Mientras avanzan las discusiones en Ginebra sobre nuevas reglas mundiales para afrontar futuras crisis sanitarias, diversas organizaciones de salud pública en Guatemala acusan a la Unión Europea de obstaculizar acuerdos vinculantes que garanticen el acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos, advirtiendo que el desacuerdo podría perpetuar las disparidades entre países en emergencias globales.
En conferencia de prensa integrantes de la organización AHF en Guatemala enfocada en abogar por los derechos y la salud de las personas que viven con VIH, subraya la urgencia de un consenso para evitar repetir las brechas surgidas durante la pandemia de COVID-19.
El debate en curso se centra en el diseño del futuro sistema de Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS) y expone una división marcada entre al menos 80 países en desarrollo y la Unión Europea, de acuerdo con datos publicados por la OMS.
Mientras estos países reclaman que el Acuerdo sobre Pandemias, aprobado en 2025, contemple obligaciones vinculantes para la transferencia de tecnología y distribución de recursos, la Unión Europea impulsa un modelo basado en compromisos voluntarios de la industria farmacéutica. Este enfoque limita la obligatoriedad en la liberación de productos médicos esenciales, lo que compromete la capacidad global para responder solidariamente frente a futuras emergencias.
Propuestas y cifras de las negociaciones en Ginebra
Cifras expuestas al final de las rondas de negociación muestran que la propuesta respaldada por la Unión Europea establece que, en caso de pandemia, los fabricantes liberarían solo el 20% de su producción, y solo el 10% de ese volumen sería donación; el resto quedaría sujeto a acuerdos comerciales.
En una nueva crisis sanitaria, la mayoría de los suministros médicos seguirían distribuyéndose por criterios de mercado y capacidad de pago, reproduciendo las desigualdades vistas durante la emergencia de COVID-19, detalla el informe de la OMS expuesto en la conferencia de prensa.
Durante la pandemia, los países de altos ingresos —que suman apenas el 16% de la población mundial— aseguraron al menos el 70% de las vacunas disponibles. Esta concentración dejó a decenas de países en espera durante meses, intensificando las consecuencias sanitarias y sociales, como documentó la OMS. En América Latina, que reúne casi el 8% de la población global, se registró alrededor del 30% de las muertes asociadas al COVID-19.
Impacto regional y demandas de la sociedad civil
Un análisis difundido por la OMS estima que, en 2021, más de un millón de muertes en el continente podrían haberse evitado si la distribución de vacunas hubiese sido más equitativa. Esta cifra ilustra el impacto regional de la desigualdad en el acceso a recursos médicos esenciales, según indica el reporte.
Distintas organizaciones sociales y actores regionales reclaman que el nuevo acuerdo internacional establezca obligaciones claras de reparto de beneficios, condiciones de transparencia y participación social, así como la posibilidad de fabricar localmente productos críticos durante emergencias.
Francisco Rubio, director de Incidencia de AHF para América Latina y el Caribe, puntualizó en declaraciones recopiladas por la OMS: “La lección del COVID es clara: cuando las reglas son débiles, la desigualdad se impone. No puede volver a existir una fila VIP para acceder a vacunas en la próxima pandemia”.
Las negociaciones programadas para el resto de 2026 serán decisivas para determinar si el mundo adopta criterios de acceso más equitativos para herramientas médicas vitales o si se mantiene el esquema de desigualdad observado en la crisis anterior, según detallaron en la conferencia de prensa ofrecida a varios medios de comunicación nacionales.