través de las misiones consulares en Estados Unidos. En paralelo, el Ministerio de Trabajo posibilitó la colocación de 4.393 nacionales en empleos temporales en el extranjero, mientras que el Ministerio de Educación certificó el logro académico de 5.909 migrantes, facilitando su continuidad educativa, conforme detalla el informe presentado por el Instituto Guatemalteco de Migración.
Más de 10 mil personas retornadas recibieron atención sanitaria y programas de integración
En materia de salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social atendió a más de 10.000 personas retornadas en la Ciudad de Guatemala y el municipio fronterizo de Ayutla, San Marcos. Además, un aspecto relevante durante el segundo año de implementación de la política fue el otorgamiento del estatuto oficial de refugiado a 283 personas, así como la incorporación de 160 retornados al sistema educativo nacional.
Entre las iniciativas de reintegración laboral, 1,311 ciudadanos repatriados participaron en procesos de capacitación para el empleo y, de ellos, 850 personas lograron ingresar al mercado laboral.
Como parte de los avances en gestión y administración, el Instituto Guatemalteco de Migración reportó la formación de más de 1,800 funcionarios pertenecientes a quince dependencias estatales, reforzando la especialización en temas priorizados dentro de la política migratoria.
La mejora en servicios migratorios se refleja en la duplicación de la infraestructura para expedición de documentos, aspecto que ha facilitado el acceso a trámites fundamentales para la población migrante.
La creación de espacios especializados y principios rectores de la política
En tecnología y gestión de datos, fueron creados seis espacios especializados para el tratamiento de la información migratoria, como etapa previa a la futura Oficina Coordinadora Sectorial Estadística (OCSE), que se proyecta como organismo de referencia en asuntos migratorios.
Esta aproximación técnica se integra dentro de los cuatro ejes estratégicos definidos por el Instituto: protección de los derechos humanos y atención a grupos vulnerables, integración y reintegración sostenible, prestación de servicios migratorios y consulares, y gestión de fronteras orientada al desarrollo sostenible.
El marco normativo se rige por principios como el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la perspectiva de género, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, la unidad familiar, la no criminalización, el principio de no devolución, y la migración ordenada y regular. El avance reportado responde también a la corresponsabilidad institucional, enfatizando el compromiso permanente con la implementación efectiva de los lineamientos acordados.
El Instituto Guatemalteco de Migración, junto con las entidades estatales participantes, destacó el enfoque en la consolidación y coordinación interinstitucional para alcanzar estándares de protección y dignidad en la movilidad humana, un fenómeno que afecta anualmente a miles de ciudadanos del país.