Las principales organizaciones campesinas y representantes comunitarios de Baja Verapaz, Escuintla y Quetzaltenango brindaron una conferencia de prensa por medio de la cual reclamaron al gobierno de Guatemala el incumplimiento de compromisos asumidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen medidas concretas de reparación para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno.
Según el comunicado, la falta de ejecución de obras de salud, vivienda, agua potable y conmemoración de víctimas ha perpetuado la vulnerabilidad estructural de estas poblaciones rurales.
A pesar de que han pasado más de veinte años desde la firma de los convenios de solución amistosa y de que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue debidamente notificada, no existen sentencias firmes contra los responsables intelectuales y materiales de las masacres, y las medidas de reparación siguen sin ejecutarse.
El Comité de Unidad Campesina (CUC) señaló que, aunque en 2024 solicitaron intervención ante la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), se mantuvo la resistencia institucional a cumplir los compromisos, como consta en la declaración pública leída durante el evento y recogida por la propia organización.
El Estado no ha hecho efectivos los compromisos internacionales
La declaración pública divulgada por representantes de las comunidades de Plan de Sánchez (Rabinal, Baja Verapaz), Los Cimientos (Síquinalá, Escuintla) y San Juan El Horizonte, La Exacta (Coatepeque, Quetzaltenango) atribuyó la paralización de los procesos de reparación a la inacción estatal y a la persistencia de prácticas burocráticas dentro de la Copadeh, responsable de suspender indefinidamente la citación de los funcionarios encargados de cumplir las medidas ordenadas.
Las demandas comunitarias contemplan la construcción de cuarenta y cuatro viviendas aprobadas, pero sin desembolso presupuestario, la ejecución de proyectos de agua potable que cuentan desde 2013 con estudios hidrogeológicos finalizados y la colocación de monumentos en memoria de las víctimas, siendo que ninguno de estos proyectos ha progresado de manera integral, según registros presentados.
En ámbito laboral, recordaron que desde 1996 existe una sentencia del Juzgado de Trabajo de Coatepeque que dispone la reinstalación de los trabajadores despedidos y el pago de prestaciones laborales, pero la parte patronal continúa negándose a cumplir el fallo judicial.
Este reiterado incumplimiento abarca otras áreas esenciales: falta de respuesta a la obligación estatal de rehabilitar las carreteras para trece comunidades afectadas por la masacre de Plan de Sánchez, adquisición de terrenos para centros de salud sin que el Ministerio respectivo haya iniciado construcciones, y ausencia de servicios alternativos tras el cierre de la brigada médica cubana que atendió zonas indígenas y rurales durante más de veintisiete años, según declaró la diputada Sonia Gutiérrez del Congreso de la República que participó en la conferencia.
Voces parlamentarias denuncian la falta de voluntad política
La diputada Sonia Gutiérrez del Congreso de Guatemala resaltó que la negligencia para cumplir las sentencias evidencia no solo una ausencia de acción política, sino también la existencia de un racismo histórico estructural que afecta especialmente a las comunidades rurales. La legisladora cuestionó a la ministra Miriam Roque, a la ministra de Comunicaciones Norma Zea y al ministro de Salud, Joaquín Barnoya por la prolongada ineficacia en la implementación de medidas establecidas, enfatizando la falta de planes para sustituir la cooperación médica cubana recientemente interrumpida.
La representante parlamentaria precisó: “Han pasado dos años y no hemos visto absolutamente nada de voluntad política de este gobierno. Apelamos a ese compromiso, apelamos a esa corresponsabilidad que nos tendría que demostrar el gobierno luego de ese respaldo y esa movilización social que hoy lo tienen en el Palacio Nacional de la Cultura”, refiriéndose al ascenso electoral del presidente Bernardo Arévalo tras la presión de sectores populares.
Las organizaciones y comunidades reiteraron su disposición a movilizarse nacionalmente y a ejercer nuevas acciones de presión si el gobierno no cumple en breve los compromisos internacionales sobre derechos humanos y reparación de sus territorios.