La Unidad contra la Explotación Laboral de la Fiscalía contra la Trata de Personas, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y la Policía Nacional Civil, ejecutó ocho allanamientos en San Miguel Petapa, Villa Canales y zona 11 de la Ciudad de Guatemala, como parte de una operación destinada a combatir la explotación infantil.
Según informó el Ministerio público en la cuenta de X, el operativo contó con la participación de las instituciones que integran la Coordinadora Interinstitucional contra la Explotación Laboral y el Trabajo Infantil (Cicelti).
De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades, tres adolescentes fueron rescatados durante las diligencias y quedaron bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación. Los inmuebles intervenidos se encontraban ubicados en puntos estratégicos de los municipios de San Miguel Petapa y Villa Canales, así como en la zona 11 de la capital.
La acción policial incluyó la detención de Mary P. y Rosalía S., acusadas del delito de empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Según detalló el Ministerio Público, ambas fueron puestas a disposición de las autoridades para enfrentar los cargos correspondientes.
La Fiscalía contra la Trata de Personas indicó que los operativos forman parte de una estrategia nacional para identificar y desarticular redes dedicadas a la explotación laboral infantil. Los procedimientos contaron con el respaldo de la Policía Nacional Civil y la colaboración de diferentes entidades estatales.
Durante las diligencias, los equipos multidisciplinarios de Cicelti realizaron inspecciones y entrevistas para determinar la situación de los menores encontrados en los recintos allanados.
Fuentes oficiales indicaron que el proceso de rescate incluyó la evaluación inmediata del estado físico y emocional de los adolescentes, quienes fueron trasladados a un espacio seguro bajo la supervisión de la Procuraduría General de la Nación.
Las investigaciones continúan para establecer el alcance de la red y determinar si existen más víctimas en otras localidades, según información oficial difundida por Ministerio Público de Guatemala.
Acciones ante las denuncias de explotación laboral
El protocolo de Guatemala para abordar la explotación laboral infantil establece una ruta de denuncia y protección inmediata para niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo forzado. Según reportes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la activación del procedimiento inicia con la recepción de la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) o la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidades que deben actuar de manera coordinada para resguardar la integridad de los menores.
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LPINA), en su artículo 66, respalda la prohibición de empleo para menores de 14 años y solo contempla excepciones bajo regulación estricta del Código de Trabajo. De acuerdo con la PGN, las denuncias pueden realizarse en la PNC, el MP o los Juzgados de Paz. Una vez presentada la denuncia, la fiscalía especializada del Ministerio Público asume la investigación y dicta medidas de protección para garantizar el bienestar del menor involucrado.
El proceso incluye la intervención de la PGN, responsable de restituir los derechos vulnerados a los niños, niñas y adolescentes (NNA). La OEA señala que esta institución desempeña un rol esencial para asegurar la protección integral en el marco legal vigente. Como parte del protocolo, el Ministerio de Trabajo (MINTRAB) desarrolla planes específicos para retirar a los menores de contextos de trabajo forzado, en cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Guatemala.
La Constitución guatemalteca, en su artículo 102, literal l, refuerza la prohibición del trabajo infantil, especialmente en actividades consideradas insalubres o peligrosas para la formación y desarrollo de los menores. Además, la legislación establece que ningún menor de 14 años puede ser empleado en ninguna actividad, salvo las excepciones que regula el Código de Trabajo.